PIDEN JUICIO POLÍTICO
- Una semana después del descalabro electoral, César Duarte envió una iniciativa al Congreso para que se aprobara que la deuda se monetizara –se empujaba la bursatilización– por un plazo de 25 años.
- Jaime Herrera, comenzó a manejar el terror, fiel a su estilo. Decía que si no se aprobaba la bursatilización o una medida similar, el gobernador entrante enfrentaría “una parálisis financiera”.
- Una empresa española, vendedora de invernaderos, a quien Duarte le adeudaba cerca de 4 millones de dólares, realizó maniobras legales para que se le embargaran los bienes al exmandatario.
Ricardo Ravelo/La Opinión de México/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/Sol Chiapas/Sol Belice/La Opinión de Puebla
(Tercera de cinco partes)
Ciudad de México.- Apenas habían transcurrido dos semanas de la derrota del PRI en Chihuahua y el sistema de transporte colapsó por falta de combustible. En medio del malestar social, que iba creciendo, el PRI impugnó los comicios del 5 de junio ante el Tribunal Estatal Electoral y se filtraba información a la prensa en el sentido de que al PRI le habían cometido fraude, ya que el órgano electoral había mandado a imprimir 143 mil boletas de más respecto de la lista nominal, las cuales no se supo cómo fueron utilizadas.
La deuda del Estado, de acuerdo con datos oficiales, era de 46 mil millones de pesos. Esa era otra herencia para Javier Corral. Una semana después del descalabro electoral, César Duarte envió una iniciativa al Congreso para que se aprobara que la deuda se monetizara –se empujaba la bursatilización– por un plazo de 25 años.
El anuncio de la iniciativa generó rechazo social. En las redes sociales la gente comenzó a pedir juicio político contra Duarte; diversos grupos sociales se organizaron y amenazaron con tomar las instalaciones del Congreso del Estado para impedir que se aprobara la iniciativa.
El secretario de Hacienda de Duarte, Jaime Herrera, comenzó a manejar el terror, fiel a su estilo. Decía que si no se aprobaba la bursatilización o una medida similar, el gobernador entrante enfrentaría “una parálisis financiera”. La deuda de 46 mil millones incluía pasivos enormes, entre otros, una deuda de 10 mil millones tan solo a proveedores.
Las maniobras de César Duarte para blindarse no surtieron efecto y después que el PRI perdió las elecciones comenzaron las peripecias contra Duarte. Una empresa española –Corporación Empresarial, S.L.– vendedora de invernaderos, a quien Duarte le adeudaba cerca de 4 millones de dólares, realizó maniobras legales para que se le embargaran los bienes al exmandatario chihuahuense.
La demanda se hizo efectiva por exhorto y se gestionó tanto en España como en México. La demanda se presentó por primera vez el 23 de septiembre de 2015. La empresa y sus accionistas exigieron, a través de sus abogados, el pago de la deuda. Como Duarte Jáquez se negaba, entonces procedieron a embargar los bienes tanto del exmandatario como los de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong y su socia Alma Dalila Martínez Corrujedo. Esta última, por cierto, también resultó ser accionista del Banco Unión Progreso: Cuenta con 45 millones de pesos en esa institución financiera y es esposa de Olegario Guzmán Orquiz, compadre de Duarte, quien desapareció el 22 de agosto de 2010 del Club Campestre de la ciudad de Parral.
