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“MAFIA INMOBILIARIA”

*El Gobernador Mauricio Vila Dosal tiene mucho que explicar y rendir cuentas en materia de transparencia con respecto a la Fiscalía Anticorrupción, pues queda claro que se hizo una fuerte inversión para su creación, pero de qué sirve dicha Fiscalía si prácticamente es incompetente para atender una caso de corrupción a leguas, como el caso de Wilbert Cetina Arjona

 

*¿Cuál es el tamaño de la ilegalidad escondida en la FGE y hasta en el mismo Gobierno, para que se haya tomado la decisión de amputar una ficha como Wilbert Cetina Arjona?

 

*El tráfico de tierras en el que está involucrado Cetina Arjona deja al descubierto una mafia en este rubro, que sin duda se expande hasta altos mandos, incluso al poder político y financiamiento de campañas

 

REDACCIÓN SOL YUCATÁN

 

Mérida, a 9 de noviembre. – José Enrique Goff Ailloud, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, señaló que todavía no se ha recibido denuncia alguna en contra del Fiscal Wilbert Cetina Arjona, por lo que las acusaciones que pesan sobre él no serían investigadas, es decir, como si nada hubiese pasado, a pesar de los audios que se han hecho conocimiento del público en general y que han puesto en el ojo del huracán al ex funcionario.

Sin embargo, Goff Ailloud se escuda diciendo: “Esta institución siempre se ha conducido con total apego a la ley, con la responsabilidad de analizar objetivamente el sustento de toda información que se presente, así como la legalidad y la licitud de los elementos aportados”, aseverando igual que estará pendiente en cuanto a lo que acontece al caso.

Como se recordará, Cetina Arjona dejó el cargo en medio de señalamientos serios de actos de corrupción, entre ellos ser parte de una extensa “mafia inmobiliaria”, favorecer a los clientes de su despacho particular en litigios sobre propiedades de terrenos, principalmente, involucrando también a otros funcionarios estatales.

El Fiscal Anticorrupción señaló que, a raíz del establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, cada dependencia gubernamental cuenta con órganos internos de control, que a su vez disponen de unidades para la investigación de probables faltas o conductas irregulares de servidores públicos.

De igual forma resaltó, respecto a los señalamientos de control sobre los jueces, que el Poder Judicial del Estado es un organismo que goza de total independencia y autonomía en torno a las atribuciones y facultades que le competen como uno de los tres poderes, y las disposiciones legales y reglamentarias que le rigen le brindan la protección frente a posibles injerencias que elementos externos pudieran pretender ejercer sobre la impartición de justicia, misma que se encuentra garantizada a nivel constitucional.

Es decir, cualquier señalamiento o afirmación en contrario deberá respaldarse de los elementos objetivos que conduzcan a las acciones legales que resulten procedentes.

Pero bien, es importante aclarar hasta aquí que el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, tiene mucho que explicar y rendir cuentas en materia de transparencia con respecto a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pues queda claro que se hizo una fuerte inversión para su creación, pero de qué sirve dicha Fiscalía si prácticamente es incompetente para atender una caso de corrupción a leguas, si no hay de por medio una denuncia; es decir, las pruebas de la existencia de una “mafia inmobiliaria”, que involucra al ex abogado del Estado, empresarios, políticos y demás, ¡están ahí, son del conocimiento del dominio público, pero José Enrique Goff Ailloud se declara de brazos cruzados para atender el asunto, a menos que se interponga una denuncia.

Es obvio que difícilmente se interponga una denuncia, después de todo el escándalo involucra a gente muy poderosa, con la capacidad de amedrentar a muchos para que no se interponga alguna querella. Además, es prácticamente un hecho que si se investiga a fondo lo que está ocurriendo van a quedar evidenciados todavía más personas con mucho poder.

Lógicamente la gente involucrada no interpondrá denuncia con respecto al asunto, la gente involucrada indirectamente tampoco lo hará y los afectados o serán amenazados para que se queden callado o, en su defecto, “recompensados” para mantener silencio.

Entonces uno se pregunta ¿cuál es el verdadero objetivo de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción?, pues a pesar de que ésta es evidente, si no es denunciada simplemente no es atendida.

Igualmente, ante la renuncia del Fiscal, uno puede cuestionar ¿cuál es el tamaño de la ilegalidad escondida en la Fiscalía y hasta en el mismo Gobierno de Vila Dosal, para que se haya tomado la decisión de amputar una ficha como Wilbert Cetina Arjona?

El tráfico de tierras en el que está involucrado Cetina Arjona deja al descubierto una mafia en este rubro, que sin duda se expande hasta altos mandos, incluso al poder político y financiamiento de campañas, lo que sí es un hecho es que esta red de corrupción no puede quedar impune y el pueblo yucateco debe exigir una investigación a fondo, con o sin denuncia, pues la mafia inmobiliaria flagela a la sociedad: en las últimas décadas el trato de tierras se ha vuelto un negocio muy lucrativo y ha llevado a generar grandes fortunas, pero también grandes abusos, como concierne al presente caso.

 

Horrible “mafia inmobiliaria”

 

En los últimos 40 años, la tierra ha generado uno de los mayores negocios. Es generadora de fortunas y también de infortunios, aseguran expertos en la materia.

Sin embargo, es necesario conocer a fondo este “gran negocio”, que se ha sofisticado y refinado en estos 40 años. Involucra a grandes capitales y a grupos que compiten entre sí, que se han adueñado de grandes extensiones de tierra y hoy constituyen una auténtica mafia.

El negocio de la tierra en Yucatán es producto del fenómeno de urbanización en México a partir de los años 70, como consecuencia de la emigración de las zonas rurales a las zonas urbanas.

Aquí no hubo paracaidismo, no fue gente que llegó a unos terrenos y los invadió. No hubo ocupación irregular. Se trató de personas que en una primera fase iban con los comisarios ejidales, pagaban por unos lotes, les medían las dimensiones y les daban un papel que decía que eran los posesionarios.

Con el paso de los años vinieron reformas a las leyes, se crearon las reservas territoriales, que en el caso de Mérida fueron 11,000 hectáreas originales, sumando las que administraron la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Cousey), del ámbito estatal, y la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett), de la esfera federal.

El proceso de formación de las reservas pasó por una expropiación e indemnización a los ejidos, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hasta su transferencia al Gobierno del Estado con la Cousey.

Cuando nacieron las reservas comenzó una lucha jurídica y de gestión de quienes ocupaban esas extensiones y habían tramitado los servicios básicos. Entre los primeros pasos estuvo el pago por la regularización.

Paralelamente se palparon beneficios a grandes desarrolladores de vivienda. Por ejemplo, a principios de los 90 la Cousey fijó a colonos de la colonia Emiliano Zapata Sur II un “precio social” de $2.80 por metro cuadrado para la regularización de sus lotes. Y en medio de ese proceso para dar certeza jurídica a los vecinos se dio a conocer la construcción de un enorme desarrollo habitacional en el Norte de la ciudad, al cual se destinaron decenas de hectáreas cedidas por el Gobierno del Estado, en ese entonces encabezado por Dulce María Sauri Riancho, a un precio de un peso el metro cuadrado. Así nació el fraccionamiento Francisco de Montejo y se vivió un gran abuso de la reserva en lo que quedaba dentro de la ciudad, antes del Anillo Periférico.

Otro ejemplo se palpó en la colonia Santa María Chi, en el Oriente de la ciudad. Los vecinos habían regularizado sus terrenos y habían gestionado las superficies para su parque, la escuela y otras áreas. Incluso se tuvo orientación de la Facultad de Arquitectura.

De pronto, un día los colonos vieron llegar maquinaria en esos terrenos y es entonces cuando se enteraron que Corett los había vendido a desarrolladores de vivienda. Se originó una confrontación que finalmente se resolvió a favor de los vecinos. Diez años después se hizo la escuela, que hoy se llama “Esfuerzo Popular”.

Con ese tipo de operaciones se inició el monopolio de la tierra urbana, que luego dio paso a la tierra urbanizable. Tristemente el manejo de las tierras empezó a quedar en pocas manos, en complicidad con muchos funcionarios de Gobierno.

Las 11,000 hectáreas de reserva que tenía Mérida en 1987 se redujeron a 5,859, casi la mitad, en 1991.

En 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución y uno de sus efectos fue la creación de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional (RAN). Se instituyó también el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), y es entonces cuando se dispara todo porque las tierras se convierten en un negocio enorme, basado en engaños a los campesinos, aprovechándose de su desconocimiento y de su necesidad.

 

 

Así entraron los grandes capitales para apropiarse de la tierra urbanizable y se detonó la expansión de la mancha urbana y la conurbación de Mérida con los municipios que la rodean.

Así nació la “mafia inmobiliaria” en contubernio con muchos funcionarios, que con el paso de los años ha sofisticado sus procedimientos y ampliado su red de complicidades.

Esa mafia representa el poder económico y se ha ocupado en el último siglo de tener una injerencia bárbara en los asuntos públicos, financiando campañas políticas a cambio de colocar fichas en los cargos que le convienen para satisfacer sus intereses y fortalecerse.

Ahora, por las denuncias públicas vemos nexos de esta mafia en el caso del Fiscal General, aunque esto genera una duda: ¿en verdad serán nexos, o será que se trata de algún tipo de cuota?

Cabe señalar que no es la primera vez que se liga este negocio a los cargos de la procuración de justicia, lo cual nos obliga a pensar hasta dónde llegan la corrupción y la impunidad en este tema.

Y cabe preguntarse si el Fiscal Cetina Arjona se va sólo por corrupción, pues la realidad es que hay otros funcionarios de este Gobierno contra los cuales se han presentado pruebas sólidas, quizás de situaciones peores, y simplemente nada pasa. Así, uno se cuestiona ¿por qué la renuncia del Fiscal?, ¿hasta dónde llegan los intereses ocultos para que se decida sacrificar una ficha como el abogado del Estado, es decir, amputar una parte ante la podredumbre que se extiende?, ¿de qué tamaño es la ilegalidad para que, ante el temor de que se llegue a quienes están escondidos en lo más alto de este cuestionable Gobierno, se haya dicho: no vamos a correr riesgos, mejor cortamos cabezas?

Y para muestra, unos cuántos botones:

En los inicios de la colonia Leandro Valle, en el Oriente de Mérida, los vecinos siguieron los pasos de rigor para regularizar sus parcelas y de pronto, un día éstas aparecieron como propiedad de la empresa Tapsa.

Quien figuraba entonces como propietario o accionista principal de Tapsa era Alfonso Pereira Palomo, hoy conocido promotor de vivienda

En Santa María Chi, Corett vendió a una empresa tierras que los vecinos habían gestionado para espacios públicos y una escuela. Finalmente se hizo la escuela, que hoy se llama “Esfuerzo popular”.

 

 

Turbios negocios

 

El ex Fiscal Wilbert Cetina Arjona se aprovechó de su cargo para lograr que un empresario acusado de abuso de confianza por un grupo de personas llegue a un acuerdo con éstos, bajo la amenaza de ser encarcelado si no lo hacía.

Esto fue ideado por el propio Fiscal, quien personalmente habría invitado a participar a el polémico Gabriel Guzmán Millet, dedicado a la compra-venta de terrenos ejidales.

Además de encubrir a un peligroso delincuente involucrado en violento asalto, a Guzmán Millet también se le acusa de no cumplir sus compromisos con numerosos inversionistas que le dieron dinero para comprar tierras ejidales y con otros que le entregaron dinero con la promesa de recibir intereses mensuales del 2.5%.

Cabe señalar que, tras tantos tratos abusivos, el ex Fiscal Cetina Arjona ahora mantiene una estrecha relación con Gabino Millet.

Ahora, con las grabaciones que han salido a luz pública se sabe que Cetina Arjona se aprovechó de su puesto e influencia para favorecer a sus clientes y a él mismo, y que sin ningún problema litigó asuntos personales desde la Fiscalía.

Sin embargo, para que no quede duda de lo dicho, una vez más, para muestra algunos botones:

En 2015 un grupo de personas encabezados por Alfredo Ríos Madrid y defendido por Cetina Arjona denunció al empresario Arturo Millet Reyes por abuso de confianza, ya que le habían entregado una cantidad de dinero para comprarle dos lotes de terrenos ejidales, al parecer en Quintana Roo.

Por distintas razones, Millet Reyes no cumplió con la encomienda, pero les prometió entregarles otros terrenos, para garantizar su dinero, lo que aceptaron los afectados.

La denuncia no tuvo mayor movimiento entre 2015 y 2018, y las actuaciones judiciales empezaron, curiosamente, apenas Cetina Arjona llegó a la Fiscalía, en noviembre de 2018.

Como Fiscal y como abogado de los afectados, Cetina habría presionado a Millet Reyes a firmar un convenio que aparentemente consistiría en el compromiso del empresario de ceder a sus acusadores unos terrenos suyos en Tulum.

Para que Cetina Arjona pudiera convencer a sus clientes, éste le pidió a Millet Reyes la entrega a él en lo personal de varios terrenos en esa y en otras zonas. Luego habría ido aumentando sus exigencias.

Para presionar al empresario a firmar el convenio, el Fiscal lo amenazó con solicitar medidas cautelares.

Incluso el Fiscal le dijo textualmente a Millet Reyes que ya era hora de acabar el pleito, pues el proceso era desgastante, y señaló que llegarían a un acuerdo entre los tres: él, Millet Reyes y Ríos Madrid,

Entonces Cetina Arjona le mencionó a Millet Reyes que ya había acordado con sus clientes que consignaría el expediente, pero no pediría la medida cautelar de prisión preventiva, aunque amenaza con Millet con instalarle un brazalete localizador.

De igual forma, Cetina Arjona presionó a Millet Reyes con acelerar la propuesta de pagarle a sus clientes con terrenos en Tulum y él mismo, como si fuera un gestor inmobiliario, propone como comprador a Guzmán Millet, a quien ya antes le había ofrecido la operación, para que de este modo se obtenga efectivo y se liquide el adeudo con sus clientes y hasta le sugiere a Millet Reyes la forma de vender esos terrenos. Sin duda, una forma cínica y corrupta de actual del ex abogado del Estado.

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