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EDITORIAL

 

DESAFÍO

ANÁLISIS A FONDO

OSIEL CÁRDENAS: LA EMPRESA CRIMINAL

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Ricardo Ravelo / Sol Yucatán

Primera parte de siete

–Mediante complicidades políticas y policiacas, Osiel Cárdenas Guillén construyó el cártel del Golfo y creó su propio ejército –Los Zetas –el más temible de los grupos criminales, cuyas divisiones dieron origen al Cártel del Noreste, tan pernicioso y violento como los primeros. Osiel supo aprovechar las complicidades políticas para edificar toda una empresa criminal en Tamaulipas –El Cártel del Golfo –, hasta la fecha uno de los más sólidos del continente latinoamericano que ya es considerado por el gobierno de Estados Unidos como grupo terrorista. Esta es su historia: 

Desde muy joven, Osiel Cárdenas Guillén mostró su rebeldía dentro y fuera del seno familiar. Llena de limitaciones, su vida y las circunstancias que lo rodearon lo empujaron paulatinamente hacia los caminos del crimen organizado. Su paso fue impetuoso, fulgurante su ascenso. 

Tenía apenas 14 años cuando decidió refugiarse en la casa de una de sus hermanas, llamada Lilia, en Reynosa. Poco después inició su trajín por el mundo laboral acicateado por la precariedad que lo rodeaba y empezó a ejercer varios oficios: se empleó como ayudante de mecánico, luego fue mesero, trabajador en una maquiladora… 

Terribles años en los que la inconsciencia dominaba el espíritu de aquel adolescente atribulado por la tensión, saturado de rebeldía y de resentimiento con la vida, con la familia, consigo mismo. 

Al principio combinaba el trabajo con sus estudios de secundaria, que dejó intempestivamente para casarse con Celia Salinas Aguilar, a quien había conocido poco antes en una maquiladora. Abandonado a su suerte por su familia y sin recursos económicos decidió llevar a su pareja a vivir al taller mecánico donde laboraba como ayudante. Fue allí donde, casi sin darse cuenta, Osiel inició su carrera delictiva, tras engancharse en la venta de “grapas” de cocaína. Esa situación lo condujo inexorablemente al ambiente sórdido que, si bien le proporcionó comodidades gracias a las ganancias que obtenía, a la postre lo enredó en una larga cadena de líos con la justicia. 

Su condición agreste y las animadversiones que debía enfrentar lo obnubilaban, aunque, empujado por el coraje, se negaba a entrar en razón. Buscaba pelea, estallaba, aunque no sabía contra quién ni contra qué. Su terquedad era absoluta; su estabilidad, desenfrenada. De pronto estaba en un lugar, al rato saltaba a otro o se refugiaba con algún familiar, más tarde desaparecía en esas sinuosidades que convierten a los personajes en víctimas de sí mismos y los mueven a la impostura, a camuflarse con identidades falsas. Nada le satisfacía. Su rabia interior lo sacudía, como una fuerza demoníaca, anulaba su voluntad y lo proyectaba hacia los carriles de su destino: el crimen organizado. 

Breve fue el lapso que pudo evadir a las autoridades. El 16 de febrero de 1989, a los 21 años, fue detenido por primera vez en Matamoros, acusado de homicidio, abuso de confianza y daños en propiedad ajena. Se le abrió el proceso penal 350/900, pero su buena estrella empezaba a brillar: al día siguiente salió libre tras el pago de una fianza. 

La historia se repitió un año después: el 7 de marzo de 1990 Cárdenas Guillén volvió a pisar la cárcel pero sólo de entrada por salida: a pesar de que se le acusó de lesiones y amenazas, logró recuperar su libertad. 

Pero la vida le cambió al cumplir 25 años. El 27 de agosto de 1992 fue aprehendido en Brownsville, Texas, y esta vez sí se le integró un proceso –el B-92-00214-01– instruido por un juez de esa ciudad estadunidense por delitos contra la salud: se le habían encontrado dos kilos de cocaína, cantidad suficiente para ser inculpado por narcotráfico. 

Por esa causa ingresó al Instituto Correccional de Greatplants y doce meses después fue sentenciado a cinco años de cárcel y al pago de una multa de 50 dólares. 

La suerte, sin embargo, lo volvió a proteger. Mediante un intercambio de reos entre México y Estados Unidos, el 2 de enero de 1994, regresó a México y fue internado en el penal de Matamoros; un año más tarde, en abril de 1995, a través de gestiones legales poco claras, obtuvo una preliberación. 

Ya en libertad, Osiel continuó sus vínculos con el negocio de la distribución de drogas, al tiempo que se infiltró en la PJF como madrina, lo que le permitió ampliar su entramado de alianzas con dicha corporación. 

Poco a poco su nombre fue adquiriendo fama. Como madrina, supo allegarse a los principales comandantes y jefes de grupo, conoció sus gustos, ambiciones, procedimientos y obtuvo la protección que requería para moverse con libertad. 

Aunque de bajo rango, su posición en esa corporación policíaca le permitía a menudo codearse con algunos hombres importantes del cártel del Golfo, como José Alonso Pérez de la Rosa, El Amable, a quien él mismo y su amigo Salvador Gómez Herrera, El Chava, solían lavarle su automóvil. 

El negocio de las drogas lo hermanó con El Chava; ambos crecieron juntos ahí, ambos enfrentaron los mismos peligros, aunque Osiel siempre se destacó por su habilidad e inteligencia. 

Los dos, también, tuvieron su oportunidad con la caída de Juan García Abrego, el célebre capo del cártel del Golfo aprehendido en los albores de sexenio de Ernesto Zedillo. Luego de vivir seis años de esplendor –los que gobernó Carlos Salinas de 1988 a 1994– el imperio que había construido García Abrego se derrumbó. Su poder e impunidad sufrieron los primeros embates del nuevo gobierno, que empezó a cobrarle las facturas a su antecesor: Zedillo no sólo encarceló a Raúl Salinas de Gortari, señalado como uno de los protectores de García Abrego, sino que golpeó la estructura de quien entonces había sido considerado el capo del sexenio. 

Luego de varios meses de persecución, en enero de 1996 García Abrego fue aprehendido en Monterrey, Nuevo León. Bajo el argumento de que había nacido en Estados Unidos –aunque tenía acta de nacimiento que lo acreditaba como mexicano–, el gobierno federal agilizó su deportación hacia ese país, a donde llegó un día después de su aprehensión. Actualmente purga varias cadenas perpetuas. 

García Abrego había alcanzado la cúspide del poder en el narcotráfico, pero su momento de esplendor había terminado y ahora enfrentaba no sólo los embates del gobierno federal, sino de las organizaciones rivales que pretendían apoderarse de Tamaulipas y de las rutas que conectaban con Estados Unidos. Fue así como se desató la violencia, “se calentó la plaza” y el llamado “Capo del Golfo” empezó a vivir prácticamente a salto de mata, escondido entre Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Monterrey. García Abrego, quien se había erigido como un varón de la droga, ya no representaba nada para Los Salinas ni para el cártel de Cali –su principal proveedor de cocaína – y fue abandonado a su suerte. 

A partir de la detención de su líder, el cártel del Golfo entró en una espiral de inestabilidad que protagonizaron algunos de sus integrantes más ambiciosos. Su hermano Humberto quiso tomar el mando de la organización, pero fracasó. No tenía el liderazgo ni el apoyo de los proveedores colombianos. Además, estaba bajo observación y era ampliamente conocido. Su nombre significaba más de los mismo. El cártel había dejado de ser confiable debido a la confrontación de sus miembros por el poder y el control de la organización; igualmente fallido fue el intento de Óscar Malherbe, quien incluso fue detenido y liberado, actualmente está desaparecido, aunque se afirma que está muy cerca de Osiel Cárdenas. Hugo Baldomero Medina Garza –conocido como El señor de los trailers–, casi logra rearticular el cártel, pues se mantuvo al frente del negocio durante cuatro años, compartiendo rutas con El Chava Gómez, pero el resto de los miembros de la organización, aunque dispersos, no se aliaron a Medina. 

Medina Garza se ganó el sobrenombre debido a la flotilla de tractocamiones que utilizaba para transportar grandes volúmenes de cocaína a Estados Unidos. Esa amplia red de vehículos de carga, cuyas unidades contaban con compartimentos especiales, resultó ideal para el trasiego de la droga: En costales de verduras, empaques de mariscos o escondida en los llamados dobles fondos, los hombres de Medina Garza lograron transportar cerca de cien toneladas de cocaína cada mes sin que sus camiones fueran revisados. Su audacia terminó el 1 de noviembre de 2000, cuando fue detenido en Tampico, Tamaulipas, y encarcelado en el penal de La Palma. 

Estos certeros golpes a la estructura del cártel del Golfo envalentonaron a la PGR, que comenzó a pregonar sus triunfos en la lucha por controlar el narcotráfico. Desde el principio de su gestión, en 1996, el procurador general de la República, José Antonio Lozano Gracia, sentenció que la organización de García Abrego estaba desarticulada. Su coordinador general de Investigaciones en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, lo secundaba: las piezas de esa organización –decía– están fracturadas, lo que sigue es su desaparición. 

Considerado uno de los expertos en el combate al crimen organizado en México y uno de los funcionarios con más antigüedad en la PGR, Santiago Vasconcelos insistía en que el cártel del Golfo era una organización piramidal, con una estructura pesada sin capacidad de movilización y sin liderazgo, pues había perdido la pieza principal: la cabeza. 

“El resto del esquema –puntualizaba– es un desorden: su diseño no permite que todo el grupo se conozca. El que suministra la droga no conoce al responsable del trasiego y éstos, a su vez, no tienen contacto con los lavadores del dinero; así ocurre en todo el conjunto, por lo que el cártel tiende a extinguirse. 

En esa coyuntura, al amparo de altos mandos de la Policía Ministerial de Tamaulipas (PME) y de la propia PGR, pronto emergió Osiel Cárdenas como el sucesor de Juan García Abrego. Hacia 1997, su nombre ya era pronunciado con respeto fuera de México y la DEA comenzó a considerarlo como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En contraste, los altos mandos de la PGR lo veían como un personaje de bajo perfil, impreparado y con una marcada tendencia a la violencia. Por desconocimiento o por complicidad, la PGR mantuvo esa actitud desdeñosa durante más de un lustro, hasta que la realidad puso los hechos en su exacta dimensión. 

Los primeros datos de su historial delictivo recabados por las autoridades federales datan de junio de 1997. El día 7 de ese mes, la PGR empezó a registrar los antecedentes de Cárdenas Guillén. Gracias a los oficios girados por esa dependencia se supo que había sido detenido una vez a causa de la portación de arma prohibida. Al año siguiente, tras ser detenido de nueva cuenta, según consta en el oficio 1802/98, quedó constancia de que había sido procesado por delitos contra la salud a principios de esa década, por lo que estuvo preso del 27 de agosto de 1992 a 1995, aunque inexplicablemente obtuvo su libertad anticipada. En su reclusión estuvo acompañado de sus cómplices: Salvador Gómez Herrera y Alquícires García, expolicía federal de caminos. 

En esos registros, los primeros que aparecían en los archivos de la PGR, se describe a Osiel Cárdenas como “un granjero de Matamoros”, y como “exmadrina de la PJF y encargado de las maniobras de corrupción a policías y militares” por parte del cartel que comenzaba a encabezar. 

También, según el acta circunstanciada M-61/97-III, se le relacionaba con el delito de secuestro, así como en la usurpación de funciones, uso indebido de uniformes, insignias y siglas oficiales –del Ejército y de la PGR–, de acuerdo con la indagatoria PGRUEDO/013/99. 

Su historial delictivo se fue robusteciendo durante la segunda mitad de la década pasada: se le acusó de cometer delitos de lesiones y disparo de arma de fuego –averiguación 3479/97–; robo en propiedad ajena (1357/97), lesiones, amenazas, disparo de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa (1081/97) robo (173/97) y posesión de arma (1404/98). 

El 8 de junio de 1998, la PGR solicitó un arraigo de 90 días contra Osiel Cárdenas, Manuel Alquícires García, Jorge Salinas Aguilar y Miguel Ángel Morales Garza o Ángel Salvador Gómez, quienes fueron trasladados a la Ciudad de México. El grupo traía consigo dos armas de uso exclusivo del Ejército. El expediente se consignó a un juzgado federal el 4 de agosto de 1998, pero sólo fue procesado Alquíceres García, ya que Osiel y El Chava se fugaron del lugar donde estaban arraigados. Después se supo que habían sobornado a diez elementos de la extinta FEADS encargados de su custodia.

El nuevo cártel 

Por esas fechas el cártel del Golfo se estaba reconfigurando. El poder de Osiel ya era considerable y aunque tenía incondicionales como El Chava, quien prácticamente era su lugarteniente, se negaba a compartir el mando. Cuando su inseparable compañero fue acribillado, poco después de su fuga de donde ambos habían estado arraigados, el crimen se le atribuyó al propio Cárdenas Guillén, a quien por ese homicidio se le puso el sobrenombre de El mata amigos. 

Y es que ambos personajes se habían hecho amigos por diversas circunstancias, entre otras por haber sorteado juntos varios peligros. Sin ninguna sombra que lo opacara, Osiel procedió a integrar lo que sería la nueva generación del cártel del Golfo. Informes que obtuvo la PGR, procedentes de las declaraciones ministeriales de algunos de los narcotraficantes detenidos, indican como se empezó a reconstruir la organización criminal en Tamaulipas: el nuevo líder convocó a una reunión en la comunidad de Guardados de Abajo para repartir el territorio y dominar todo el estado. Las reuniones se efectuaron poco después de su fuga. 

A esos encuentros asistían Gilberto García Mena, El June, entonces poderoso líder de las drogas en la frontera chica, acompañado de Zeferino Peña Cuéllar, El Zefe, su hombre de confianza. En esos primeros encuentros, se acordó que los cinco municipios que conforman la frontera chica –Ciudad Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Nuevo Guerrero– serían tutelados por el El June y el Zefe. 

Osiel les garantizó que sus operaciones estarían protegidas por las autoridades federales, estatales y municipales y tendrían el apoyo de su amigo Raúl Antonio Rodríguez Barrera, exalcalde de Miguel Alemán y exsubdelegado de la PGR en Tamaulipas, un personaje que de la noche a la mañana se hizo millonario y cuya fortuna no parece provenir de otras fuentes más que del narcotráfico. 

En reciprocidad, el capo pidió a sus socios que le reportaran todos los cargamentos de droga que pasaran a territorio estadunidense. Osiel y su gente habían convertido la frontera en una coladera: cada mes introducían más de 20 toneladas de cocaína a territorio gringo, Aunque El June y El Zefe también se encargarían de realizar el trabajo sucio, eliminando a quienes se interpusieran en los planes del cartel. Uno de los primeros enemigos en caer fue Armando Meléndez –presunto publirrelacionista de algunos narcos enemigos de la región–, asesinado por un grupo de presuntos agentes federales. Las sospechas se centraron en Rodríguez Barrera, quien aseguraba que Meléndez se había convertido en un personaje incómodo para el grupo. 

La investigación de este crimen fue puesta en manos del fiscal Gilberto Lerma Plata y los agentes Ramiro Rangel y Samuel Flores Borrego, a quienes posteriormente se les vinculó con el cártel del Golfo y fueron dados de baja de la Procuraduría estatal. 

El plan trazado por Osiel Cárdenas continuó sin contratiempos y el cártel del Golfo terminó de estructurarse. Fue hábil al escoger a sus colaboradores y otorgarles el poder necesario para que tuvieran sus zonas de influencia de Tamaulipas. Con el paso de los meses y conforme de fortalecían las principales plazas, Osiel Cárdenas fue ampliando el poder de su empresa criminal y la reforzó con nuevos socios. 

Según los informes oficiales de las autoridades locales y federales, el cártel del Golfo se conformó de la siguiente manera: en Matamoros, Eduardo Costilla, El Coss 

–también señalado como cabeza del grupo armado Los Zetas–, quedó como encargado de la plaza; Progreso se le encomendó a Juan Carlos Villalobos, excomandante de la extinta PJF; en Reynosa fue designado Gregorio Sauceda, El Goyo o El Caramuelas, quien dispuso de dos ayudantes: José Guadalupe Rivera Hernández, El Gordo Mata (también conocido como Eugenio Guadalupe Herrera Mata; fue detenido el 27 de abril de 2005), y El Gordo Lam. Ambos personajes eran los encargados de pasar grandes volúmenes de cocaína y mariguana a Estados Unidos y de surtir a más de 300 “tienditas” en la plaza; en Díaz Ordaz el control del negocio se le otorgó a Efraín Torres, El Z–14, desertor del Ejército Mexicano; en Ciudad Camargo manda Samuel Flores Borrego, El Metro 3, y en Miguel Alemán quedó como encargado del cártel Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, considerado como uno de los más violentos de la organización. 

Armada su estrategia, Osiel Cárdenas se consolidó como dirigente indiscutido de la organización y empezó a dar muestras de su poder corruptor: Además de tener el apoyo de funcionarios de los cuerpos policíacos, logró poner a su servicio al 21 Regimiento de Caballería Motorizada de Nuevo Laredo, a cargo del general Ricardo Martínez Perea. En esa tarea, que le redituaba ganancias millonarias, participaban a su lado el teniente Javier Antonio Quevedo y el capitán segundo Pedro Maya Díaz. Estos militares dieron adiestramiento al grupo de gatilleros del cártel del Golfo y los entrenaron en el manejo de armamento de alto poder. 

Los tres militares habían negociado con el El June un acuerdo para permitir el paso de droga hacia Estados Unidos a través del río Bravo. El dinero del cártel también sirvió para comprar seguridad. Los narcos lograron que los militares pusieran al servicio de su organización la logística de comunicación oficial, gracias a lo cual tenían acceso directo a las redes y conocían con detalle el movimiento de las tropas castrenses, lo que les permitía actuar con seguridad y evitar su captura. 

Así, los cargamentos de droga –mariguana y cocaína, principalmente– pasaban a territorio estadunidense en horarios previamente establecidos y en momentos en que las tropas se movían en lugares alejados de la frontera. Con el acceso a las redes de comunicación, los “soldados” de El June calculaban despreocupadamente sus tiempos para pasar la droga, transportarla de un lugar a otro o esconderla en sus bodegas o casas de seguridad. 

Sin embargo esta situación pronto comenzó a despertar sospechas, sobre todo a partir de que la Sedena recibió un escrito anónimo con datos sobre las actividades de los narcos, y las evidencias aparecieron cuando altos mandos militares iniciaron un seguimiento del grupo. Sorprendidos, descubrieron que en los decomisos de droga que realizaba el 21 Regimiento de Caballería Motorizada nunca había detenidos. Se acusó a los elementos de ese regimiento de estar coludidos con los narcos. Doble era su mecanismo operativo: no sólo favorecían los envíos de droga ordenados por El June, quien les pagaba altas sumas de dinero, también recibían información que les permitía detener cargamentos de las bandas enemigas. 

Al ser interrogados, los inculpados intentaron justificar su modus operandi, al manifestar que recibían llamadas anónimas en las que se les indicaba el lugar y la hora en que se llevaría a cabo una operación, o bien les describían con detalle los lugares donde podrían encontrar algún cargamento de droga. Y cuando se acudían a esos lugares sólo encontraban los cargamentos, pero no a los responsables de su custodia. Y argüían que esa era la razón por la que no podían detener a personas en esos operativos. 

Pero las evidencias sobre sus vínculos con la gente del cártel del Golfo se robustecían. Otra prueba contundente que relacionó a ese regimiento con el grupo de narcotraficantes fue un video en el que los militares aparecían al lado de los capos Osiel, García Mena y el exalcalde Rodríguez Barrera en pleno convivio en el municipio de Miguel Alemán. Las fotos de ese festejo fueron difundidas posteriormente en la prensa nacional. 

Este hecho fue fulminante. Comprobados los vínculos con el narco, la Sedena destituyó a los militares implicados, y los sometió a proceso por narcotráfico ante un Consejo de Guerra, donde las pruebas terminaron hundiendo en la prisión al general Ricardo Martínez Perea, al teniente Antonio Quevedo y al capitán Pedro Maya. 

Eso no afectó al capo del Golfo, quien, a sangre y fuego continuó con su plan de convertirse en uno de los jefes del narcotráfico más poderosos del país. Y siguió corrompiendo a los altos mandos policiacos y del Ejército. De tal suerte que aquellos que se le oponían eran eliminados. 

Cuando Jaime Rajid Gutiérrez Arreola, subcomandante de la extinta PJF, fue asesinado en marzo de 1999, las investigaciones revelaron que Osiel había tejido una red de protección al interior de la delegación estatal de la PGR, a cargo del coronel Carmen Oralio Castro Aparicio. 

El escándalo fue mayúsculo, sobre todo porque Castro Aparicio –actualmente preso en La Palma– había sido designado delegado de la PGR los meses previos a los hechos. El procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar –1997-2000–, había aprobado y firmado su nombramiento, como parte de su estrategia para militarizar esa institución en su afán de combatir con eficacia al narcotráfico. 

Castro Aparicio había sido delegado de la PGR en Sonora. Abogado por la Universidad del Valle de México, también se había desempeñado como agente del Ministerio Público militar y llegó a Tamaulipas con la encomienda de acabar con el cártel del Golfo. 

Paradójicamente, los integrantes del equipo que arribó a la delegación de la PGR en Tamaulipas terminaron sirviendo al capo del Golfo. Por lo menos eso quedó claro en el caso de Castro Aparicio, quien torció las líneas de investigación para presentar el asesinato de Gutiérrez Arreola como resultado de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Así, en las indagatorias de las autoridades estatales se asentó que el agente judicial había caído en un enfrentamiento con bandas de narcotraficantes en el paraje La Playita, en la ribera del río Bravo, cuando realizaba un rondín de rutina. 

Pero el cúmulo de contradicciones comenzó a despertar sospechas, por lo que la PGR decidió atraer el caso y reiniciar la investigación. Pronto saltaron a la vista las evidencias, que consignó puntualmente la dependencia: en su boletín 244/99 concluía que el crimen del subcomandante no había sido resultado de un enfrentamiento con narcotraficantes, como quiso hacer creer la investigación estatal, sino resultado “de una discusión por cuestiones monetarias derivadas de actividades ilícitas”, en la cual estuvieron presentes, además del coronel Castro Aparicio, Aurelio Soto Huerta, subdelegado de averiguaciones previas; Juan Antonio Contreras Domínguez, El Tony; Manuel 

de Jesús Sordia Franco, El Manolo; así como Andrés y José Isabel López Rivas, Gabriel Ángel Gutiérrez Portillo, Ramiro García Eugenio y el mismo Osiel Cárdenas. Al llevar a cabo la reconstrucción de los hechos, Soto Huerta negó ser el autor del asesinato, y acabó por confesar que Osiel fue quien disparó contra Rajid. 

Al quedar al descubierto todo el entramado de complicidades que demostraban la relación del Castro Aparicio con el grupo de Osiel, el procurador Jorge Madrazo destituyó a todos los funcionarios de la corporación en aquella entidad. Sin embargo, ese vínculo de las autoridades no quedó roto porque el sustituto de Castro Aparicio, Víctor Manuel Torres Moreno, un abogado egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León que actualmente se desempeña como subprocurador de investigaciones especiales en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, resultó ser también una pieza clave de los narcotraficantes en Tamaulipas, según las investigaciones de la PGR. 

Durante la gestión de Castro Aparicio como delegado de la PGR en Tamaulipas, salió a flote la lucha de poder entre militares y civiles. Castro Aparicio terminó confrontado con el subprocurador “B” de Procedimientos Penales de la PGR, Alfonso Navarrete Prida, quien sin tener facultades pretendía remover a funcionarios de esa delegación para colocar aliados suyos. 

Desde hacía varios años, el cártel de Juárez buscaba posicionarse en Tamaulipas, como quedó demostrado con el escándalo de la venta de plazas en la PGR, el cual estalló en diciembre del 2000, cuando el subdelegado de la Policía Judicial Federal de Chihuahua, José Luis Díaz Pérez, pretendía comprar una plaza en Tamaulipas previo pago de medio millón de dólares que le había pedido su jefe, Norberto Jesús Suárez Gómez, quien era delegado de la PGR en Chihuahua. El dinero, de acuerdo con la investigación, lo había aportado Vicente Carrillo Fuentes, quien de esa forma pretendía no sólo tener el control de la policía, sino de la misma delegación estatal. En este embrollo resultó implicado Navarrete Prida, quien era el que operaba el negocio, según quedó acreditado en la investigación que llevó a cabo la UEDO. 

En un documento que aparece en el expediente criminal del coronel Castro Aparicio, se incluye una relación de hechos en los que se vincula a Navarrete Prida y a otros funcionarios de la PGR en presuntas actividades ilícitas. También se da cuenta del pleito que dividió a Navarrete y a Castro Aparicio y las razones de aquella lucha de poder, protagonizada por ambos en 1999, por el control de la delegación de la PGR en Tamaulipas.