- La Secretaría de Obras Públicas benefició directamente a Nómada constructor S.A. de C.V. y Barco Construcciones con el contrato de obra por 27 millones de pesos, para la construcción del distribuidor vial de Tixkokob
- En el fallo de la licitación el presupuesto no alcanzaba ni los 30 millones de pesos, pero la obra tuvo un costo total de 70 millones de pesos, es decir más del doble
- Aunque se le nombró como un distribuidor vial, es sólo un paso inferior vehicular de dos carriles de circulación, uno para cada sentido. Los señalamientos indican que los motociclistas y ciclistas no pueden hacer uso del pequeño puente
Redacción/Sol Yucatán
Tixkokob.- El ex director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Yucatán, Jorge Montaño Michael y el ex titular de la Secretaría de Obras Públicas, Daniel Quintal Ic, tuvieron una ganancia de casi tres millones de pesos, tras favorecer al consorcio integrado por Nómada constructor S.A. de C.V. y Barco Construcciones S.A. de C.V., a quien le aprobaron un presupuesto de 27 millones, 930 mil 792.94 pesos para infraestructura carretera.
La construcción de estructuras de concreto hidráulico, terracerías, pavimento flexible y señalamiento vertical y horizontal fue la coartada perfecta para favorecer a ambas empresas para que se llevara a cabo el distribuidor vial de Tixkokob, en el kilómetro 17+833 del periférico de Mérida.
La ilegalidad se pactó en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 12 de febrero de 2016, luego de que se analizaron las propuestas de las empresas, y se decidió que la que mejor complacía los intereses voraces de los funcionarios, con el objeto de tener un mayor margen de ganancia.
De acuerdo al acta de fallo de la licitación pública nacional número LO-0090000948-N70-2015, en poder de Sol Yucatán, las empresas se comprometieron a realizar el distribuidor en un total de 151 días.
La obra no sólo causó molestias a automovilistas que transitaron cerca de la zona, puesto que, a tan sólo tres meses de haber iniciado la obra, apenas se habían colocado las 38 trabes que conforman la superestructura del Distribuidor vial, lo que significó un atraso para la entrega del distribuidor.
Creyeron que la obra sería “pan comido” pero no fue así porque adicionalmente hubo que realizar y rellenar las rampas de acceso y descenso de la estructura, armar y habilitar el acero para la losa de concreto y colocar muros de concreto prefabricado hexagonales para la contención de las rampas de acceso.
Y aunque se anunció desde su proyecto como una gran obra, y se le nombró como un distribuidor vial, es solo un paso inferior vehicular de dos carriles de circulación, uno para cada sentido, con una longitud de 184 metros y rampas de acceso de 140 metros cada una, para un total de 464 metros.
Lo más contradictorio es que en el fallo de la licitación el presupuesto no alcanzaba ni los 30 millones de pesos, pero en el boletín de la propia SCT-Yucatán asegura que la obra tuvo un costo total de 70 millones de pesos, es decir más del doble.
Además de que se hizo de una manera tan precaria para ahorrarse lo más que se pudiera de dinero para repartirlo entre los funcionarios en cuestión, que el distribuidor incumple con las demandas ciudadanas, porque los señalamientos indican que los motociclistas y ciclistas no pueden hacer uso del distribuidor que es sólo un pequeño puente, sabiendo que un gran porcentaje de la gente en Yucatán usa esos dos vehículos para circular.
Es así que las personas provenientes de pueblos como Tixpéhual y Tixkokob tengan que sumar a su recorrido kilómetro y medio para ir a Mérida porque no deben hacer uso de esta vialidad, lo que denota su mala planeación.
CLARA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
El Ayuntamiento de Tixkokob evidenció fraudes y desvíos de recursos en sus cuentas públicas, por medio de facturas duplicadas o con fechas que no corresponden al año de revisión, así como faltantes en las arcas municipales y otros comprobantes de pagos duplicados que evidencian malos manejos.
De acuerdo al informe de la Auditoría Superior de Yucatán de 2019, luego de una fiscalización efectuada conforme a la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, se realizaron 20 observaciones claras de malos manejos, de las cuales solo se solventó una, 8 fueron parcialmente solventadas y 11 que no pudieron corregirse.
Lo más cínico es que el Ayuntamiento no tuvo nunca un registro histórico de sus operaciones en el libreo del almacén de materiales y suministros de consumo, una grave falta de transparencia.
Asimismo, no emitió un inventario de los bienes inmuebles que adquirieron, una evidente falta, pero además constituye una evidencia de que las compras nunca se declararon y el uso de dinero era a discreción, por lo que no hizo pública su estado de la cuenta pública, y esto seguramente tiene que ver con información no existente sobre los montos por concepto de ayudas y subsidios, que fueron a los bolsillos de los funcionarios municipales.
Qué más pruebas de la malversación de fondos y que está evidenciada en el informe de la ASEY, que en la revisión del cumplimiento de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2019, se detectó que los ingresos recaudados no coinciden, que son el ingreso autorizado según la ley y el ingreso recaudado, en los rubros de Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejora, Productos, Aprovechamientos, Participaciones, Aportaciones y Convenios.
El robo más descarado Es la diferencia que existe en el rubro de Convenios que según la Ley de Ingresos tienen un monto autorizado de 10 millones de pesos, que deberían estar en la cuenta del ayuntamiento y que no apareció; lo mismo que en el renglón de las Participaciones donde hubo un faltante de 3 millones 037 mil 400 pesos.
Respecto al Cumplimiento de Presupuesto de Egresos también fueron detectados graves faltantes de millones de pesos ya que, de 71 millones 829 mil 700 pesos, solo llegaron a las arcas del Estado un total de 47 millones 182 mil 300 pesos, lo que marca una diferencia faltante de 24 millones 647 mil 400 pesos que nadie sabe donde están y lo peor es que los funcionarios no tienen fincada ninguna responsabilidad.
El colmo de la impunidad es que la ASEY detectó una factura sin comprobante fiscal en agosto de 2019 por concepto de Servicios legales, contabilidad y auditoría con un monto de 38 mil 300 pesos, así como el pago duplicado por 40 mil pesos en dos meses por concepto de material de limpieza y equipo de cómputo y tecnologías de la información, o como es el caso de un pago por 48 mil 900 pesos en enero de 2019 del gasto del ejercicio 2018 por concepto de cemento, productos de concreto, otros materiales de construcción y reparación de corriente cuyo gasto no está comprometido en 2018, por lo que es ilegal su aplicación.
Otra grave falta que detalla el documento en poder de Sol Yucatán son 9 pagos mensuales que suman 279 mil 600 pesos por concepto de material eléctrico y electrónico sin solicitud, pedido o contrato con un proveedor, ni evidencia de haber recibido en material y las herramientas, o reporte fotográfico, control de entradas y salidas del almacén, ni documentación soporte que justifique la obligación de pago y destino final del gasto, pero tampoco la evidencia de que se reintegró el recurso no comprobado a la cuenta bancaria de la entidad.
Asimismo, existen evidencias de desvío de recursos con el pretexto de la fabricación de trajes para los reyes del carnaval, luminarias de vapor de sodio, empaques de plomo, luminarias con fotoceldas para alumbrado público paquete de papelería diversa para oficina, cuya evidencia física, pago y demás no existe, pero que, si le costó a las arcas públicas un total de 537 mil, 500 pesos y que nunca se recuperaron en su totalidad.
