SE AMPARAN CONTRA EL VIADUCTO

*Progreseños señalan que la obra no se les consultó, y viola sus derechos humanos
*Empresas yucatecas que participarán en la construcción de la vía están relacionadas con el gobierno priista de Rolando Zapata Bello e Ivonne Ortega Pacheco
*Será un gran negocio el nuevo puente concesionado a las constructoras, con ganancias millonarias, mientras que el alcalde Julián Zacarías se lava las manos y no defiende a la gente de Progreso

Redacción / Sol Yucatán

Progreso.- Anteponiendo los negocios, que significan una concesión por 30 años para cobrar peaje en un nuevo puente privado, el gobierno de Mauricio Vila Dosal, viola una vez más las leyes para beneficio de constructores dañando a los vecinos del puerto de Progreso.

Gran molestia ha provocado entre los vecinos de la calle 82, por el proyecto del gobierno de Vila Dosal, el Viaducto Elevado, y es que los afectados señalaron desde un principio que nadie les preguntó su opinión y segundo, se verán afectados por el tráfico de camiones pesados que se dirijan a la terminal del puerto, por lo que tramitaron un amparo y detener la obra porque lesiona sus derechos humanos.

Esta semana realizaron un plantón frente al Palacio municipal de Progreso un grupo de vecinos, encabezados por Raymundo Santana Góngora, de la agrupación Vecinos en Defensa de Nuestros Derechos, fueron recibidos por la autoridad municipal, pero no les dieron solución a su petición de suspender la obra.

Más de 200 progreseños bloquearon la calle 82 y la 86, para manifestar su oposición al proyecto que tendrá una inversión de cuando menos 1,500 millones de pesos y que pretende arrancar el 15 de marzo, pese a las quejas. La vía será exclusivamente para camiones de carga.

“Proponemos una obra de ordenamiento vial con señalización, con semáforos, que nadie se estacione en las calles y que los vehículos pesados tengan un acompañamiento al salir de la terminal portuaria, que las calles tengan un buen mantenimiento, pero esa propuesta no la han considerado”, señaló.

Los vecinos desde un principio del anuncio de la obra señalaron que el gobierno de Mauricio Vila Dosal, no les consultó la obra, tomando la decisión unilateral para realizarla, la cual advierten será perjudicial para varios predios del lugar, donde pasarían camiones de carga pesada que van a la terminal portuaria.

Acusaron que el alcalde Julián Zacarías Curi no les dio respuesta, porque según él no podía intervenir al ser una obra estatal, además, indicaron que llevaron cuestionamientos al Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), para que se las resolvieran, pero les dejaron más dudas porque violan la ley.

“Además de que no cuentan con estudios justificados, ni la participación obligada, que por ser pública debe ser incluyente”, advierte.

Mencionaron que han presentado propuestas alternativas de ordenamiento vial, incluso han contabilizado el tráfico en dicha arteria, “pero no hay interés para escuchar sus propuestas”.

VIOLA LEY FEDERAL DE DERECHO DE VÍA

“Esta obra es una decisión unilateral, un acto de gobierno que no quiso conciliar con la ciudadanía, ni convencer de su beneficio, el ayuntamiento de Progreso falta a su compromiso con los ciudadanos para cuidar y defender, nos deja solos e indefensos”, dijeron.

Añadieron que las cinco concesionarias autorizadas pedirán permiso para la construcción de la obra, “y será el Cabildo en pleno, quienes pasarán a la historia al autorizar una obra exprés, innecesaria, y que no fue analizada, ni contó con la participación de la ciudadanía”.

“La ley de Caminos y Puentes y Transporte Federal, en su artículo segundo, inciso tres, habla del derecho de vía el cual no debe ser menor a 20 metros por cada lado del camino, en este caso debe ser 40 metros porque es de dos vías, el ancho de la calle 82 es irregular y va de 12.50 metros a 13.9 esto hace imposible el cumplimiento de la ley del derecho de vía”, dijo.

Esta decisión del gobierno del estado que encabeza Mauricio Vila, es violatoria de sus derechos más elementales, humanos, constitucionales y ciudadanos, es excluyente de la participación ciudadana, “ignora la precaria situación económica y de salud de los afectados, es insensible ante que en 15 o 18 meses será intransitable e imposible acceso a las viviendas, no tendremos servicios básicos de agua y electricidad e Internet, muchos necesitamos de estos elementos”.

Pese al reclamo de los habitantes del puerto, el gobierno del estado sigue adelante con su proyecto, del que ya cinco empresas ganaron la licitación, en una segunda ronda: Controladora de Operaciones de Infraestructura, ICA Infraestructura, Constructora Proser, Grupo Emprendedor y DASA Distribuciones, las dos primeras de origen nacional y el resto locales. 

CONSTRUCTORA PROSER

Constructora Proser, propiedad de la familia Abraham Mafud, una de las empresas favoritas del gobierno del priista Rolando Zapata Bello, quien además de ser la encargada de varias obras, también surtió material de construcción que extrajo de terrenos apropiados ilegalmente, según denunció en su momento el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En ese momento, el líder estatal de Morena, Mario Mex Albornoz, aseguró que en terrenos de los ejidatarios de Chocholá, la empresa excavaba material para las obras del gobierno del estado.

“El material se utiliza para el Palacio de la Música, el Hospital Materno Infantil y el Centro Internacional de Congresos”, dijo.

La construcción de la calera Oxxica y del banco pétreo, de la Constructora Proser continuó pese al amparo de medidas cautelares que lo impedían, denunció en su momento quien fuera comisaria ejidal de Chocholá, Claudia Fabiola Cob Durán.

El gobierno de Rolando Zapata Bello y la Procuraduría Agraria estatal, intentaron desconocer a Cob Durán, quien por votación de los ejidatarios quedó como comisaria, sin embargo, en varias ocasiones, intentaron quitarlo del camino, precisamente por intentar defender dichas tierras.

Cob Durán junto con 54 campesinos, denunciaron a las autoridades por favorecer a los hermanos Carlos y Raúl Abraham Mafud, quienes presuntamente se adueñaron de 3 mil hectáreas de dicho municipio a través de asambleas a modo, desde cuatro años atrás. Y que únicamente dieron 70 millones de pesos, de un pago total de 280 millones de pesos, incumpliendo con el acuerdo.

En 2011, la empresa también fue la encargada de la polémica obra del Paso Deprimido, en una de las vías de mayor circulación de Mérida, cuando cientos de ciudadanos protestaron pacíficamente para intentar detener dicha obra, que se ubica en Prolongación Montejo y Circuito Colonias, donde había una glorieta y una fuente, pero fueron agredidos por un grupo de maleantes y que ninguna autoridad, que en ese momento eran Ivonne Ortega Pacheco, Gobernadora, ni Angélica Araujo, alcaldesa, hicieron algo para detener la agresión.

Varios de los manifestantes fueron lesionados durante el desalojo violento, hecho que quedaría marcado en la historia de Mérida, sobre todo, porque pese a las evidencias, nunca se detuvo a nadie.

Cabe destacar que las demás empresas, involucradas en la construcción del viaducto elevado, Controladora de Operaciones de Infraestructura, ICA infraestructura, Grupo emprendedor Proser y Dasa Distribuciones, han trabajado con otros proyectos como el Puente Nichupté, en Cancún, Quintana Roo, el Malecón Carlos A. Madrazo, en Tabasco y el Tren Maya, con el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.