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PIRATERÍA EN ALTA MAR

ROSAS MOYA VA TRAS UNA JOYA

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  • El clan mafioso del gobernador Mauricio Vila Dosal y el empresario Rodolfo Rosas Moya se quieren adueñar de un terreno de cerca de 14 hectáreas localizado en Telchac Puerto.
  • El gobernador y su amigo Rosas Moya utilizan al alcalde y al comisario ejidal para sembrar temor entre los posesionarios para que abandonen el inmueble y el clan se pueda adueñar de la propiedad valuada en 150 millones de pesos.
  • Este perverso clan ya se ha adueñado de una propiedad, se trata del Mayaland, quienes de manera dolosa la allanaron y a través de la Fiscalía se niega a regresarla a su propietario, Fernando Barbachano Herrero.

Redacción/Sol Yucatán

El clan mafioso del gobernador Mauricio Vila Dosal y el empresario, Rodolfo Rosas Moya, ya tienen puesto sus ojos en una mina de oro, localizada en la costa de Yucatán, justo en la llamada Riviera Maya Yucateca.

Se trata de un terreno de cerca de 14 hectáreas, cuyo valor rondaría en los 150 millones de pesos, el predio en la actualidad está ocupado por familias de escasos recursos del municipio.

Para adueñarse de la propiedad, el clan Vila Dosal-Rosas Moya, tendrían que desalojar a las más de 300 familias, que ocupan los terrenos.

Para lo cual en primera instancia están utilizando al alcalde de Telchac Puerto, Alfredo Marrufo Díaz y al comisario ejidal, Herbé Guadalupe Cetina Marrufo, “Mero Viejo”, para desalojar a las familias de manera ilegal, dado que a los beneficiarios se les fue asignado de manera legal por el Ayuntamiento con el aval del Gobierno Federal, a través de la Sedatu y avalado por el Tribunal Agrario Unitario con sede en Mérida.

No se descarta que en fechas próximas los integrantes de la mafia inmobiliaria, comiencen a utilizar a la fuerza pública, Policía Municipal, Estatal y Fiscalía, para apoderarse de la propiedad, la cual por su ubicación tiene un alto valor.

Solo bastaría recordar las artimañas que utilizaron ambos empresarios para intentar adueñarse y allanar el hotel Mayaland, localizado en la zona arqueológica de Chichén Itzá, propiedad del empresario yucateco Fernando Barbachano Herrero.

La Policía de Yucatán, la Fiscalía y hasta los propios jueces locales y federales se han prestado para que prevalezca la injusticia, debido a que ellos fueron los que permitieron el allanamiento de la propiedad y se niegan a regresar el inmueble a sus propietarios a pesar de qué jueces han retirado al aseguramiento, a pesar de ello el fiscal Juan Manuel León León, por órdenes de Mauricio Vila, se niega a entregar el inmueble.

De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, en los terrenos de Telchac, pretenden construir un desarrollo vertical para turismo de alto nivel, que llegará a Chichén Itzá a través del Tren Maya y sobre todo que en los próximos años esa zona se convertirá en el principal motor de turismo de la costa de Yucatán.

Se pretende captar a los turistas extranjeros de Canadá, Estados Unidos y Francia.

 El inmueble, donde se asienta la colonia Puertas del Sol, tiene un valor aproximado en 150 millones de pesos, esto debido a que está localizado en la llamada Riviera Yucateca que se comienza a desarrollar en esa zona.

El lugar tiene un gran valor comercial, debido a que el terreno se encuentra a menos de un kilómetro de donde se está edificando la zona hotelera de Telchac Puerto.

El sitio a pocos metros cuenta con servicios públicos como agua, luz eléctrica, internet, sin dejar de pasar de lado, que la playa se ubica a escasos 200 metros, lo que catapulta su plusvalía y llama el interés de inversionistas inmobiliarios.

Esto sin dejar de pasar a un lado que Telchac, es el tercer puerto más importante de Yucatán, solo superado por Progreso y Celestún.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur), al año Telchac Puerto, recibe a más de 400 mil turistas locales, nacionales y extranjeros, lo que despierta el interés de los inversionistas. 

Empresarios, mandados por Vila y Rosas Moya, han entablado conversaciones con el alcalde de extracción priista y con el actual comisario ejidal, porque tienen planes con esas tierras.

Por ello, el edil junto con la policía y un grupo de campesinos, intentan sembrar terror y miedo entre los posesionarios de los terrenos, esto con la finalidad de que abandonen la propiedad y ellos puedan concretar la venta.

Por lo cual la propia policía ha destruido casas, realizado robos y amenazado a los habitantes.

Los propios habitantes de la comunidad, han emprendido un frente de resistencia para comprobar la propiedad del terreno.

El terreno de 13.83 hectáreas, durante años estuvo abandonado, por lo cual, en el 2015, cuando asumió la alcaldía Alfredo García Córdoba, el edil, comenzó a indagar a quien pertenecía la propiedad.

Tras las investigaciones en el Registro Agrario Nacional (RAN), en el Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY), en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el Registro Público de la Propiedad y en el Catastro Municipal, se encontró que no era terreno ejidal y en cambio pertenecía a la reserva de bienes nacionales.

Con base en ello, la Sedatu inició con los procesos de urbanización y a unos meses de dejar la alcaldía, el edil sometió al Cabildo la donación de lotes a favor de 382 familias, quienes no tenían donde vivir, por lo cual se les entregó un lote de 160 metros cuadrados, es decir, de 8 metros de ancho por 20 de fondo, con lo cual se fundó la colonia “Puertas del Sol”.

Sin embargo, al edil, no le dio tiempo de concretar de manera legal la donación a título gratuito a los beneficiarios, es decir, de escrituración y lo heredó a la siguiente administración encabezada por Marrufo Díaz.

Al asumir la presidencia municipal, en el 2018, Alfredo Marrufo Díaz, en lugar de legalizar la donación, comienza a hostigar a los posesionarios, les destruyen las casas y su sobrino, José Sánchez Díaz, se hizo pasar como militar, con la intención de desalojar a los dueños de los terrenos, sin embargo, esto no ocurrió.

En el 2021, los propios vecinos, denunciaron ante la Secretaría General de Gobierno, encabezada por María Friz Sierra, al Ayuntamiento por omisión de funciones, sin embargo, el gobierno de Mauricio Vila Dosal, hizo caso omiso y no intervino, a pesar del grado de tensión que se vivía en el puerto.

Ese mismo año el ejido, apoyado por el Ayuntamiento, interpuso una denuncia para demostrar que el terreno pertenecía al ejido, sin embargo, el 7 de diciembre del 2022, el doctor en derecho, José Lenin Rivera Uribe, titular del Tribunal Unitario Agrario, emitió una sentencia en la cual determina que el terreno es parte de bienes nacionales y no es propiedad del ejido, por lo cual exhorta al ejido dejar de vender los terrenos, incendiar y generar violencia.

A su vez el Tribunal Agrario, remitió sendos oficios a la Secretaría de Seguridad Pública, al Gobierno del Estado y a la Presidencia Municipal, para garantizar la seguridad de las personas posesionarias.

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