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PAVIMENTACIÓN AL VAPOR

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  • Para las obras de pavimentación de precaria calidad, la exalcaldesa de San Felipe, Juana María Baltazar Santos, favoreció al empresario Roger Aguilar Fernández, a quien le asignó un presupuesto de cerca de siete millones de pesos.
  • Tan turbia estaba la licitación pública a favor de la empresa Comercializadora Guvasa que la Secretaría de la Contraloría General del Estado se abstuvo a participar como testigo.
  • Fungió de contratista cuando en la administración de Rolando Zapata Bello esta compañía se encargaba del suministro de material de limpieza.

Redacción/Sol Yucatán

San Felipe.- Para las obras de pavimentación de precaria calidad efectuadas en 2018, la ex alcaldesa de San Felipe, Juana María Baltazar Santos, favoreció al empresario Roger Aguilar Fernández, a quien le asignó un presupuesto de cerca de siete millones de pesos.

Incluso, tan turbia estaba la respectiva licitación pública a favor de la empresa Comercializadora Guvasa, Sociedad Anónima de Capital Variable, que la Secretaría de la Contraloría General del Estado se abstuvo a participar como testigo.
En esta ocasión, el empresario fungió de contratista, cuando en la administración de Rolando Zapata Bello, dicha compañía se encargaba del suministro de material de limpieza.

El 13 de octubre de 2018, la edil autorizó el dictamen del fallo de la licitación pública nacional con número LO-831065935-E1-2018, relativo a la obra de “Pavimentación de calles en la localidad y municipio de San Felipe”.

En la convocatoria participaron dos licitantes, pero al final se benefició a Aguilar Fernández, a quien se le asignó un presupuesto por seis millones 993 mil 444.46 pesos.

Para la adjudicación del contrato, la presidenta municipal tomó en cuenta cinco aspectos: la empresa reúne las condiciones legales requeridas por la dependencia, y cuenta con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos técnicos y financieros necesarios para la ejecución de los trabajos.

Asimismo, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato; cuenta con la experiencia requerida por la dependencia para la ejecución de los trabajos, y cumple con todos los requisitos establecidos.

De tal manera, el 16 de octubre se firmó el respectivo contrato, en el cual se determinó la entrega de un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de dos millones 98 mil 33.34 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El plazo de ejecución de la obra objeto fue de 60 días naturales, por lo que el trabajo inició el 22 de octubre y la labor concluyó el 20 de diciembre de 2018.

En el documento no se especifica la dirección de las obras efectuadas en dicho municipio portuario, mucho menos las dimensiones, entre otras lagunas y arbitrariedades detectadas durante el respectivo análisis.

Por ende, es flagrante la violación a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, al igual que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

El acta de fallo fue firmado por la edil y los dos empresarios participantes, así como por la directora de Obras Públicas, Ninfa Herlinda Mena Sosa.

En esta ocasión, tal negocio participó como contratista, cuando el 16 de febrero de 2017, ganó la licitación Pública número PC/01/2017 para el “Suministro de material de limpieza para el Centro de Convenciones Siglo XXI y los paradores turísticos del Patronato Cultur, por lo que se le asignó un presupuesto por seis millones de pesos.

Cabe destacar que durante el trienio 2018-2021, los tres alcaldes considerados como corruptos, por dar apoyos a sus familiares y allegados así como por amenazar a los regidores de oposición fueron Enrique Ayora Sosa, de Valladolid y emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como Ismael Aguilar Puc, de Dzidzantún, y así como Juana María Baltazar Santos, de San Felipe, ambos del Revolucionario Institucional (PRI).

La hoy ex regidora de San Felipe, Guadalupe Marrufo Pool, denunció que ahí hay un gobierno paralelo, que le retienen de la mitad de su sueldo y hay violencia de género, debido a que denuncia la destrucción del mangle y humedal en ese municipio, de parte del ayuntamiento priísta.

“En San Felipe la ley se viola de manera reiterada no sólo en material ambiental, sino también en otro tipo de acciones; además de que la presidenta municipal y el síndico sólo entregan apoyos a quienes pertenecen a su partido y dejan en el desamparo a una parte de la población que está en situación vulnerable”, indicó.

Precisó que existe un vacío de gobierno en San Felipe, que aprovecha el síndico Felipe Marrufo López, lo que ha derivado en tener un gobierno paralelo, pues la edil prácticamente no está en el municipio y buena parte de la semana se la pasa en Mérida.

Incluso, el 27 de abril de 2020, se registró un brote de inconformidad entre los pescadores, ya que la alcaldesa benefició a un grupo de hombres de mar, a pesar de la restricción establecida con la aparición del Covid-19 en el Estado.

Entre los acuerdos que se tomaron fue que se respetará el decreto de cuarentena vigente hasta el 30 de abril y en ese período no habrá labores de pesca. Las actividades pesqueras se reactivarían el 1 de mayo.

Asimismo, las cooperativas presentarán una lista con las embarcaciones que saldrán a la mar con el nombre del patrón, por lo que se permitirá a pescadores foráneos, hasta que termine la contingencia, atendiendo las recomendaciones sanitarias obligatorias dictadas por la crisis.

De igual forma, si las labores de pesca en algún momento ponen en riesgo a las familias, de inmediato se suspenderán.