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ACTO DE JUSTICIA

Lic. Alberto Woolrich Ortíz/ SOL YUCATÁN En mi pasada colaboración para éste espacio, sostuve conceptos vitales relacionados con la narcopolítica y la justicia, refiriendo que...

DESAFÍO

SECUELAS DE UNA DERROTA

  • Desilusión partidista
  • Adiós al SNTSA
  • Tribunal bajo la lupa

Por Alejandro A. Ruz Ávila

En la política contemporánea la victoria en las urnas no siempre refleja la verdadera dinámica social y política subyacente.

Más allá de los resultados electorales, a menudo se esconde una compleja narrativa de lucha, resistencia y cambio. Tal es el caso de lo que podría describirse como una revolución silenciosa, donde una marea de ciudadanos conscientes y comprometidos logró vencer una ola que inundó el espacio público con discursos de odio, desinformación y manipulación.

En los últimos meses fuimos testigos de un fenómeno político alarmante: el ascenso de movimientos y líderes que han utilizado estrategias insidiosas para manipular la opinión pública y socavar los fundamentos de nuestra incipiente democracia.

A través de la propagación de fake news, replicadas por muchos portales, la utilización de granjas de bots para amplificar el mensaje y la promoción de discursos cargados de odio y división, algunos actores políticos intentaron minar la confianza en las instituciones democráticas y fomentaron la polarización social.

Sin embargo, en medio de esta tormenta de desinformación y manipulación se realizó el trabajo hormiga, un trabajo silencioso pero poderoso.

Pero ninguno intentó desenmascarar las mentiras y manipulaciones ni promovió el diálogo y la solidaridad como antídotos contra el veneno del odio y la intolerancia.

La derrota electoral de una oposición que no ha sabido ser oposición, aunque significativa, es solo un capítulo más de esta historia de resistencia y cambio. Detrás de esos resultados se encuentra el trabajo arduo y constante de miles de personas que se oponían al statu quo.

Durante los últimos meses vimos a las organizaciones políticas y una vorágine de adultos repetir un discurso vago y de odio, sin propuestas concretas, desde las calles hasta las redes sociales, desde las aulas hasta los medios de desinformación y adoctrinamiento.

Nunca encontramos indicios de una revolución silenciosa que desafiara el statu quo y demostrara la fuerza y capacidad de una sociedad que buscaba el cambio, pero ahí estuvo presente.

Las elecciones, por tanto, fueron solo un momento en este proceso más amplio de cambio social y político, reflejo de la lucha constante entre la esperanza y el miedo, entre la inclusión y la exclusión, entre la verdad y la mentira.

Pero más allá de los resultados electorales lo que importa es el legado que dejará el nuevo partido en el poder.

Y aunque la victoria pueda ser dulce, no debemos olvidar que la verdadera batalla por una sociedad justa e igualitaria aún no comienza.

Lo que nos define no son los triunfos fugaces en las urnas, sino el compromiso duradero con la construcción de una sociedad mejor, y en esa tarea, la victoria más importante es la victoria de la dignidad humana sobre la intolerancia y el odio.

Desilusión institucionalizada

Pero si bien la política es un campo de batalla que puede ofrecer victorias y desafíos inesperados, cuando un partido político se prepara para una elección con la confianza de que la victoria está prácticamente garantizada, una derrota repentina puede tener repercusiones devastadoras que se extienden mucho más allá de los resultados inmediatos.

La derrota electoral de un candidato que creyó tener el triunfo asegurado desencadenó una cascada de consecuencias negativas que afectaron tanto al partido en cuestión como a la sociedad en su conjunto.

El golpe a la moral y la confianza es abrumador. Los líderes y seguidores que estaban convencidos de la victoria ahora se encuentran desilusionados, cuestionando sus fallidas estrategias, sus mensajes y, en algunos casos, incluso su identidad política.

Además del impacto interno, esta derrota inesperada socava la credibilidad del partido ante el electorado y el público en general. Los votantes pueden preguntarse si el partido realmente ha comprendido sus necesidades y preocupaciones, o si está, como ha estado casi siempre, desconectado de la realidad.

Esta pérdida de confianza es especialmente difícil de superar, y les llevará años, y quizá décadas, reconstruir una reputación política ya de por sí dañada.

Otra secuela es el caos y la división que ha generado dentro del partido. Las luchas internas por el poder y las culpas han desencadenado conflictos prolongados que dificultan la capacidad del partido para recuperarse y reconstruirse.

La falta de unidad y cohesión debilita aún más al partido, haciendo que sea más vulnerable a futuras derrotas y erosionando su capacidad para cumplir con sus responsabilidades como actor político.

Además, una derrota electoral puede tener consecuencias significativas para la estabilidad política. Como el partido derrotado estaba en el poder, su salida deja hoy un vacío de liderazgo.

Esto los lleva a la incertidumbre política, la inestabilidad económica y social, e incluso a la polarización y el conflicto entre diferentes facciones políticas y grupos de la sociedad.

Esta derrota electoral inesperada es una llamada de atención para el partido derrotado y para el sistema político en su conjunto. Puede servir como un recordatorio de la importancia de la humildad, la autocrítica y la conexión genuina con el electorado.

También puede estimular un proceso de introspección y renovación dentro del partido, llevándolo a reevaluar sus valores, principios y prioridades, y a redescubrir su propósito político en un mundo en constante cambio.

Las secuelas de la derrota electoral de un partido que creía tener el triunfo asegurado serán profundas y duraderas.

Desde el golpe a la moral y la credibilidad hasta la división interna y la inestabilidad política, los efectos negativos van a extenderse mucho más allá de los resultados electorales inmediatos.

Pero también ofrece oportunidades para el crecimiento, la renovación y el fortalecimiento a largo plazo, tanto para el partido derrotado como para el sistema político en su conjunto.

Nuevas opciones en Salud

Y en este contexto político y social cada vez más volátil, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) se enfrenta a una crisis sin precedentes que amenaza su existencia.

La reciente derrota electoral del partido con el que el sindicato mantenía una estrecha relación ya generó un ambiente de incertidumbre que podría llevarlo a su desaparición y ahora enfrenta la posibilidad de una desarticulación forzada.

El impacto de esta situación no solo afecta a los líderes sindicales, sino también a los trabajadores de la salud que dependen de la representación del SNTSA.

El SNTSA, en especial la Sección 67 y la Sección 100 en Yucatán, se encuentra en una encrucijada crítica. La derrota electoral de su partido aliado ha dejado al sindicato vulnerable, y su desaparición se vislumbra como una posibilidad real.

Y es que la situación en el sector salud en la entidad se torna cada vez más compleja con la ya inminente federalización de los servicios. Este cambio prometido por el virtual gobernador, y ahora solicitado con urgencia por el gobernador saliente, trae consigo una serie de repercusiones significativas.

Hoy la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) enfrenta una crisis interna, y en breve una desbandada inminente debido al descontento generalizado entre los trabajadores.

Las tácticas de coacción y las falsas promesas por parte de sus líderes sindicales no lograron convencer a una fuerza laboral cansada de las corruptelas y extorsiones que han caracterizado el manejo del sindicato.

Con la federalización de los servicios de salud, se abre la puerta para la entrada del Sindicato Mexicano de Salud (Simesa) y del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa), dos organizaciones sindicales que hasta ahora habían sido excluidas en Yucatán y a quienes se les había negado la famosa “Toma de Nota” en el estado.

Estos sindicatos, respaldados por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Libre Sindicación, ya tienen la oportunidad de atraer a la mayoría de los trabajadores, incluidos aquellos que estuvieron por años bajo contrato, sin prestaciones y sin las debidas bases laborales.

La llegada de estos sindicatos conllevará importantes cambios para los trabajadores del sector salud. Se espera que puedan acceder a todas las prestaciones que les han sido negadas hasta el momento, así como a una representación sindical más transparente y democrática.

Además, las cuotas sindicales, que antes eran canalizadas al SNTSA, pasarán a engrosar las arcas del Simesa y del Sinaitsa.

Este cambio en el panorama sindical del sector salud en Yucatán tiene el potencial de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de promover una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro de las organizaciones sindicales.

Tribunal bajo la lupa

Se comenta igualmente que con la llegada de la nueva administración estatal los cambios realizados al interior del Poder Judicial del Estado podrían ser revertidos debido a las inconsistencias e irregularidades que han sembrado dudas sobre la integridad y la transparencia de una institución que debería ser pilar de justicia y legalidad.

Se ha argumentado que el Poder Judicial, junto con el Consejo de la Judicatura del estado, han violado flagrantemente el artículo 85 de la Ley Orgánica de Yucatán. No solo eso, sino que han desacatado una orden de un juez federal al imponer jueces de primera instancia sin seguir los procedimientos legales correspondientes.

La urgencia con la que el Tribunal determinó estos nombramientos interinos, a pesar de que la figura del juez interino no está contemplada en el ordenamiento legal, es alarmante.

Según la ley, ante la ausencia de titulares, deberían asumir estas funciones empleados con el mismo cargo o, en su defecto, el secretario de acuerdos. Sin embargo, estas reglas fueron ignoradas.

Además de estos problemas legales y procedimentales, el Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán, representado por Luisa Inés Martín Puc, ha denunciado múltiples casos de despido injustificado.

Otro tema preocupante es el manejo de los recursos financieros del Poder Judicial del Estado. Aún no se ha esclarecido cómo y en qué se están invirtiendo los más de mil millones de pesos presentados al Congreso local en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

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