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ROBÓ CON PRESTANOMBRES

  • Empresas fantasma, obras ficticias y prestanombres han sido algunos de los métodos que el titular del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, Carlos Francisco Viñas Heredia, utilizó para servirse con la cuchara del programa Vivienda Digna 2019
  • Autorizó el pagó de 4.1 millones de pesos a Juan Bautista Ake Ake, sin embargo no hay constancia de la entrega de la obra, tampoco existe información sobre dicha persona en ningún directorio empresarial o de construcciones
  • En las únicas dos listas donde figura el nombre del proveedor es en la de beneficiarios de programas sociales, sin embargo, ambas listas fueron borradas del portal de transparencia del Gobierno del Estado

Redacción /Sol Yucatán

Maní.- Empresas fantasma, contratos a modo, obras ficticias y uso de prestanombres han sido algunos de los métodos que el titular del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), Carlos Francisco Viñas Heredia, utilizó para servirse con la cuchara del programa social de Vivienda 2019, que en dicho año contó con una inversión de 900 millones de pesos para la construcción de 16,531 acciones de vivienda.

Como Sol Yucatán ha documentado, son diferentes las técnicas que utilizaron los funcionarios del IVEY, bajo las órdenes de Viñas Heredia, para desviar los recursos públicos destinados a las comunidades menos favorecidas de los municipios de Yucatán, y ahora se suma una más: el uso de prestanombres.

De acuerdo con la licitación número LO-931034978-E5-2019, cuyo fallo fue celebrado el 5 de septiembre de 2019, el IVEY autorizó el pagó de cuatro millones 172 mil 386.49 pesos al proveedor Juan Bautista Ake Ake para realizar la obra “Construcción de 73 acciones de vivienda en el municipio de Maní, estado de Yucatán”.

Los trabajos, según consta en el documento, tuvieron una duración de 90 días naturales, iniciando el 10 de septiembre de 2019, para finalizar a más tardar el 8 de diciembre del mismo año. Sin embargo, no hay constancia de la entrega de la obra, ni evidencia fotográfica de la realización de las acciones de vivienda.

El monto y la cantidad de acciones de vivienda a realizar en sí ya es motivo de sospecha, pues de acuerdo con un cálculo estimado, cada obra tuvo un costo de más de 57 mil pesos. Debemos señalar que estas acciones se suelen dividir en baños, cocinas, techos, porque llamarle casa a una de estas construcciones sería una burla.

Por otro lado, sobre el privilegiado empresario Juan Bautista Ake no hay información en internet: ni página oficial o cuentas en redes sociales, ni figura en directorios empresariales o de construcción.

De igual forma, se intentó rastrear su nombre a través del Registro Nacional de Profesionistas para constatar si se trata de un ingeniero o técnico, pero cuál sería la sorpresa al constatar que su nombre no aparece en dicha plataforma.

Entre los pocos registros de su existencia, se encuentra su nombre en la lista de contratistas 2018 – 2021 del ayuntamiento de Progreso, sin embargo, tampoco hay mayor información sobre el proveedor, solamente su correo electrónico, el cual tampoco coincide con el de un perfil profesional: [email protected]

Asimismo, en dicho documento aparece el nombre del arquitecto Felipe Minaya Calderón como representante técnico de Juan Bautista Ake. Sobre Minaya Calderón, de acuerdo con un directorio de construcciones consultado, forma parte de la mesa directiva de la empresa Ecotécnicos de la Península, pero tampoco hay mayor información sobre él o dicha iniciativa privada.

Todavía más, en las otras dos listas donde figura el nombre de Juan Bautista Ake Ake es en la de beneficiarios de programas sociales, sin embargo, ambas listas fueron borradas del portal de transparencia del Gobierno del Estado de Yucatán, aunque de acuerdo con el título de una de las listas, Juan Bautista Ake Ake resultó beneficiado en el municipio Dzemul.

Llegados a este punto, la pregunta fundamental es: ¿sabrá Juan Bautista Ake Ake que ganó 4.1 millones de pesos gracias a una licitación pública? Pues hay que señalar que este modus operandi es una práctica común de funcionarios públicos para el desvío de fondos.

Sin irnos lejos, recordemos el caso de Rogelio Ek Sulu, un joven de 24 años de edad que tan solo en 2016, bajo la empresa Comercializadora de Servicios Generales Ek, generó facturas que acumularon los siete millones 489 mil 820 pesos al ayuntamiento de Mérida, cuando Mauricio Vila Dosal era el alcalde del municipio. Sin embargo, Ek Sulu nunca supo de su participación en dichas licitaciones.

De igual forma, el nombre del joven no figuraba en directorios empresariales o de giros relacionados, pero sí se encontraba en la lista de proveedores de servicios del ayuntamiento de Mérida como barrendero, específicamente en el área de Servicios Municipales para el servicio de mantenimiento a 21 parques, dos campos y nueve áreas verdes en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, como ya es costumbre con Carlos Francisco Viñas Heredia, el titular del IVEY se abstuvo de firmar el contrato y en su lugar fue aprobado y signado por uno de sus cómplices, el jefe de Normatividad y Obra Pública, Ricardo J. Estrella Segovia.

Otros funcionarios que resultaron cómplices al estampar su firma como testigos del acto fueron Luis Fernando Febles Castillo, de la Secretaría de la Contraloría General del Estado; Claudia Suárez Jiménez, por el Departamento Jurídico del IVEY; y Miguel Navarrete Guevara, por el CMIC delegación Yucatán.

Como se puede constatar, la voracidad de Viñas Heredia no tiene límites, al grado de utilizar incluso prestanombres para desviar recursos destinados a los municipios que más lo necesitan, como es el caso de Maní.

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