Por Abogado Miguel Herrera Puga
EL DOMICILIO PARTICULAR NO DEJA DE SER INVIOLABLE POR UNA SIMPLE SOSPECHA
En Timucuy, Yucatán, una familia denunció públicamente que elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habrían ingresado a su vivienda sin mostrar una orden judicial, señalando a un joven como presunto responsable del robo de una motocicleta.
De acuerdo con la denuncia, los agentes habrían intentado detener al joven dentro del domicilio, argumentando que la motocicleta presuntamente robada se encontraba en el interior.
Pero aquí surge una pregunta jurídica fundamental:
¿BASTA CON SOSPECHAR QUE UNA PERSONA QUE COMETIÓ UN DELITO ESTÁ DENTRO DE UNA CASA PARA QUE LA POLICÍA PUEDA ENTRAR?
La respuesta, jurídicamente, es NO.
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la inviolabilidad del domicilio y establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino mediante un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Tratándose de un domicilio particular, la autoridad no puede convertir una simple sospecha en una autorización automática para irrumpir en una vivienda.
Existen excepciones constitucionales y legales —por ejemplo, determinados supuestos de flagrancia, consentimiento válido o situaciones de urgencia previstas por la ley—, pero deben existir circunstancias concretas que las justifiquen.
“Creemos que ahí está” no equivale jurídicamente a “podemos entrar”.
Y existe otro principio fundamental: una persona no puede ser tratada como culpable únicamente porque alguien la señala como responsable de un delito. La investigación debe realizarse respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales.
¿Y SI EFECTIVAMENTE HABÍA UNA PERSONA QUE HABÍA ROBADO?
Aun en ese supuesto, la autoridad debe actuar dentro del marco constitucional y legal.
La función policial es investigar y prevenir delitos, pero la autoridad también está sometida a la Constitución.
Si existió flagrancia, persecución inmediata, consentimiento o alguna otra hipótesis legal que permitiera el ingreso, deberá acreditarse con hechos objetivos y no únicamente con afirmaciones posteriores.
Por ello, si la denuncia de esta familia es correcta, la actuación policial tendría que ser investigada para determinar si existió una causa legal que justificara el ingreso al domicilio y el intento de detención.
La seguridad pública es indispensable, pero la seguridad pública sin respeto a la Constitución puede convertirse en arbitrariedad.
La pregunta que debe responderse no es solamente:
“¿Había un presunto ladrón dentro de la casa?”
La verdadera pregunta jurídica es:
“¿QUÉ FACULTAD LEGAL TENÍA LA AUTORIDAD PARA ENTRAR A ESA PROPIEDAD Y DETENER A ESA PERSONA EN ESAS CIRCUNSTANCIAS?”
Porque combatir el delito y respetar los derechos humanos no son objetivos contradictorios. Son obligaciones que deben cumplirse simultáneamente.
¿Tú qué opinas?
¿La policía debe poder ingresar a una vivienda cuando presume que dentro se encuentra una persona relacionada con un delito, o debe acreditar previamente una causa legal que justifique la intervención?
El debate está abierto.
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