- La dependencia, ubicada en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en tres años no ha levantado ninguna sola denuncia ante la Vice fiscalía especializada en el combate a la corrupción, de la Fiscalía General del Estado.
- Del 2021 al 2023 han iniciado 79 expedientes por actos de corrupción, sin embargo, ninguno de ellos llegó a la Fiscalía, quienes son los que investigan y en su caso judicializan.
Redacción / Sol Yucatán
Al parecer al actual gobierno lo que le sobra es dinero para tirar a la basura, ya que ha gastado 14 millones de pesos en una dependencia que no da resultados
Se trata del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual tiene un alto costo a costillas del presupuesto estatal, sin embargo, sirve de poco o de nada.
De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, la dependencia ubicada en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en tres años no ha levantado ninguna sola denuncia ante la Vice fiscalía especializada en el combate a la corrupción, de la Fiscalía General del Estado.
Según la información emitida por la directora Gabriela Gutiérrez de los Santos, titular de la unidad de transparencia del Sistema Estatal Anticorrupción, del 2021 a la fecha, el Gobierno del Estado le ha asignado 45 millones 127 mil 357 pesos.
Según, la Secretaria Estatal Anticorrupción, del 2021 al 2023 han iniciado 79 expedientes por actos de corrupción, sin embargo, ninguno de ellos llegó a la Fiscalía, quienes son los que investigan y en su caso judicializan.
La nula productividad se registra en Yucatán, donde de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI), existen altos niveles de corrupción, principalmente entre funcionarios públicos.
En la encuesta realizada por el INEGI con respecto a la corrupción, en el 2021 Yucatán se ubicó en la posición número 23 de las entidades con los mayores niveles de corrupción del país.
Según el INEGI, el 11.1 por ciento de los yucatecos dijo que fue víctima de algún acto de corrupción, si tomamos en cuenta que Yucatán tiene una población de 2 millones 320 mil habitantes, entonces, 257 mil 520 personas fueron víctima de algún acto de corrupción.
En promedio en el país, el costo de la corrupción por persona es de 3 mil 44 pesos, si tomamos como base los datos del INEGI el costo de la corrupción en Yucatán en el 2021, cuando se realizó la encuesta fue de 783 millones 890 mil 880 pesos, lo que significa una cuarta parte del presupuesto anual del Ayuntamiento de Mérida y superior a lo que reciben 20 dependencias de Gobierno.
Asimismo, es superior al presupuesto que tienen los Ayuntamientos de Kanasín, Progreso, Motul, Tizimín o Valladolid.
De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad en los últimos 19 meses en Yucatán las autoridades estatales y federales han abierto 184 carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos por servidores públicos.
De estas 123 fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 21 ante la Fiscalía General del Estado.
Entre el 2020 y 2021 se tiene un promedio de 7.5 denuncias por mes y una cada cuatro días, es decir, en promedio se ha interpuesto una denuncia contra un servidor público cada 96 horas.
De las 144 denuncias por presuntos actos de corrupción, 117 se realizaron el año pasado, es decir, el 81.25 por ciento y 27, durante este año.
Es decir, durante este año apenas se ha interpuesto el 23.07 por ciento de las denuncias contra servidores públicos del año pasado.
De acuerdo con fuentes de ambas fiscalías, más del 80 por ciento de las denuncias son por presunto cohecho, por lo cual las denuncias se remitieron a las unidades especializadas en la investigación de actos de corrupción.
Por su parte, la Vice fiscalía especializada en el combate a la corrupción de Yucatán, que por cierto se quedó sin su titular, en este año ha puesto a disposición de las autoridades judiciales a 23 personas por presuntos actos de corrupción, por los cual, los delitos por presunta corrupción no serían hechos aislados.
De estas, 19 son ex regidores de las administraciones 2015-2018 de los Ayuntamientos de Celestún y Progreso, entre ellos dos ex alcaldes, quienes están bajo proceso penal.
En estos casos los jueces encontraron los elementos suficientes para someterlos a proceso judicial y un eventual juicio para comprobar o descartar su responsabilidad en los hechos que se imputan.
De acuerdo con el código de la administración pública en materia al combate a la corrupción de Yucatán, el delito de cohecho y peculado son delitos considerados como no graves dentro del Código de Procesos Penales, por lo cual la prisión preventiva es no oficiosa.
Asimismo, las penas van de los seis meses a 14 años de prisión.
De acuerdo al Código en materia de corrupción la pena será de seis meses hasta los 12 años de prisión, cuando el monto de la afectación no supere los 44 mil 720 pesos, es decir, de uno a 499 Unidades de Medida de Actualización (UMA) y sin embargo, cuando el monto en cuestión supera las 500 UMA, es decir, los 44 mil 810 pesos la pena se elevará de dos a 14 años de prisión y una multa que va de los 14 mil 170 pesos a los 21 mil 255 pesos.
En caso de que la persona acusada sea condenada tendrá que devolver el monto total de agravio, El cual quedará al resguardo del estado, cuya cantidad será utilizada en programas sociales.
