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MILLONARIO NEGOCIO EN LA SSP

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  • Carlos Flores Moo, subsecretario de investigación de la SSP, responsable de la PEI, ha formado una red de mafiosos que se dedica a la “venta” de investigaciones, alteración de pruebas y hasta fabricación de la misma.
  • En los últimos años, 30 juicios se les han caído a la Fiscalía por errores intencionales e infantiles en la investigación, los cuales previamente habían sido pactados entre despachos de abogados particulares y el director de la PEI.
  • La red que opera actualmente en la PEI es similar a la que operó en la Fiscalía General del Estado, durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, estando al mando de la dependencia Héctor Cabrera Rivero.

Redacción/Sol Yucatán

La Policía Estatal Investigadora (PEI) que es la instancia que se dedica a investigar los presuntos delitos denunciados en Yucatán, enfrenta una crisis de credibilidad, parcialidad y que no solo la ponen al borde del desprestigio, sino también de su inminente desaparición.

Al interior de la dependencia operaría una red que se dedica a la “venta” de investigaciones, alteración de pruebas y hasta fabricación de la misma.

De acuerdo con investigaciones realizadas al interior de la corporación, esta red es dirigida por el comandante Carlos Flores Moo, en la que también participan Juan Gabriel Jiménez, Gerardo Castillo, alias “Dóberman”, entre otros mandos de la corporación.

Como si fuera una célula de la delincuencia organizada, tiene establecido un modus operandi, donde venden el debido proceso de investigación.

Es decir, pactan con despachos de abogados particulares, cuyos clientes tienen modos para pagar o bien se cobran con propiedades.

Durante el proceso de investigación, que depende al 100% de la PEI, unidad bajo el mando de Flores Moo, se cometen errores intencionales, algunos de ellos, hasta infantiles, en el proceso de investigación para favorecer de manera dolosa a alguna parte con quien previamente ya han acordado.

Como violación a la cadena de custodia, contaminación de las evidencias o escena del crimen, esto con la finalidad de viciar la investigación.

Durante los juicios o audiencia de vinculación, la defensa ya sabe de primera mano donde hay errores en la investigación para evidenciar esos fallos y el juez considere que hay dudas lógicas en la culpabilidad del acusado o bien que las pruebas no pueden ser evaluadas por el juez, dado que no son confiables.

Al existir muchas dudas sobre el proceso de investigación, los fallos de los juzgadores son adversos a la Fiscalía.

En los últimos años, esta situación se ha hecho más que evidente, al grado de que 30 juicios se han caído por errores en la investigación y donde los fiscales no han podido comprobar, por falta de pruebas, vacíos en la investigación o contaminación y las sentencias son absolutorias.

Esta situación va de la mano con el enriquecimiento inexplicable de Flores Moo y sus allegados.

El comandante tiene un sueldo de 75 mil pesos, con lo cual sería imposible que se pudiera comprar una camioneta con un valor de más de 800 mil pesos, un departamento en la zona de Altabrisa, una casa en la playa, una embarcación de recreo, así como invertir en diversos negocios como bares, cantinas y centros nocturnos.

Hace dos años hubo un caso muy sonado, donde se registró una situación. Durante el juicio a cinco personas por los delitos de secuestro y homicidio, se cometieron pifias en la investigación que la defensa utilizó a su favor y con ello lograron la absolución de los cinco implicados.

También está el caso de un juicio por el delito de violación a una menor de edad, donde la PEI no aplicó el debido protocolo en el proceso de investigación y las pruebas presentadas en el juicio no tuvieron valor procesal y fueron desechadas, con lo cual el inculpado, un empresario, quedó en libertad.

La red que opera actualmente en la PEI es similar a la que operó en la Fiscalía General del Estado, durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, estando al mando de la dependencia Héctor Cabrera Rivero.

En ese entonces, se vendían y fabricaban carpetas de investigación, uno de los acusados fue el vice fiscal y director de averiguaciones previas, Friedman Peniche Rivero, pariente de Mauricio Sahuí Rivero, se abrió procesos internos, aunque nunca se le pudo comprobar, ya que contaba con la protección del fiscal y de la gobernadora.

Uno de los casos más sonados durante esa época fue el expediente que se le fabricó a Cecilia Flores, en ese entonces vocera del Ayuntamiento de Mérida, la funcionaria fue a dar a la cárcel, años más tarde, se comprobó su inocencia y que la carpeta fue fabricada.

La PEI, por órdenes de Flores Moo, quien luego del comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, es el comandante con más poder dentro de la SSP, otorga protección a presuntos delincuentes.

Uno de los casos fue la protección que se le dio a Ibrahim Omar Lugo Heredia, cabecilla de una banda de clonadores de autos, quien le pagó 2 millones de pesos en efectivo a Flores Moo por su libertad.

El presunto delincuente, sobre quien pesaban más de 20 denuncias por fraude y falsificación de documentos, nunca fue presentado ante la Fiscalía General de Justicia y fue puesto en libertad.

En seis años, Flores Moo ha convertido a la PEI en una gran mafia, la ha corrompido y prostituido, debido a que vende las investigaciones al mejor postor.

Además, cobra derecho de piso y brinda protección a grupos delincuenciales que operan en la entidad.

Tras decretarse la autonomía de la Fiscalía, se le propuso al fiscal la migración de la PEI a la dependencia, sin embargo, esta petición fue negada, debido a que se consideraba que operaba una gran mafia, por lo cual se optó por una nueva corporación ministerial de investigación.

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