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SECRETARÍA DE GOBIERNO EN EL FANGO

  • La directora de Administración de la Secretaría General de Gobierno, sobre quien pesa denuncias de abuso de confianza, autorizó un segundo acto de corrupción con el arrendamiento de cuatro automóviles por un monto superior a 600 mil pesos.
  • En el primer ilícito cometido en 2020, literalmente sacó provecho de la basura, en especial, los desechos que hay en los cuatro Centros de Reinserción Social (Cereso) que hay en el Estado.
  • Tras delinquir en el Ayuntamiento de Mérida, fue invitada a trabajar en el gobierno del Estado, aprovechando “la experiencia” que tiene, pues en cerca de dos meses ya autorizó dos proyectos, en beneficio de tres empresas, por un monto por dos millones de pesos.

Redacción/ Sol Yucatán

En un lapso de dos meses, la directora de Administración de la Secretaría General de Gobierno, Ligia Rosa Lolbé Carrillo Jiménez, sobre quien pesan denuncias de abuso de confianza, autorizó un segundo acto de corrupción con el arrendamiento de cuatro automóviles por un monto superior a 600 mil pesos, para el bienestar de funcionarios de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En el primer ilícito cometido en 2020, literalmente sacó provecho de la basura, en especial, los desechos que hay en los cuatro Centros de Reinserción Social (Cereso) que hay en el Estado, así como del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama), con las adjudicaciones directas a favor de un par de empresarios.

Tras delinquir en el Ayuntamiento de Mérida, fue invitada a trabajar en el gobierno del Estado, aprovechando “la experiencia” que tiene, pues en cerca de dos meses ya autorizó dos proyectos, en beneficio de tres empresas, por un monto por dos millones de pesos.

El 1 de julio de 2020, Carrillo Jiménez presidió la firma del contrato de “Arrendamiento de vehículos y equipo terrestre para la Coordinación Estatal de Protección Civil”, en el cual se privilegió a la empresa Yucateca de Vehículos, Sociedad Anónima de Capital Variable.

De acuerdo con el documento en poder de Sol Yucatán, el 11 de junio inició el proceso de licitación por invitación para el procedimiento de contratación, considerando por lo menos a tres propuestas, con número SGG-13-Procicy-01-2020, y el 17 de dicho mes se efectuó el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, y al día siguiente se emitió el dictamen.

“Yucateca de Vehículos, SA de CV, era el proveedor que tenía la propuesta más solvente en condiciones de calidad, precio, financiamiento, oportunidad, y que también cumplía con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la invitación».

Ante tal actitud, la exfuncionaria municipal pisoteó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán.

De tal manera, alquiló cuatro camionetas tipo estacas, modelo 2019, dos de las cuales eran blancas y el resto, grises, con matrícula YXJ-131-C, así como la YT-508-A, además de la YR-8662-B y la YR-8664-B.

“Los cuatro vehículos automotores en condiciones mecánicas óptimas para atender las necesidades del Programa de Gestión Integral de Riesgos, con el objetivo de establecer las acciones de prevención, respuesta, recuperación y ejecución de los protocolos de emergencia necesaria para afrontar lluvias, turbonadas e inundaciones pluviales, así como la amenaza de un huracán o impacto de un ciclón tropical”, se abundó.

El gobierno del Estado pagó por el arrendamiento de las cuatro camionetas un monto mensual de 89 mil 546.78 pesos.

Cabe destacar que el contrato empezó a correr a partir del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, es decir, tuvo una duración de seis meses, por lo que al final, el Ejecutivo pagó 537 mil 280.68 pesos.

Enrique Alcocer Basto

El contrato fue firmado por Carrillo Jiménez y el coordinador estatal de Protección Civil, Jesús Enrique Alcocer Basto, así como por el apoderado legal de la compañía, Francisco José de la Gala Faller.

JUGOSA BASURA

Pese las denuncias que hay en contra de la funcionaria, cuando laboraba en el Ayuntamiento de Mérida, la Secretaría General de Gobierno la contrató, y hasta el momento ya protagonizó dos actos de corrupción.

De acuerdo con el contrato de prestación de servicios número SGG/30/2020, se benefició a Federico Paul Robles Guerrero, gerente general de Ha Tech, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, mientras que en la de folio SGG/31/2020, se privilegió a José Carlos Encalada Ortíz, titular de Servicios de Recolección de Aguas Negras del Sureste, S de RL de CV.

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