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TRAFICANTE DE INFLUENCIAS

  • El traslape de funcionario a empresario corrompió aún más a Juan José Fernández Mendoza, ya que desde de 2015 brinda sus servicios a alcaldes del oriente del estado.
  • Tal como ocurrió en Valladolid, cuando el entonces edil Enrique de Jesús Ayora Sosa le entregó un contrato a modo por cerca de dos millones de pesos.
  • La ambición del contratista aumentó de manera notable a partir de 2018, cuando su yerno Mario Alberto González González se convirtió en el presidente municipal de Tizimín.

Redacción/Sol Yucatán

Valladolid.- El traslape de funcionario a empresario corrompió aún más a Juan José Fernández Mendoza, ya que desde hace más de siete años brinda sus servicios a alcaldes del oriente del estado, tal como ocurrió en Valladolid, cuando el entonces edil Enrique de Jesús Ayora Sosa le entregó un contrato a modo por cerca de dos millones de pesos.

La ambición del contratista aumentó de manera notable a partir de 2018, cuando su yerno Mario Alberto González González se convirtió en el presidente municipal de Tizimín, por lo que se sirvió con la cuchara grande y lo peor de todo, el edil aún no transparenta las acciones que efectuó en su trienio.

Fernández Mendoza es una persona física y para evadir impuestos utiliza su predio como centro de negocios, el cual está ubicado en la calle 42 número 164 entre 23 y 25 de la colonia Santa Lucía, de Valladolid.

De acuerdo con la información encontrada, empezó a destacar durante la administración del edil de Valladolid, Roger Alcocer García, en el período de 2012 a 2015, cuando formó parte del consejo de participación ciudadana y el comité de seguridad.

Posteriormente, empezó vio que había muchos negocios y empezó a figurar como contratista, y por ende, participó en convocatorias amañadas, ya sea para su beneficio personal o para simular como uno de los participantes.

Como botón de muestra, el 15 de diciembre de 2020, Ayora Sosa y Fernández Mendoza suscribieron el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FISM-R33-102-030-2020-LP, relativo a la “Construcción de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado en Valladolid, localidad de Tahmuy”.

Aunque el procedimiento para la asignación fue a través de una licitación pública, en ningún momento se dio a conocer el número de licitantes, y mucho menos los resultados de la evaluación de la propuesta ganadora, entre otros detalles.

A pesar que carece de una empresa constituida, en el documento aseveró que “tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato”.

Pese a estas irregularidades, el munícipe le asignó un techo financiero por un millón 942 mil 154 pesos para la realización de las obras de vialidad.

Por otro lado, el costo total de los trabajos fue financiado con recursos provenientes del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism) del ejercicio 2020.

Asimismo, el municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 582 mil 646 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El plazo de ejecución de la obra objeto fue de 90 días naturales, por lo que el trabajo inició el 16 de diciembre de 2020 y la labor concluyó el 15 de marzo de 2021, sin embargo, no hay pruebas del fin de la misma.

El contrato está compuesto de 25 cláusulas, distribuidas en 12 fojas, en el cual no se especificó la dirección de las calles donde se efectuaron las obras, mucho menos los detalles de los beneficiarios, entre otros datos de interés.
Lo peor de todo, no hay constancia de la entrega de la obra, ni documentos o evidencia fotográfica de la realización de los trabajos.

Por ende, fue flagrante la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

En el documento aparecen los nombres de los firmantes, tal el caso del edil y el contratista, así como del secretario municipal, Ramón Isaí May Tuz y el director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vías Terrestres, Iván Agustín Pineda Alcocer, sin embargo, ninguno de ellos estampó su respectiva rúbrica.

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