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NEGOCIO REDONDO

*Vitro Fomento Industrial, de Juan Manuel Ponce Díaz, es la empresa que vende las placas metálicas a los gobiernos estatales sexenio tras sexenio a un costo de 245 pesos

*El gobierno de Mauricio Vila Dosal, sin consideración alguna hacia los yucatecos, cobró mil 715 pesos por emplacar, es decir, tuvo una ganancia de mil 470 pesos por placa

*En el estado circulan más de 600 mil vehículos, en otras palabras, obtuvo una ganancia de casi mil millones de pesos, ¿cuál es la prisa por cobrar este dinero a los yucatecos que luchan para sobrevivir?

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- El primero de octubre, inició el cuarto año de Mauricio Vila Dosal como gobernador de Yucatán con una nueva estocada a los yucatecos: “el reemplacamiento de carácter obligatorio sin una nueva prórroga”, aunque la economía en muchos hogares del estado es muy precaria, y aquellos ciudadanos que cuentan con un automóvil -aunque modesto– les sirve para trasladarse a sus centros de trabajo o realizar actividades diversas.

El trámite vehicular tuvo un costo superior a los mil 700 pesos, lo que significó un fuerte gasto a un hogar donde muchas veces sobreviven con unos cuantos miles de pesos, por lo que el famoso cambio de placas resultó ser una verdadera pesadilla. Sin embargo, para las autoridades en turno esto no significa nada y la cuestión es que tienen que pagar y punto.

De nueva cuenta, Vitro Fomento Industrial, S.A. de C.V., de Juan Manuel Ponce Díaz, fue la empresa privilegiada, la cual vende las placas metálicas a los gobiernos estatales sexenio tras sexenio a un costo de 245 pesos, precio que aún conserva, de acuerdo con documentos en poder de Sol Yucatán.

El gobierno de Mauricio Vila Dosal, sin consideración alguna hacia los yucatecos, cobra mil 715 pesos por emplacar, en otras palabras, tuvo una ganancia de mil 470 pesos por placa, siendo Yucatán uno de los estados donde es más caro emplacar, pero también uno de los más pobres.

De acuerdo con el contrato número GEY-SSP-109/2020, celebrado el 7 de febrero de 2020, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al mando de Luis Felipe Ojeda Saidén, benefició a la empresa Vitro Fomento Industrial, S.A. de C.V., propiedad de Juan Manuel Ponce Díaz, con 161 millones 414 mil 165 pesos.

El objeto del convenio fue la adquisición de “Placas metálicas de circulación, calcomanías de identificación vehicular y tarjetas de circulación para vehículos de transporte terrestre para el reemplacamiento 2020”.

El procedimiento, según consta en el documento, fue a través de una licitación pública (LIC-GEY-SSP-013/2020), sin embargo, no especifica los motivos del fallo –realizado el mismo día– a favor de Vitro Fomento Industrial, que en el acto estuvo representada por Mario Alberto Fernández Cámara.

A través de una consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia se pudo constatar que fueron cinco las empresas participantes: Vitro Fomento Industrial, Formas Inteligentes, Placas Realzadas, Procesos Gráficos Para Publicidad DLV, todas del tipo sociedad anónima de capital variable.

Sin embargo, resultó evidente la preferencia hacia la empresa de Juan Manuel Ponce Díaz, que junto a Fernando Ponce García, se han beneficiado del fraude de las placas vehiculares por más de 30 años.

Entre los bienes adquiridos destaca la de 414 mil 355 placas metálicas para vehículos de transporte privado (automóviles) a un precio de 235.50 pesos por unidad, antes del IVA.

Asimismo, 99 mil 990 placas para camiones privados, también a 235.50 la unidad, y 107 mil 33 placas para motocicletas a 122 pesos la pieza, sin IVA incluido.

También ocho mil 490 placas para automóviles de transporte público, 891 piezas para camiones de transporte público y mil 967 para autobuses de transporte público, todas a 235.50, antes del IVA.

En el convenio también se incluyen 14 mil 985 placas para remolques, 198 para transportes privados con capacidades diferentes, 202 para autos antiguos y 594 para autobuses privados, todas con los precios antes señalados.

Para no aparecer involucrado en el multimillonario negocio de Vila Dosal y Ponce Díaz, Luis Felipe Saidén Ojeda se abstuvo de firmar el contrato y en su lugar lo aprobó y signó Luis Alberto Pinzón Sarabia, director general de Administración de la SSP.

En su oportunidad, el exsenador Daniel Ávila Ruiz solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a fondo al Gobierno de Yucatán por el uso indebido de recursos públicos federales en la licitación pública No. LIC-GEY-SSP-031/2016 para el programa de reemplacamiento vehicular 2017.

Con este motivo, presentó una denuncia en la que describe numerosas irregularidades y presuntos actos de corrupción de funcionarios estatales en la adquisición de 750 mil placas metálicas, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre.

Hay evidencias de que el entonces secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi y el director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alberto Pinzón Sarabia, manipularon el proceso licitatorio para beneficiar a la empresa Vitro Fomento Industrial, S.A. de C.V. propiedad de Juan Manuel Ponce Díaz.

¿QUIÉN ES PONCE DÍAZ?

Juan Manuel Ponce Díaz, además de estar involucrado en las investigaciones contra el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, por lavado de dinero y desvío de recursos, tiene una trayectoria como empresario en Yucatán.

De acuerdo con su página oficial, Juan Manuel Ponce Díaz forma parte del Consejo de Administración de Bepensa, una empresa depredadora de recursos naturales con presencia en gran parte de México, Estados Unidos, República Dominicana y Colombia.

También es director general de Vitro Fibras del Sureste, dedicada a productos a partir de la fibra de vidrio, y de Hielo Tun Ha, comercializadora de hielo de consumo.

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Dayton, en Estados Unidos, con diversos estudios en Desarrollo Gerencial y Desarrollo de Empresas en la Wharton School en Pennsylvania y en la Harvard Business School en Boston; así como del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Sin embargo, algo que olvidaron añadir en su biografía es que Ponce Díaz está señalado de formar parte de la presunta mafia agrario-inmobiliaria que opera en Yucatán con total impunidad. Como botón de muestra, tan solo en Seyé, Juan Manuel es dueño de cinco solares con 180 hectáreas.

La meteórica carrera empresarial de Ponce Díaz inició con operaciones tan obscuras que hoy ya es noticia que fue el mayor benefactor del megafraude denominado Patrimonio Kanasín, que como se ha reportado en diversos medios, sufrió un revés contundente, y quedó expuesta la participación principal de su empresa Grupo Hogare, S.A. de C.V., que a la postre cambiara su nombre a Vive Peninsular, S.A. de C.V., la cual es hoy la piedra angular del Grupo Vive, principal beneficiario de apoyos de gobiernos estatales.

Ponce Díaz tomó la estafeta de su padre Fernando Francisco Ponce García, quien se sirvió con la cuchara grande desde los años noventa, cuando –siendo funcionario público– recibió enormes donaciones de tierras, apoyos y contratos de obra pública cuestionables de la administración estatal, algunos de ellos vigentes hasta la fecha, como el caso de las placas vehiculares denunciado por el ya mencionado senador panista en 2017.

LA CAJA CHICA DE LAS MULTAS

Después del periodo otorgado por la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) para el reemplacamiento, el cual terminó el 30 de septiembre, se comenzó a detener e infraccionar a aquellos conductores que circulen con vehículos que tengan placas vencidas.

Como ha documentado Sol Yucatán, las multas y los trámites vehiculares representan un jugoso negocio para el Gobierno del Estado, pues en tan solo 2.5 años se recaudó cerca de 550 millones de pesos. Nada de esto aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

De enero de 2019 a junio de 2021, la recaudación derivada de los cobros de los trámites de emplacamiento, reemplacamiento, refrendos de tarjeta de circulación trámites de licencias y renovaciones de licencias, cambios de propietarios, tenencias, multas por infracciones y de otra índole de vehículos en general, fue de 546 millones 991 mil 851.58 pesos.

En el año 2019, de acuerdo con la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), se recaudó 178 millones 11 mil 659 pesos, el 32.5 por ciento del total, por los conceptos de placas, tarjetas de circulación, refrendo de tarjetas de circulación, expedición de licencias, impuesto de enajenación, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, y multas.
Mientras que en 2020 se recopilaron 211 millones 576 mil 701 pesos, el 38.7 por ciento, por los conceptos de placas, tarjetas de circulación, refrendo de tarjetas de circulación, expedición de licencias, impuesto de enajenación, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, y multas.

Asimismo, en el primer semestre de 2021 se obtuvo 157 millones 403 mil 455.58 pesos, el 28.8 por ciento, por los conceptos de placas, tarjetas de circulación, refrendo de tarjetas de circulación, expedición de licencias, impuesto de enajenación, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, y multas.

Desafortunadamente, se desconoce a dónde va a parar todo el dinero recaudado, debido a la opacidad que prevalece en la administración de Mauricio Vila Dosal, pues se evita subir a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) información sobre el notable derroche de recursos, que en nada beneficia a los yucatecos.

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