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EDITORIAL

 

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LA EXPROCURADORA MARISELA MORALES, BAJO LA LUPA JUDICIAL

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Ricardo Ravelo / Sol Yucatán

–Un tribunal ordenó a FGR investigarla por el uso indebido del programa de testigos protegidos, pues los utilizó con fines políticos y personales durante el gobierno de Felipe Calderón.

Un tribunal de alzada ordenó a la Fiscalía General de la República (PGR) abrir la investigación que había rechazado en contra de Marisela Morales, exprocuradora General de la República en el último tramo del sexenio de Felipe Calderón.

La denuncia contra la exprocuradora –quien al finalizar el gobierno de Calderón Hinojosa fue nombrada cónsul en Milán, Italia –fue interpuesta por Javier Herrera Valles en el año 2014, luego de que fue absuelto por el delito de delincuencia organizada, acusación que lo mantuvo más de tres años en prisión por cuestiones políticas, pues el entonces agente federal cuestionó al entonces presidente Calderón y a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por la fallida guerra contra el narcotráfico, corrupción y presuntas ligas con el crimen organizado.

Herrera Valles hizo las denuncias a través de diversas cartas que le envió a Calderón y a través de los medios de comunicación. En las extensas misivas detallaba las fallas de los Operativos Conjuntos contra el narcotráfico, implementados con militares; la falta de estrategias de inteligencia, la improvisación de tales acciones, la participación de mandos de la Policía Federal Preventiva sin experiencia, además de la corrupción que se prohijó en la Secretaría de Seguridad Pública, entonces encabezada por Genaro

García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por brindar protección al cártel de Sinaloa.

Aquellas denuncias le costaron caro a Herrera Valles, pues además de que fue perseguido por García Luna finalmente terminó encarcelado bajo acusaciones falsas; para ello, la PGR, entonces a caro de Marisela Morales, utilizó testigos protegidos, entre otros uno conocido con la clave “Pitufo”, que declararon en contra de Herrera Valles sin tener pruebas respecto de los presuntos vínculos del agente federal con el crimen.

Ahora se sabe que Marisela Morales fabricó el expediente para encarcelar a Herrera Valles, quien fue recluido en el penal “El Rincón”, en Nayarit, donde fue torturado en varias ocasiones.

Una de las torturas, cuya denuncia fue puesta en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consistió en llevar a Herrera Valles a una celda donde el espacio fue inundado con aguas del drenaje. Herrera Valles relata en su denuncia que las aguas negras y el excremento le alcanzó el cuello y ahí lo mantuvieron durante varios días. La tortura fue ordenada por García Luna, según expone Herrera en su queja.

Sin embargo, Herrera Valles llegó a esa prisión por las acusaciones que hicieron en su contra varios testigos protegidos, la mayoría falsos, pues nada sabían ni les constaba sobre los presuntos vínculos del agente con el crimen. Todo aquello, según Herrera Valles, fue una fabricación vil realizada por la entonces procuradora, Marisela Morales, el presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna.

La denuncia de Herrera Valles llegó a los tribunales, pero después de 2014 la PGR expuso que no era procedente investigar las acciones de la exprocuradora; Herrera Valles apeló dicha resolución y ahora un tribunal de alzada le ordenó a la FGR investigar a Marisela Morales por el uso de testigos protegidos para enderezar acusaciones falsas, en este caso, en contra de Javier Herrera Valles.

Cabe decir que esto no es el único caso en el que la extinta PGR, a cargo de Morales Ibáñez, incurrió. A ella le tocó investigar la Operación Limpieza, una indagación en contra de exfuncionarios de la PGR que se

vincularon al narcotráfico. En aquella lista había militares. Todos salieron libres por falta de pruebas. Se presume que ese caso también fue fabricado.

También le tocó investigar a exalcaldes de Michoacán presuntamente ligados al narco –caso conocido como “El Michoacanazo”, pero la PGR fue derrotada en los tribunales por falta de pruebas. Ese asunto, de acuerdo con las resoluciones, presuntamente también fue maquinado por la entonces procuradora con testigos a modo.

Esta práctica del uso de los testigos protegidos a modo fue muy socorrida durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En la mayoría de los casos se trataba de criminales que se acogían al programa supuestamente para declarar lo que sabían respecto a personajes relacionados con el crimen. Pero muchos de ellos mentían a fin de obtener un beneficio –reducción de sus penas o anulación de delitos si la información que proporcionaban resultaba relevante.

El programa de testigos protegidos –una mala copia del que se utiliza en Estados Unidos para investigar casos de la delincuencia organizada –se comenzó a utilizar en México en 1996. En aquel momento, uno de los casos más emblemáticos en el que resultó exitoso fue en la construcción del llamado “Maxiproceso” integrado en contra de miembros del cártel de Juárez.

Uno de los personajes políticos que fue encarcelado en aquel tiempo fue el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien fue acusado de tener ligas con el cártel de Juárez, además de que también se le hallaron evidencias de haber participado en el lavado de dinero. Actualmente Villanueva compurga su pena en prisión domiciliaria, gracias al indulto que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El “Maxiproceso” también sirvió para perseguir al capo Amado Carrillo Fuentes y a sus principales cómplices, entre otros, Manuel Bitar Tafich, su operador financiero, quien fue el artífice de la huida del cártel a Sudamérica, principalmente a Argentina y Chile.

Sin embargo, con el paso de los años el programa de testigos devino en un instrumento político, pues se utilizó por los presidentes y altos

funcionarios de la entonces PGR para enderezar acusaciones en contra de sus enemigos.

Además, muchos testigos que resultaron importantes fueron asesinados después de declarar lo que sabían sobre el crimen organizado, pues la PGR los abandonó a su suerte: les quitaron la protección, sin explicación –el argumento más recurrente es que los propios testigos pidieron que les retiraran la seguridad –alguna y cuando sus enemigos se enteraron los empezaron a perseguir hasta que los asesinaron por haberse convertido en delatores.

El uso más perverso del programa se hizo en el gobierno de Felipe Calderón, el que le declaró la guerra al crimen organizado, pues persiguió a criminales pero también a sus detractores políticos. Una pieza clave en estas maquinaciones fue la entonces procuradora Marisela Morales, quien de ser una simple asistente se convirtió en titular de la Subprocuraduría Especializada contra la Delincuencia Organizada, luego brincó a la titularidad de la PGR y debido a sus acciones –calificadas por Herrera Valles como perversas –fue premiada con el consulado de México en Milán, Italia.

Ahora, Morales Ibáñez tendrá que vérselas con la justicia, pues un tribunal ordenó a la FGR que la exfuncionaria sea investigada por los excesos en los que incurrió con el programa de testigos protegidos durante su paso por la PGR.

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