LocalesPortada

ROBO “SOSTENIBLE”

  • El predio del Estadio, de acuerdo con el Decreto Presidencial de 1975, era de 51 mil 231 metros cuadrados, pero se realizó una rectificación de medidas en donde se certificó que tenía sólo 40 mil 290 metros cuadrados.
  • Desaparecieron más de 10 mil metros cuadrados, con un valor de 218 millones de pesos.

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- La construcción y puesta en funcionamiento del polémico Estadio Sostenible de Yucatán (ESY) generará problemas multidimensionales, abarcando aspectos jurídicos, sociales, económicos, políticos, urbanísticos y ambientales, entre otras anomalías.

Por el momento, ya se interpuso una denuncia penal por los delitos de ejercicio abusivo de funciones, como cohecho, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio ilícito de servicio público cometidos por funcionarios estatales y municipales, por lo que ahora se prepara una de tipo administrativa.

En la denuncia se exhibió el tráfico de influencias y conflicto de intereses que involucra a altos funcionarios del gobierno panista de Yucatán.

El delito de ejercicio abusivo de funciones se da cuando el servidor público realiza cualquier acto jurídico que produzca beneficios econó-micos a parientes por consanguinidad.

En el tema del estadio se cumpliría en el hecho de que la empresa Juego de Pelota se asocia con los clubes para construirles estadios y se encargará de administrarlos.

La empresa Juego de Pelota México se formalizó el 12 de enero de 2020 y tiene un capital social de 100 mil pesos, de acuerdo con datos recabados del Registro Público del Comercio.

Venados es un equipo asociado y beneficiado con el ESY, cuyo dueño es sobrino de Olga Rosas Moya, secretaria estatal de Administración y finanzas.

La secretaria emitió el decreto SAF 40/2021 por el que se declara desincorporado el ex terreno de la Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, con el fin de que ese terreno sea sede del ESY.

Al ser Venados socio de Juego de Pelota, obtendrá beneficios econó-micos del estadio, lo que se podrá realizar gracias a la desincorpora-ción. Si de la investigación se comprueba que la secretaria Rosas Moya recibió algún beneficio, también se actualizaría el cohecho.

Se aplicaría igual con la Secretaría de Fomento Económico y del Tra-bajo, de haberse beneficiado.

El 5 de octubre se inauguró el Smart City, donde el gobierno fue patrocinador. Al día de hoy circulan spots en la radio promocionando al estadio, lo que hace cuestionar si se están usando recursos públicos para promocionar una obra privada.

DENUNCIA CONTRA EL AYUNTAMIENTO

En la denuncia se plantea que se cometen potencialmente delitos de peculado, cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y coalición de servidores públicos. Se presentará otra denuncia administrativa por este caso.

El punto es que solo en la diferencia de metros cuadrados presentados del terreno público recién desincorporado para este proyecto, se perdieron en algún lado 10,941 metros cuadrados, que tienen un valor comercial mínimo de 218 millones de pesos.

Sol Yucatán ha documentado anomalías, y hasta la falta de seriedad de la empresa concesionaria-constructora, la cual fue creada en Delaware (uno de los sitios considerados por la investigación Papeles de Pandora como uno de los principales paraísos fiscales de Estados Unidos) en 2018, pero aparece como formalizada en Nueva York en 2020.

La opacidad con que se ha manejado el caso del Estadio Sostenible de Yucatán podría ser causa de un escándalo internacional (intervienen posiblemente inversionistas alemanes como el futbolista Thomas Berthlod), sobre todo por la deseada forma en que un predio público fue entregado a la iniciativa privada.

Se documentó el decreto SAF 40/2021, por el que se declara desincorporado el ex terreno de la Escuela Normal, con el fin de que sea sede del Estadio Sostenible de Yucatán.

El predio, de acuerdo con el Decreto Presidencial de 1975, era 51 mil 231 metros cuadrados. Sin embargo, el 26 de julio de 2021 se realizó una rectificación de medidas en donde se certificó que tenía solo 40 mil 290 metros cuadrados. Es decir desaparecieron más de 10 mil metros cuadrados, en una zona de alta plusvalía de Mérida.

Expertos han considerado que el megaproyecto no es viable y 83 por ciento de los colonos encuestados está en contra de la obra, mientras que una docena de peticiones de información (vía transparencia) han sido denegadas por el gobierno del estado o las autoridades municipales de la capital yucateca.

De hecho, aunque no hubo consulta ciudadana y todavía no se tenían todos los permisos de suelo, impacto urbano, vial y ambiental, el gobierno estatal comenzó a  promocionar la obra sin siquiera haberse iniciado.

¿Qué es lo que se va a ceder a los constructores? La Normal, el terreno que ocupó la Escuela de Educación Primaria “Rodolfo Menéndez”, una estación de la Secretaría de Seguridad Pública, todo el terreno aledaño a la Normal y hasta la lonchería “Ponte xux”.

El estadio generaría más problemas que beneficios, muchos de los cuales afectaría a las familias más pobres, así como a las que viven cerca del terreno donde estaría dicha obra, en especial, a los de Sodzil Norte.

El delito de peculado también se incluye en la querella, porque se trata de un acto que realiza un servidor público, en donde distrae de su objeto dinero perteneciente al Estado para beneficio de un tercero.

A lo largo de los días, desde que se anunció el proyecto, se han publicado diferentes desplegados y propaganda del proyecto ESY, en medios impresos, además de spots en radio.

En la denuncia se asienta que el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, pudo cometer el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades al enajenar de manera ilegal un bien público.

Incluso, el pasado 28 de septiembre, el funcionario declaró que los inversionistas ya firmaron una intensión de compra de dichos terrenos.

De igual forma, hay un probable ejercicio ilícito del servicio público que aplica a aquel funcionario que teniendo conocimiento por razón de su empleo, de que puede resultar gravemente afectados el patrimonio de la administración pública estatal por cualquier acto u omisión.

Peritos consultados determinaron que el valor comercial es de 10 mil pesos por metro cuadrado, pero expertos inmobiliarios, aunado a colegios especialistas en la materia, afirman que el costo oscila entre 15 mil a 20 mil pesos, a consecuencia de la ubicación privilegiada.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba