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MAFIA EN EL PODER JUDICIAL

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  • En el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado impera la corrupción, el favoritismo y el compadrazgo, pues tan solo en febrero de 2018 autorizaron la adquisición de vales de despensa por 14.6 millones de pesos a favor de la empresa Súper San Francisco de Asís.
  • Supuestamente fue la única empresa que participó en la licitación pública, tal como lo avalaron los siete integrantes del respectivo Comité, quienes son los que deciden con que empresa harán negocios.
  • Todo parece indicar que se trató de una adjudicación directa a favor de dicha compañía, y lo mismo ocurrió en 2021 con otro millonario contrato.

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se ha convertido en una verdadera mafia en la que impera la corrupción, el favoritismo y el compadrazgo, pues tan sólo en febrero de 2018 autorizaron la adquisición de vales de despensa por 14.6 millones de pesos a favor de la empresa Súper San Francisco de Asís, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Supuestamente, fue la única empresa que participó en la licitación pública, tal como lo avalaron los siete integrantes del respectivo Comité, presidido por Melba Angelina Méndez Fernández, y como consejeros están Sara Luisa Castro Almeida, Luis Jorge Parra Arceo y Silvia Carolina Estrada Gamboa.

Todos ellos son los que deciden con que empresa harán negocios, el producto y/o servicio objeto que se requiera, entre otras cosas, aunque en algunas ocasiones no llegan a un acuerdo, tal como ocurrió en esa ocasión, pues no se concretó la adquisición de vales de gasolina.

El 6 de febrero de 2018 se efectuó la primera sesión ordinaria del Comité, relativo a la Adquisición del servicio consistente en el suministro, mensual y eventual de vales de despensa, canjeables en tarjetas electrónicas e impresos; así como el relativo a gasolina canjeable.

De acuerdo con la licitación pública número PODJUDCJ 01/2018, sólo una iniciativa privada participó en la convocatoria, la cual presentó su propuesta, la cual fue admitida.

Por ende, se le autorizó un presupuesto por 14 millones 608 mil 998.94 pesos, y de este total, 14 millones 584 mil 521.94 pesos en vales de despensa en tarjetas electrónicas y 24 mil 477 pesos en vales impresos de despensa.

Todo parece indicar que se trató de una adjudicación directa a favor de dicha compañía, y lo mismo ocurrió en 2021.
Dicha empresa se describe como una cadena minorista con 35 años de experiencia, tiene presencia en las principales ciudades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así como del sur de México, y se “centra en la venta de comestibles, productos para el hogar y algunos productos de línea blanca”.

Mientras que en el caso de vales impresos de gasolina y gasolina en tarjetas electrónicas, se estableció que “no se registró otro participante y tampoco se recibieron propuestas, por lo que se declaró desiertas ambas partidas”.

En los documentos no se detalla el proceso que se siguió, por lo que es flagrante la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su reglamento en vigor.

El TSJE se abstuvo a dar más información correspondiente al servicio de combustible, pero a través de su página de transparencia dio a conocer las acciones efectuadas al año siguiente.

Por ende, el presidente del Tribunal, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, privilegió a la empresa Edenred México, SA de CV, con 1.8 millones de pesos para la adquisición de vales de gasolina.

El 15 de abril de 2019, Ávila Heredia firmó el convenio con la empresaria Alejandra Carolina Amundarain González, para la adquisición de vales y tarjetas electrónicas canjeables por combustible, para lo cual se le autorizó un millonario monto.

El TSJE pagó un total de un millón 783 mil 900 pesos, para la adquisición de los vales y tarjetas, las cuales, fueron distribuidas al personal, pero los más beneficiados fueron los jueces y magistrados.

Mensualmente, el monto en vales canjeables por combustible fue por 107 mil 605 pesos, mientras que por las tarjetas electrónica fue por 70 mil 785 pesos.

El suministro se realizó para ambas partidas, a partir de marzo y hasta diciembre de 2019.

Como oportunamente se publicó, en el Poder Judicial del Estado, la austeridad es ajena a la situación que prevalece en Yucatán ante la presencia del Covid-19, pues en esta ocasión derrocharán poco más de 18 millones de pesos, en vales de gasolina, principalmente a favor de los jueces y magistrados.

Pese la recomendación de reducir el gasto del dinero público así como eficientizar las labores para contrarrestar los efectos de la pandemia, en el PJE se hace todo lo contrario, según los magistrados, “dentro del marco de la Ley”.
Ante los adversos efectos del nuevo coronavirus, los legisladores así como los jueces y los magistrados fueron los más beneficiados, pues su sueldo siempre llegó puntual, y ninguno perdió su empleo, tal como lamentable sucedió a miles de yucatecos.

A pesar de que en el PJE, todos tienen acceso a un salario justo, especialmente los jueces de más alto rango, se contrató al consorcio Súper San Francisco de Asís, Sociedad Anónima de Capital Variable, dado que tiene la especialidad de dedicarse a la venta de vales canjeables.

Para ello, se estableció el concurso de licitación pública número PODJUDCJ O1/2021 Partida «A», consistente en el suministro, mensual y eventual de vales de despensa canjeable a través de tarjetas electrónicas y vales impresos, sin embargo, en ningún momento se exhibió para que período fue solicitado.

“Tomando en consideración que acreditó su existencia legal, capacidad técnica, solvencia financiera, cumplió con todos los requisitos solicitados y además de las mejores condiciones para el Consejo de la Judicatura, se adjudica el presente contrato”, detalló el PJE.

El 26 de febrero de 2021, se tomó como la mejor opción de la licitación, en la que de las cuatro empresas que concursaban, solo dos presentaron un plan, y al final, San Francisco de Asís resultó como la ganadora, por lo que le pagarán 18 millones 76 mil 243 pesos.

De tal manera, es evidente el favoritismo a esta empresa, y en ningún momento se especificó las propuestas que presentó, y mucho menos las respectivas alternativas.

Hasta el momento no se ha especificado si para este año continuó el vínculo con dicho negocio regional, pues la información no está en la página de transparencia.