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¡TESTAFERRO!

  • El abogado penalista Rafael Acosta Solís es un prominente latifundista en esta región del sureste mexicano con participación en más de quince ejidos, aglutinados en diez municipios.
  • “El especulador de tierras”, así lo conocen en el Registro Agrario Nacional; en el ámbito jurídico, lo conocen por liderar una mafia ejido-inmobiliaria con ayuda de jueces del Tribunal Unitario Agrario.
  • En abril de este año demandó a un grupo de periodistas que dieron voz a ejidatarios que denunciaron el robo de tierras por parte de Acosta Solís.

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- El Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria Federal tienen registro de que el ex subprocurador de Justicia de Yucatán, Rafael Acosta Solís es “ejidatario” de quince parcelas aglutinadas en diez municipios del estado, parcelas obtenidas bajo engaños a ejidatarios de la península, de acuerdo a testimonios de campesinos. Son cientos de hectáreas las cuales obtuvo en tráfico de influencias con jueces y magistrados del Tribunal Unitario Agrario Número 34 (TUA).

En la solicitud de información número 1511100060420, rastreada por Grupo Sol en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se da cuenta de que Acosta Solís registró ante el RAN los ejidos Baca, Tixchuncheil en el municipio de Baca; Texán y Anexas en el municipio de Hunucmá; Tamanché en Mérida; Ejidos Chelem y San Ignacio en la zona costera de Puerto Progreso; ejidos Kuchel y Samahil en el municipio de Samahil.

Así como el ejido Justo Sierra en Tekax; ejidos Tixpéhual; ejidos Bolón, San Antonio Poxilá y Umán en el municipio de Umán; ejido Valladolid en ese mismo municipio de plusvalía internacional y el ejido Yaxkukul, en el municipio del mismo nombre.

De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN), el prominente abogado habría obtenido estos quince ejidos mediante asambleas realizadas entre mayo del 2011 y abril del 2019.

Es verdad que no existe una ley que prohíba tener los derechos que este sujeto tiene, pero lo que también es cierto es que para ser avecindado tiene que vivir, por lo menos dos años en la comunidad; requisito que no cumple.

De igual forma, una vez que logre tener el avecindamiento podría obtener el derecho de ser ejidatario, pero, siempre y cuando trabaje las tierras como todos los campesinos, según dijeron ejidatarios.

Sin embargo, en todos lados, este ex funcionario estatal afirmó que los derechos se los otorgaron a través de asambleas, pero los verdaderos ejidatarios han desmentido que las asambleas hayan sido legales, es decir, se llevaron a cabo sin el consentimiento de la mayoría de los campesinos porque Acosta durante muchos años ha corrompido con dinero a comisarios ejidales.

Desde 2021 y en lo que va del 2022, ejidatarios y organizaciones campesinas han protestado a las puertas del Tribunal Unitario Agrario para quejarse por tráfico de influencias y corrupción del ex subprocurador, Rafael Acosta, quien –de acuerdo a testimonios de campesinos– trae una relación de tráfico de influencias con el magistrado agrario Luis Betancourt Sánchez.

De ser un simple regidor priista en Mérida, Rafael Acosta empezó a despegar en la política al lado de los entonces gobernadores, Víctor Cervera Pacheco e Ivonne Ortega Pacheco, alcanzando en el 2009 el cargo de subprocurador estatal; una vez ahí, tejió relaciones en el aparato judicial y los tribunales agrarios.

Acosta Solís se presenta como un exitoso abogado penalista quien se especializa en asuntos civiles como tramitar divorcios de forma exprés, con un despacho especialista en acordar pensiones alimenticias; debajo de ese traje sastre de litigante exitoso, Rafael Acosta es uno de los latifundistas más voraces conocidos en el sureste mexicano.

La ecuación del exedil es simple: convenció y presionó a ejidatarios y campesinos de venderles sus tierras hace una década a un precio por debajo de su valor, bajo el argumento de que no eran productivas, ni cultivables y ahora las revende en millones de pesos para la construcción de desarrollos turísticos e inmobiliarios de gran plusvalía en la Península de Yucatán.

A través de solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia particulares preguntaron al Registro Agrario Nacional (RAN) si Rafael Acosta poseía ya ejidos en las entidades de Campeche y Quintana Roo, sin embargo, la dependencia federal contestó que tras una búsqueda exhaustiva no había encontrado registro alguno.

En abril de este año, Acosta demandó a un grupo de periodistas de la región de Yucatán que únicamente dieron voz a ejidatarios que se quejaron del “robo de tierras” por parte de Acosta Solís. Esos mismos reporteros, cubrieron las protestas campesinas.

Asimismo, en los últimos tres meses, el especulador de tierras ejidales Rafael Acosta Solís ha interpuesto cerca de 10 denuncias penales en contra de medios de comunicación, entre ellos el Corporativo Grupo Sol, querellas que son consideradas como absurdas y carentes de sustento legal, ya que la información publicada está sustentada con documentos oficiales firmados y se cuenta con declarantes, además que hay audios y videos que implican al polémico exfuncionario protegido por el gobernador Mauricio Vila.

EL CONSENTIDO DE VILA DOSAL

El gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal protege a Rafael Acosta y fomenta la corrupción, porque a través de la Secretaría de Desarrollo Rural se burla de las sentencias emitidas por el Tribunal Unitario Agrario en contra del jeque de la península. Además, es imposible que el más grande depredador de tierras en Yucatán pueda actuar con total impunidad, sin la venia y protección del aspirante a la presidencia de la república.

Como botón de muestra, después de publicar la sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 34, donde se ordena al abogánster Rafael Acosta Solís, también asesor del ejido de Motul, que devuelva dos mil hectáreas que vendió a 55 personas (entre ellas, el actual presidente municipal de dicho municipio, Roger Rafael Aguilar Arroyo), se dio un fuerte incidente en el que la abogada de los campesinos, Dariana Quintal, manifestó que trataron de intimidarla para que no siga con las denuncias de los afectados.

La licenciada Quintal sostiene que fue un ataque provocado, donde había consigna, incluso apuesta que el motivo se debió su defensa a los ejidatarios de Motul, un caso que involucra incluso al gobernador Mauricio Vila Dosal porque, ¿cómo es que no está al tanto?

Tales fueron las denuncias que realizó Dariana Quintal ante Sol Yucatán con documentos oficiales, que fue chocada cuando conducía su vehículo por un prepotente funcionario del Gobierno del Estado. Por si fuera poco, también fue vejada por la policía estatal, cuyos elementos femeninos, en compañía del perito de tránsito, le doblaron los brazos hacia la espalda para ponerle doble grillete y privarla de la libertad por aproximadamente 18 horas.

LICENCIA PARA MATAR

El caso de violencia sufrido por la licenciada Dariana Quintal no es el único, ya que Acosta Solís, acusado ante todas las instancias agrarias y denunciado penalmente en la Fiscalía General del Estado (FGE), ofreció 10 mil pesos a ejidatarios de Samahil para que pararan el proceso de las demandas en su contra, porque niega rotundamente ser el sujeto que aparece en un video robándose un bulto con dinero y documentos, propiedad de uno de los campesinos.
Cuando los honestos ejidatarios se negaron, Acosta Solís subió la cantidad a 20 mil pesos para cada uno, después a 30 mil y enseguida a 50 mil y finalmente a 70 mil pesos.

“Nosotros no queremos dinero, queremos llegar a un acuerdo, que admita que es él quien se llevó el bulto, que salga de nuestro pueblo en Samahil y que regrese las tierras de las que se apoderó ilegalmente, con la complicidad de malos comisariados como Abdaliano Poot Moo, Silverio Chacón Coyoc y el actual Filomeno Baas Alonso así como la extesorera Irma Yam Tutzin, todos al servicio de este licenciado”, dijo Lorenzo a Sol Yucatán.

Pero los ejidatarios obtuvieron represalias por denunciar la corrupción, Wilberth fue atacado de muerte, aunque por fortuna sobrevivió a este cobarde atentado, presumiblemente por gente pagada por Acosta Solís, afirmaron los campesinos.

Para finalizar, ejidatarios de municipios del estado han realizado todo tipo de denuncias, pero la Fiscalía nunca procede, lo que confirma que Rafael Acosta es el consentido de Mauricio Vila Dosal, mismo que lo respalda en todas las acciones ilegales y tiene, incluso, a la policía estatal como encargada de intimidar a los que se rebelan contra los despojos que se cometen para beneficio de los grandes grupos enquistados en el poder.

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