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  • El gobierno estatal benefició a la empresa Promologistic, una de las empresas favoritas del titular del Ejecutivo, con un contrato directo por más de doce millones de pesos para el “mejoramiento” de la Universidad de la Artes de Yucatán
  • Anomalías en el manejo de recursos federales: contratos sin licitación, pagos indebidos, favorecer a determinadas empresas e incumplir con obligaciones de transparencia

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- En continuidad a la corrupción establecida por Rolando Zapata Bello, el gobernador Mauricio Vila Dosal destinó en 2021 un monto superior a 12 millones de pesos para el “mejoramiento” de la Universidad de las Artes de Yucatán, por lo que es evidente el desvío de recursos establecido a favor de la educación.

En esta ocasión, la anomalía se cometió a través del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey), en beneficio de una de las empresas favoritas del titular del Ejecutivo.

El pasado 29 de enero, se emitió el fallo de la licitación LO-931037999-E106-2020, consistente en el mejoramiento del plantel ubicado en lo que fuera la Estación de Ferrocarriles, mejor conocida como “La Plancha”.

Tras desechar varias propuestas, se eligió a Promologistic, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que “cumple con los requisitos técnicos y económicos requeridos”.

Por ende, se le destinó un monto por 12 millones 62 mil 372.54 pesos, y de manera inmediata, el Idefeey le dio un anticipo de seis millones 31 mil 686.27 pesos, es decir, el 50 por ciento del total.

De acuerdo con el documento firmado por el jefe de concursos, Gabriel José Carlos Delgado Parra, en poder del Sol Yucatán, el contrato fue firmado el 2 de febrero del año en curso.

Aunque la obra se debió de ejecutar en un plazo de 182 días naturales, hasta el momento no se entrega, al menos, de manera oficial.

Desafortunadamente, en el documento no se especifica las labores a realizar en este inmueble, considerado como Patrimonio Histórico de Yucatán.

CONFLICTO AÑEJO

En 2020, en una revisión aleatoria a diez contratos entregados por la Idefeey a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró irregularidades en ocho.

Diversas fueron las anomalías cometidas en el manejo de recursos federales, tales como adjudicar contratos sin licitación, realizar pagos indebidos, favorecer a determinadas empresas e incumplir con obligaciones de transparencia.

Tal el caso de firmar varios contratos con dos empresas de Ciudad de México, al parecer propiedad de los mismos socios, para realizar obras de modernización en planteles escolares y dotarlos de equipos de cómputo, aunque la especialidad de esas compañías son la logística y la venta de sistemas de control administrativo.

Según la ASF, “una vez analizadas las evidencias documentales” halladas en la revisión de la operación del Idefeey con recursos federales, y “aplicado el instrumento de valoración determinado para esa revisión”, se obtuvo un promedio general de eficacia de esa dependencia de 24 puntos, de un total de 100, “lo que ubica al Instituto en un nivel bajo”.

Ante las diversas anomalías que ha cometido el Idefeey, numerosos empresarios han denunciado las anomalías, tal como ocurrió en septiembre de 2020.

Ejemplo de ello es Roberto Carlos Figueroa Cerritos, presidente de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos (UNCE), quien exhortó a Vila Dosal a investigar las denuncias sobre las presuntas anomalías cometidas por el Instituto en la licitación de un contrato de obra.

En un manifiesto dirigido a la opinión pública y fechado en Ciudad de México expresó que “estamos preocupados porque nuestros asociados en Yucatán han manifestado que en las licitaciones públicas no se está respetando el marco normativo establecido, generando opacidad en detrimento de la confianza que un gobierno debe forjar hacia sus ciudadanos”.

La UNCE, que agrupa a asociaciones de constructores del ramo eléctrico de 18 entidades del país, advierte también sobre “los recurrentes actos que vulneran el estado de derecho realizados por el gobierno del estado de Yucatán a través del Idefeey y de su director Luis Jorge Montalvo Duarte”.

Luis Jorge Montalvo Duarte

El exhorto de Figueroa Cerritos ocurrió a un mes de la denuncia del empresario Jorge Toledo Fuentes, socio de la UNCE, en contra del Idefeey, por adjudicar, según él, una obra de electrificación, no obstante las numerosas irregularidades y fallas registradas en su proceso de licitación.

Roberto Carlos Figueroa Cerritos

Cabe destacar que la obra que se concurso fue la reubicación de líneas eléctricas de alta y media tensión en el paso superior vehicular “Avenida 70”, en el kilómetro uno de la carretera Mérida-Tetiz.

En la licitación, realizada en junio de 2020, funcionarios del Idefeey cometieron “omisiones flagrantes irregularidades y actos contrarios a la ley”, expresó Toledo Fuentes en su denuncia, al parecer para favorecer a la empresa Infraestructura CER, S.A. de C.V., propiedad de Josué Emir Rodríguez Sabido.

Asimismo, estableció que el Idefeey no acreditó debidamente a su representante en el proceso de adjudicación y las respuestas dadas por sus funcionarios a sus preguntas en la junta de aclaraciones “fueron completamente vagas e imprecisas”.

Sin embargo, el argumento principal para descalificarlo fue que la empresa de Toledo Fuentes no presentó la constancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de cumplir con las medidas de prevención necesarias ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Jorge Toledo Fuentes

Por este motivo, el Instituto desechó su propuesta, que fue la más baja de las tres presentadas al concurso.

Incluso, de acuerdo con el empresario, esto no es razón para eliminarlo del concurso, además de que el Idefeey nunca le entregó un documento específico con el análisis comparativo de su propuesta económica y técnica y de las razones para desecharlas, “tal y como lo marca la ley”.

Ante todas las anomalías expuestas, el afectado denunció los hechos en la Contraloría estatal, pero esta dependencia rechazó sus argumentos, por lo que optó por interponer una querella en el Tribunal de Justicia Administrativa para suspender la obra y reponer el proceso de licitación.

En su escrito, Figueroa Cerritos afirmó que los agremiados de la UNCE “cuentan con las credenciales y competencias reconocidas en todo el país, como profesionales de primer nivel, que cumplen en tiempo y forma todos sus compromisos con la mejor calidad, más allá de las exigidas por la ley”.