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PISOTEA LA LEY

En Yucatán opera un cartel inmobiliario que está comendado directamente por el gobernador Mauricio Vila Dosal.

MAFIA DIRIGIDA POR VILA

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  • El cartel inmobiliario que opera en Yucatán está comandado directamente por el Gobernador y están involucrados el consejero jurídico, Yussif Heredia Fritz, el director del Insejupy, la directora del Catastro y el director jurídico del Insejupy

Redacción/Sol Yucatán

En Yucatán opera un cartel inmobiliario que está comendado directamente por el gobernador Mauricio Vila Dosal y en el cual están involucrados el consejero jurídico de Yucatán, Yussif Heredia Fritz, sobrino de la secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, el director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), Heide Zetina Rodríguez, la directora del Catastro Lourdes Solís Méndez y el director jurídico del Insejupy, Faridh López Cano.

Heide Zetina Rodríguez

Los funcionarios tienen un modus operandi bien definidos, “ahorcan” a los dueños de inmuebles con alto valor para obligarlos a mal venderlos o en su caso los despojan a través de cambio de propietario ante el Insejupy.

En la operación están involucrados al menos 10 notarios yucatecos, como informó a Sol Yucatán personal de la Secretaría General de Gobierno, quienes son los que reescrituran las propiedades a nombre de otras personas, para luego revender las propiedades o convertirlos en negocios.

María Carolina Silvestre Canto Valdés

La falsificación de documentos en actividades notariales, son punto medular de acusaciones contra fedatarios que han llegado a los juzgados penales, son dos de los elementos más utilizados para la Comisión de Delitos del Ámbito Patrimonial.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los últimos tres años se han interpuesto 145 denuncias ante el Ministerio Público por presuntos delitos relacionados con el ramo inmobiliario, entre ellos despojos y fraudes.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura de Yucatán aseguró que en ese mismo lapso sólo han llegado a los juzgados 18 carpetas de investigación, es decir, sólo se ha judicializado el 14% de las denuncias, o lo que es lo mismo el 86% de estas han terminado en el archivo al considerar que no había elementos suficientes para configurar un delito.

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