Redacción/Sol Yucatán
Tizimín.- Bajo la excusa de construir guarniciones y banquetas en Tizimín, el exalcalde del municipio, Mario Alberto González González, encontró el pretexto perfecto para desviar 1.6 millones de pesos, en complicidad con el empresario Raúl José Canto Duarte.
Como hemos informado con anterioridad, la obra pública se convirtió en un verdadero botín que fue repartido a discreción entre el exalcalde Mario Alberto González y presuntos proveedores de servicios del ramo de la construcción.
Un claro ejemplo es el contrato número FAISM-096-OC-022-2020, celebrado el 19 de octubre de 2020, con el objeto “Construcción de guarniciones y banquetas en Tizimín, localidad Tizimín (CNC) y construcción de señaléctica en Tizimín, localidad Tizimín, asentamiento Tizimín Centro, Lázaro Cárdenas y San José Nabalam”.
De acuerdo con el acta de fallo, la empresa Proyectos, Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V., resultó ganadora de la licitación y fue privilegiada con la cantidad de un millón 699 mil 546.06 pesos.
Curiosamente, según consta en el documento, el administrador único de la compañía ganadora, Raúl José Canto Duarte, se comprometió a devolver al Ayuntamiento 679 mil 818.41 pesos bajo los conceptos de dos fianzas diferentes, por lo que la cantidad original de la obra fue repartida, como si de un botín se tratara, entre el exalcalde y el presunto constructor.
Es importante señalar que en el contrato no se especifican los motivos por los cuáles la empresa Proyectos, Urbanizaciones y Construcciones ganó la licitación, así como tampoco las razones por las que fueron rechazadas las otras propuestas, ni cuáles fueron las otras compañías concursantes.
Asimismo, las presuntas obras tuvieron un plazo de ejecución de 45 días naturales, del 19 de octubre al 2 de diciembre de 2020, sin embargo, tampoco hay evidencia documental que permita verificar la finalización y entrega de los trabajos.
Finalmente, la simulación fue consumada con las firmas del entonces alcalde, Mario Alberto González; el secretario de la comuna, Reyes Gaspar Aguiñaga Medina; el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, José Guadalupe Díaz Marrufo; y la subdirectora de Obras Públicas, Karla Lidiand López Alcalá.
CONSTRUYENDO IMPUNIDAD
El caso de la iniciativa privada Proyectos, Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V., es similar al de otras presuntas empresas constructoras que han sido cómplices de Mario Alberto González en el desvío de fondos destinados a obra pública e infraestructura.
De acuerdo con el acta de fallo, Proyectos, Urbanizaciones y Construcciones (Prucsa) fue constituida como sociedad el 21 de septiembre de 2009, con Raúl José Canto Duarte como administrador único, ante el notario público número 87, José Enrique Gutiérrez López.
Sin embargo, a pesar de su corto de tiempo de existencia, para el 2010 ya celebraba millonarios contratos por adjudicación directa con el ayuntamiento de Mérida, bajo la administración de Angélica Araujo Lara, de acuerdo con registros públicos disponibles en internet.
De igual forma, en los años siguientes, específicamente entre 2012 y 2014, hay constancia de al menos cinco contratos firmados con la Administración Portuaria Integral de Progreso (API).
Hasta aquí se le puede conceder el beneficio de la duda a la empresa, pero todo se desmorona al revisar su dirección fiscal, en la calle 5-A del fraccionamiento Tanlum, ya que con solo consultar en Google Maps se puede constatar que en dicha calle no hay ningún edificio que concuerde con la capacidad que Prucsa presume tener.
Además, es importante señalar que durante el periodo que realizaba las obras de Tizimín, la constructora también estaba trabajando para la API en la “rehabilitación de estructuras de concreto”, según consta en el contrato número IO-009J2U002-E13-2020, obra por la cual se embolsó 4.3 millones de pesos.
Entonces, ¿cómo una empresa que puede celebrar dos millonarios contratos al mismo tiempo, cuyos trabajos se realizaron simultáneamente, carezca de un edificio establecido de manera formal? Por otro lado, tampoco cuenta con un sitio web que lo respalde y no hay registros de más actividades a partir de 2021.
No hay que pecar de malpensados, pero lo cierto es que Prucsa, S.A. de C.V., cumple todas las características de una empresa fantasma. Lo más grave del asunto es que los funcionarios de Tizimín que aprobaron y dieron el visto bueno a la empresa, no se dieran cuenta de todas estas inconsistencias e irregularidades antes de aprobar la millonaria licitación.
Sean cuales sean las razones que llevaron al entonces munícipe Mario Alberto González a celebrar el contrato con el empresario Raúl José Canto Duarte, lo cierto es que no hay claridad ni certeza acerca del destino de los recursos públicos.
Sin ir más lejos, de acuerdo con la fiscalización realizada por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY), en el ejercicio fiscal de 2020, se detectó un desfalco al erario por parte del ayuntamiento de Tizimín por 17 millones 781 mil pesos, aunque como ya es costumbre, el órgano auditor no aplicó ninguna multa al exalcalde.
De hecho, hasta se le permitió buscar la reelección en las votaciones de 2021, pero fue derrotado por el panista Pedro Francisco Couoh Suaste.
