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ENCONTRÓ AHORCADO A HERMANO MENOR

Redacción/ Yucatán En la colonia Melitón Salazar, específicamente en la vivienda ubicada en la calle 64-H entre 99-F y 107, un vecino presenció un momento...

EPIDEMIA EN YUCATÁN

SAQUEAN YUCATÁN 220 MEGAGRANJAS

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  • Más de 220 mega granjas operan en el territorio de Yucatán causando estragos en las reservas de agua, la agricultura tradicional, la soberanía alimentaria y el control territorial por parte de las comunidades.
  • Esta industria apunta a la exportación y basa su funcionamiento en el saqueo de los bienes naturales, el avasallamiento de pueblos originarios y una operatividad a bajo costo con bajos sueldos. La acelerada e intensa afectación socioambiental multiplica las resistencias de las comunidades mayas.
  • Instalación y crecimiento de granjas industriales en territorios originarios sin previa consulta a los pobladores, rompimiento del tejido social  y favoritismo político para operar prácticamente sin restricciones legales

Por Patricio Eleisegui

“El olor fue lo que nos despertó. Las moscas verdes, los mosquitos. Los dolores de cabeza. La pestilencia, que de noche ya no nos dejó dormir. Después empezó eso que apareció en la fruta, como si fuese un humo. Las matas se empezaron a quedar tristes y enseguida a secarse. Cuando nos dimos cuenta, la granja de Kekén ya llevaba un año funcionando. La gente dejó de tortear afuera, de tener las puertas abiertas mientras que los camiones con los cerdos empezaron a pasar día y noche”.

La voz, el testimonio, proviene de una integrante de La Esperanza de Sitilpech, un grupo de vecinos autoconvocados de esa comunidad enclavada al borde de Izamal, ciudad cabecera de uno de los municipios yucatecos elegidos por el empresariado como zona de sacrificio para el negocio de la exportación de carne de cerdo. Pero bien podría emerger de las comunidades mayas de Kinchil, Homún, Chapab, Maxcanú o Tixpéual, todos territorios de relevancia para el apetito del capital porcícola y de importancia clave para la conservación de los reservorios hídricos y la biodiversidad.

Entre mega corporaciones y granjas de aparceros que abastecen a las empresas que venden esta carne, suman 222 las granjas de crianza, engorde y sacrificio de cerdos distribuidas en el estado de Yucatán. Todas presentan la misma naturaleza nociva que vulnera la supervivencia de las poblaciones aledañas.

Instalación y crecimiento de granjas industriales en territorios originarios sin previa consulta a los pobladores, explotación de la poca agua disponible, contaminación del manto freático a partir del vertido de líquidos cloacales y excretas, creación acotada de puestos de trabajo y empleos precarizados, infiltración en escenarios sociopolíticos locales y rompimiento del tejido social, y favoritismo político para operar prácticamente sin restricciones legales integran el combo de pilares que apuntalan un negocio que se volvió millonario en poco más de dos décadas.

Un número para ilustrar esto último: solo en el año reciente y de acuerdo a su reporte de estados financieros consolidados, la firma Kekén, auténtica gigante del sector y que opera bajo la identidad fiscal de Grupo Porcícola Mexicano, reconoció ingresos anuales por algo más de 28.700 millones de pesos.

Fuente: Consejo Civil Mexicano para la silvicultura Sostenible y Greenpeace México. Diseño e ilustración de infografía: Yadira Martínez

Esta empresa, ubicada en el top 20 de mayores firmas de producción de carne de cerdo a nivel mundial, reconoce 53 granjas propias –incluida la de Sitilpech– y 108 instalaciones de aparceros que la abastecen y donde Kekén diluye y dispersa su responsabilidad ambiental.

Por supuesto que Kekén, nave insignia del poderoso Grupo Kuo en la región, no es la única promotora del desastre aunque, solo por volumen y sociedad con actores del modelo de aparcería, claramente protagoniza el agravio que se multiplica por el estado.

Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), Agroindustrias Moba, GAL Porcícola, Productora Pecuaria de Yucatán o la Unión de Aparceros Chapab son algunas de las firmas que, en mayor o menor medida, expanden el impacto de una actividad que crece a fuerza del saqueo y explotación de los recursos naturales como el recurso hídrico y la abundancia de mano de obra barata en otro rincón de México marcado por el desempleo.

El costo más alto del declive socioambiental lo padecen las comunidades donde se asientan estas empresas, que pagan con enfermedad, pérdida de seguridad y soberanía alimentaria, y también con división social entre vecinos, el precio de una producción pensada desde el inicio para abastecer los mercados internacionales de China, Corea del Sur, Japón, Canadá y los Estados Unidos.

“La granja aquí empezó a instalarse hace unos cuatro años. Primero compraron una hacienda y empezamos a ver los camiones con los materiales. Las autoridades o la empresa no hicieron una sola reunión con el pueblo para consultarnos si estábamos o no de acuerdo con la granja. El presidente municipal (Warnel May Escobar) negoció directamente con los empresarios. Los olores empezaron a llegarnos en cuanto multiplicaron los cerdos”, dice otro vecino de La Esperanza de Sitilpech.

Solo con ese movimiento, el poder político de Izamal, la misma gobernación de Yucatán y la cúpula corporativa de Kekén incumplieron con la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México, dicho incumplimiento, viola el derecho de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo maya peninsular, a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.

Y también con el Acuerdo de Escazú, el cual fija derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones en los territorios y, también, facilidades para la defensa judicial en asuntos ambientales. El senado mexicano lo ratificó en noviembre de 2020.

“Cuando se instaló la granja primero pusieron 5.000 cerdos. Como nadie dijo nada, pusieron otros 10.000. Después, 15.000. Los camiones pasaban y pasaban. Empezaron los malos olores, pero como las autoridades están coludidas, tampoco intervinieron”, cuenta una de las mujeres de un colectivo de personas de una de las comunidades afectadas.

“Llegaron a tener hasta 48.000 cerdos. La granja está como a 800 metros del pueblo. A los cerdos aquí los engordan y luego los van trasladando. Cada tres meses hacen eso. Así era hasta que CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) finalmente actuó y constató que la empresa ha contaminado el agua”, acota uno de los campesinos que forma parte del grupo.

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