- Señalan a grupo “Dorados” de la SSP por presunta desaparición y vínculos criminales.
Redacción/Sol Yucatán
Un nuevo señalamiento sacude la imagen de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, luego de que se difundiera un caso en el que elementos del grupo especial “Dorados” habrían participado en la detención, extorsión y posterior desaparición de un ciudadano en un retén instalado en el tramo de Xcan, zona federal donde, de acuerdo con la ley, no tendrían competencia para operar de manera autónoma.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron el 8 de febrero de 2024, cuando la víctima fue interceptada en dicho punto de control. Posteriormente, los agentes habrían contactado a su pareja para exigir el pago de 100 mil pesos a cambio de su liberación. Tras realizarse la transferencia, el hombre no fue entregado y días después apareció sin vida en los límites de Cancún, con signos de tortura. La familia señaló que la última vez que se tuvo contacto con él fue precisamente en ese retén.
De acuerdo con la información difundida, tras la denuncia formal, el 17 de febrero de ese mismo año varios elementos fueron detenidos por la Policía Estatal de Investigación (PEI) y trasladados al Centro de Reinserción Social de Valladolid. Sin embargo, también se acusa que durante el proceso habrían desaparecido dispositivos móviles vinculados a posibles redes del crimen organizado, lo que levanta sospechas sobre encubrimiento y falta de transparencia en las investigaciones.
Este caso no sería aislado. Existen antecedentes documentados que vinculan al grupo “Dorados” con hechos graves. Uno de los más relevantes ocurrió en noviembre de 2020, cuando Salvador Osmar López Manzanilla murió por asfixia tras ser detenido en un retén en Chicxulub Puerto, en el municipio de Progreso. Por ese caso, cuatro policías estatales fueron detenidos y posteriormente condenados por homicidio calificado, lo que evidenció abusos dentro de la corporación.
A lo largo de los últimos años, organismos y reportes periodísticos han señalado un patrón de presuntas violaciones a derechos humanos por parte de cuerpos policiacos en Yucatán, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y muertes bajo custodia. Datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) refieren decenas de fallecimientos en estas circunstancias, lo que ha derivado en destituciones de mandos, aunque sin modificar de fondo las prácticas denunciadas.
Pese a estos antecedentes, las acusaciones actuales también apuntan a mandos superiores que, según versiones, no han sido investigados, ni el director del grupo, ni su subalterno conocido como “Dorado 1”, identificado como Sergio, ni el propio subsecretario de la SSP,Emilio Zacarías Laines. Esta omisión impide llegar hasta las últimas consecuencias y erradicar de raíz posibles vínculos con el crimen organizado.lo que mantiene abiertas dudas sobre posibles redes de complicidad al interior de la corporación. Mientras tanto, la narrativa oficial que presume a Yucatán como uno de los estados más seguros del país vuelve a ser cuestionada por hechos que, de confirmarse, evidenciarían un problema estructural más profundo.
El caso revive el debate sobre los límites de actuación de las policías estatales, la legalidad de los retenes en carreteras federales y, sobre todo, el uso de la fuerza pública sin controles efectivos, en un contexto donde la exigencia ciudadana se centra en justicia y rendición de cuentas.
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