LEY: LETRA MUERTA PARA YUCATECAS

*La violencia de género es otro delito imparable en la entidad que presumen de ser la más segura del país, pero no para mujeres

*Aunque en el Congreso del Estado de Yucatán en los últimos años se han aprobado diferentes leyes que en la letra protegen la integridad femenina y garantizan su libre y sano desarrollo, en la vida real las instituciones no las cumplen

*En cada ocasión que se presta para el lucimiento personal del gobernador Mauricio Vila, anuncia diferentes propuestas y proyectos que deberían ayudar a las mujeres, pero nunca cumple, el más reciente es la ley Monzón para que los feminicidas no tengan acceso a la patria potestad de sus hijos

Redacción

/Sol Yucatán

Mérida.- Las organizaciones civiles, Alternativa, Kóokay y Yucatán Feminicida, además de presentar datos concretos y estadísticas que muestren el crecimiento desbordado de los feminicidios y agresiones en contra de mujeres, también pugnan por que las leyes que deberían protegerlas no se conviertan en letra muerta.

En lo que va del 2023, 19 mujeres han sido víctimas de violencia en razón de género y 795 han sufrido de violencia, lesiones por parte de su pareja, familia o desconocido; en 2022 fueron 234 mujeres víctimas de violencia de género y 2 mil 959 víctimas de lesiones por parte de su pareja, familiar o desconocido.   

Esto significa que los cambios legislativos que se han implementado en diversas leyes en Yucatán, no han demostrado que protejan a las mujeres y les garanticen una vida libre de violencias.  

Por ejemplo, en julio de 2021, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó una modificación al delito de feminicidio para incrementar la sanción en prisión a 65 años.  

Un mes después, también aprobaron hacer de este un delito imprescriptible, es decir, que se pueda sancionar independientemente del tiempo que pasó desde que se cometió.  

En julio de 2008, también se adiciona el delito de inseminación artificial e intimidad personal. Más adelante, en abril de 2011, se aprobó el delito de esterilidad provocada.  

A partir de marzo de 2020 se agregó el delito de ciberacoso y en junio de 2021, se adicionaron los delitos de Violencia institucional y Violencia obstétrica.  

En junio de 2022 se tipificó la violencia vicaria y el suicidio feminicida, definido como quien induzca, obligue o preste ayuda a una persona del género femenino para privarse la vida, valiéndose de determinadas causales.  

Un poco después, en octubre de 2022, se aprobó el delito de violación a la intimidad sexual.   

Sin embargo, a pesar de los cambios legislativos, “no se ha demostrado que estas reformas penales estén protegiendo de manera más amplia a las mujeres en el estado y, peor aún, representan medidas idóneas o complementarias a las políticas públicas para prevenir la violencia machista”.  

Por ello, exigieron al Estado, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que, en el marco de sus competencias y facultades, cumplan con su obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Un reflejo de que la ley es letra muerta en el caso de las mujeres, es que las desapariciones de mujeres persisten en el estado, pues, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, son 93 las mujeres que están siendo buscadas por alguna persona familiar, la mayoría entre los 15 y 19 años. 

LEY MONZÓN

Activistas, integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), externaron su apoyo y la urgencia de aprobar la conocida Ley Monzón en todo el país y en Yucatán, para cuidar a las infancias de los feminicidas. 

“Es inaceptable que en Yucatán los feminicidas mantengan un poder legal para exigir y obligar a los huérfanos el poder verlos, y que los estén revictimizando en conjunto y en apoyo de las mismas autoridades”; sentenció la activista Ligia Canto Lugo, madre de Emma Gabriela Molina Canto, quien fue asesinada por su pareja en 2018. 

la ley Monzón es para que quienes han sido condenados por feminicidio pierdan automáticamente la patria potestad de los hijos. 

La citada ley Monzón ya fue aprobada en Puebla, entidad que se convirtió en la primera de México en avalar que los padres que cometieron feminicidio no puedan ejercer los derechos que tienen sobre los hijos menores de edad procreados con la mujer asesinada. 

Fue nombrada así en honor a Cecilia Monzón, abogada feminista ejecutada en mayo de 2022 en Puebla y por cuyo crimen es procesada su ex pareja, un político priista. 

Aunque Martín Alberto Medina Sonda, según relató Canto, ha sido declarado culpable por el asesinato de su hija, y condenado a 50 años de cárcel, sin embargo, todavía siguen procesos jurídicos para exigir una pensión alimenticia, la guardia y custodia de sus nietos y la pérdida de patria potestad del feminicida y por lo tanto no tener contacto ni con él ni su familia.  

Éste último se tardó cuatro años en resolver, fue hasta apenas en mayo del 2022 que consiguió la custodia permanente de sus tres nietos, sin embargo, todavía tiene en el Tribunal Superior de Justicia, una apelación que, luego de nueve meses, no ha sido resuelta a favor de la protección para los menores. 

Todo este camino ha sido tortuoso tanto para ella como para los menores; un desgaste físico y emocional.  

“Aquí tenemos una evidencia de la violencia reiterada en contra de mi hija Emma Gabriela y de sus hijos”, afirmó. A pesar de que ya pasaron seis años desde que fue asesinada, existe una violencia póstuma, agregó.  “Esto no se cierra, no se termina y la violencia que han heredado sus hijos continúa contra ellos, siguen inmersos en procesos, víctimas de una violencia. de un estrés y de un miedo”, subrayó.  

María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán, indicó que desde el 2 de marzo que se aprobó esta ley en Puebla, la agrupación acordó con Todas México, para que este 8 de marzo, Día Internacional de la mujer, se pugne porque la ley Monzón se aplique en toda la República Mexicana y en Yucatán.