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PAGÓ 27 MDP POR ZAPATOS

  • Los zapatos escolares fue el jugoso negocio del extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Walter Emmanuel Salazar Cano, quien pagó 27 millones de pesos a la prestanombres Laura Gabriela Magaña Cach.
  • La presunta empresaria carece de antecedentes en el mundo de los negocios formales, carece de oficinas, e incluso, en el contrato de manera intencional se borró los datos personales de Magaña Cach.
  • Incluso, en internet no hay información alguna que la involucre en algún contrato, a excepción del contrato que se le otorgó en 2017.

Redacción/Sol Yucatán

Los zapatos escolares fue el jugoso negocio del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Walter Emmanuel Salazar Cano, quien pagó 27 millones de pesos a la prestanombres Laura Gabriela Magaña Cach, quien durante los últimos dos años de la administración de Rolando Zapata Bello se encargó de entregar el calzado al Ejecutivo local.

La presunta empresaria carece de antecedentes en el mundo de los negocios formales, carece de oficinas, e incluso, en el contrato en poder de Sol Yucatán, de manera intencional se borró los datos personales de Magaña Cach.
Incluso, en Internet no hay información alguna que la involucre, a excepción del contrato que se le otorgó en 2017.

De acuerdo con el contrato suscrito entre Salazar Cano y la proveedora, sólo se menciona que “tiene plena capacidad jurídica para obligarse y contratar, y que reúne las condiciones técnicas, materiales y económicas para llevar a cabo el suministro de los bienes objeto de este contrato”.

Además que “cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros para cumplir adecuadamente con las obligaciones que se derivan de este contrato”.

Pero, en ningún momento se detalla el nombre de la iniciativa privada que representa, y mucho la ponen como persona física, por lo que es evidente la flagrancia delictiva.

Salazar Cano firmó dos contratos con Magaña Cach, para surtir de zapatos a los alumnos de los ciclos escolares 2017-2018, así como el 2018-2019, por un monto por 26 millones 952 mil 858.36 pesos, recurso correspondiente al Programa de Apoyo Escolar denominado “Bienestar Escolar”.

En agradecimiento, la abastecedora de calzado reembolsó 2.7 millones de pesos al corrupto funcionario, quien utilizó el dinero para su beneficio personal.

El 20 de junio de 2018, Salazar Cano signó el contrato número SDS-ADQ-RE-Licitación SEDESOL-001-2018 Partida 2, para la adquisición de zapatos escolares de niña para el ciclo escolar 2018-2019, a base a precios unitarios y tiempo determinado.

La adjudicación se efectuó mediante el procedimiento de licitación pública estatal, de acuerdo al fallo del 19 de junio.
El monto total de la adquisición fue de 13 millones 965 mil 391.57 pesos, para la elaboración y entrega de 105 mil 403 pares de zapatos para niñas, cuyo total se dio en cinco entregas.

Asimismo, el importe incluyó gastos de transporte, maniobras y descargas, a un precio unitario.

La característica, es un zapato escolar de niña, con costura en el corte de hilo poliéster calibre 20, con hebilla color níquel de 12 mm, en piel sintética grabado napa color negro, 100% pvc, espesor 0.8 mm, y soporte coagulado.

El contrato venció el 31 de diciembre de 2018, y la primera entrega se efectuó el 6 de julio, la segunda remesa fue el 13 de dicho mes, la tercer, el día 20, la cuarta, el 27, y la quinta, el 30 del séptimo mes.

Ante todas las irregularidades detectadas en el documento, fue notable la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su reglamento en vigor.

Con base en la “Integración de licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres proveedores de adquisiciones, arrendamientos y servicios, ejercicio 2017”, Salazar Cano y la proveedora firmaron el convenio número SDS-ADQ-RE-Licitación Sedesol-003-2017 Partida 2, para la adquisición de zapatos escolares de niña para el ciclo escolar 2018-2019, a base a precios unitarios y tiempo determinado.

Para la adquisición de 106 mil 990 pares de zapatos para niña, SEDESOL pagó un monto por 12 millones 987 mil 466.79 pesos.

Dado que a Salazar Cano se le reembolsó el 10 por ciento del total del presupuesto, en 2017 el monto fue un millón 300 pesos, mientras que en 2018, fue por un millón 400 pesos.

Durante la administración de Zapata Bello, Salazar Cano fue primeramente director del Registro Civil del Estado, y luego fue nombrado como titular de SEDESOL – Yucatán, cuando Mauricio Sahuí Rivero se separó de la dependencia para contender como candidato al gobierno del Estado.

Al principio de la administración de Vila Dosal se dio a conocer la relación de dependencia cuyos titulares del sexenio de Zapata Bello, supuestamente cometieron irregularidades, entre ellos esta Salazar Cano.

El 8 de enero de 2019, el Gobierno del Estado informó que tras “una exhaustiva revisión e investigación de casi dos mil carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, se encontró irregularidades financieras de la administración anterior por un monto de aproximadamente 533 millones de pesos, principalmente en la Secretarías de Salud (SSY), Educación (SEGEY) y de Administración y Finanzas (SAF), lo que dio paso a interponer seis denuncias, de manera inicial”.

El proceso inició el 1 de octubre de 2018 y justo en el día 100 de la actual administración se dio un balance de las ilegalidades detectadas, y se dio a conocer que aún hay al menos otras 20 denuncias adicionales por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios, discrepancias administrativas, por lo que se procederá a interponer las denuncias correspondientes.

También se anunció que las 26 denuncias, en su conjunto, fueron integradas con toda la documentación correspondiente y se presentaron, el 14 de enero del mismo año, ante los organismos fiscalizadores correspondientes, tales como la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Las dependencias involucradas en estas 20 denuncias adicionales son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), del Deporte (IDEY), el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial (INSEJUPY), el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (IDEFEY), el Colegio de Bachilleres (COBAY), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital Comunitario de Peto.

En el caso de la SEGEY, se detectaron 758 bienes muebles y tecnológicos faltantes; en el caso del sector salud, no aparecen 260 bienes, entre ellos, una incubadora, equipo e instrumental médico y de laboratorio, bienes informáticos, y mobiliario y equipo administrativo.

Además, están en proceso de revisión e integración otras siete carpetas de investigación abiertas por diversos faltantes e irregularidades financieras en dependencias como las Secretarías de Desarrollo Rural (SEDER) y Desarrollo Social (SEDESOL), y los Institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) y para la Construcción y Conservación de la Obra Pública (INCCOPY), así como otras más en la Secretaría de Salud, éstas se extenderían a un monto de 160 millones de pesos.

LA RENUNCIA

El 4 de noviembre de 2020, Salazar Cano renunció oficialmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el cual militó durante 21 años.

En carta dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó que no puede ser parte de un partido sectario, “con gente dedicada a sembrar odio” en el interior del partido y con resentimientos que “los tienen cegados”, que “se reúnen en grupo para destruir y sumar a sus intereses creados, sin importarles el respeto a su militancia”. “Veo un PRI que no puede tener futuro si se siguen dando las prácticas del pasado, en donde la competencia interna está disfrazada y, peor aún, castigada”.

Una de sus últimas posiciones fue la de secretario de Organización del Comité Directivo Estatal (CDE).

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