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VIVE DEL PRESUPUESTO Y YA PACTÓ UNA REGIDURÍA

Fuertes críticas recibe el Profesor Joaquín Chable Martin, tras reactivar el comité municipal del Partido Revolucionario Institucional de Buctzotz con el lema "el PRI aún vive".

SE LE VA EL NEGOCIO A ALFREDO FERNÁNDEZ

VALLADOLID: SE ACABARÁN LOS MOCHES

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Homero Novelo Burgos, candidato a la alcaldía de Valladolid por Morena, dijo que se acabarán los moches en Valladolid. Lo principal es detonar al turismo en el oriente, donde lo principal no es sangrar en impuestos a manos llenas a los empresarios del turismo, sino que les cobrarán lo justo y no a base de mochadas.

Puntualizó que además se llevará el sector salud hasta en el último rincón de cada comisaria con atención médica, brindar los medicamentos más necesarios y velar por la salud de todos del municipio.

También se comprometió en mejorar la atención en el basurero municipal y brindar apoyo a los trabajadores que de allí dependen.

Destacó tener la certeza en cuanto a seguridad pública brindando atención a todos los sectores tanto de la cabecera, así como en todas las localidades de las 38 que pertenecen al municipio.

También en el ramo educativo estar pendiente de todos los centros educativos, trabajando para que se brinda atención en materia educativa

Rey del Moche

La administración de Alfredo Fernández ha estado lleno de escándalos por el cobro de moches a empresarios, quienes muchos de ellos han decidido trasladarse a otro lugar. A continuación, el reportaje público en su momento sobre estas denuncias

En el Ayuntamiento de Valladolid opera una red que se dedica a extorsionar a empresarios que buscan establecerse en la llamada sultana del Oriente, ante el crecimiento del municipio y generar empleo.

La red de extorsión está encabezada por el propio alcalde Alfredo Fernández Arceo, quien se ha hecho millonario con los moches que le cobra de manera ilegal a los empresarios.

Empresarios inmobiliarios, gasolineras, maquiladores, restauranteros, entre otros, alzan la voz contra el presidente municipal de Valladolid, ya que están cansados que todos sus proyectos estén frenados con trabas municipales y sobre todo por el cobro excesivo de moches.

Esto con el fin de cobrarles millonarios moches de acuerdo la inversión que realicen en el municipio, el modus operandi es el siguiente, cuando un inversor llega a Valladolid se encuentra con un sinfín de documentos y tramites por realizar en diferentes áreas de la administración municipal, como por ejemplo la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Protección Civil, Catastro, Tesorería, entre otras.

Tras cumplir y pagar los derechos la carpeta se traslada a presidencia para la firma del edil panista, sin embargo, es allá donde se congela.

Pasan semanas y meses sin que se tenga noticias sobre la conclusión del trámite y los permisos y por lo tanto no pueden apertura el negocio.

En su desesperación los empresarios buscan hablar con el edil, para destrabar el trámite y que puedan abrir su negocio.

Sin embargo, el alcalde no les recibe las llamadas, no les da audiencias, ni tampoco les contesta los mensajes, es decir, los “ahoga” en su propia desesperación.

Tras ello envía a su operador, identificado como Genaro Martínez Itzá, un estilista profesional, quien les propone destrabar su trámite en cuestión de horas a cambio de un moche que va de 1 a 10 millones de pesos, dependiendo del monto de inversión.

Martínez Itzá, recibe el 20 por ciento por cada cobro que realice a los empresarios, con el dinero ha montado un salón de belleza en el fraccionamiento Campestre en el Norte de Mérida y ha podido viajar a diferentes partes del Mundo y costear sus excentricidades.

Muchos empresarios en su desesperación han aceptado pagar y efectivamente el trámite se descongela y han logrado abrir su empresa, mientras que otros aún siguen esperando.

Empresarios, aseguraron a Sol Yucatán, que están cansados de las corruptelas y la extorsión de las que son víctimas.

“Aquí los delincuentes son gente del propio Ayuntamiento de quienes hay que cuidarse, ya que además sufren de las extorsiones de la policía municipal”, aseguraron.

Algunos empresarios han interrogado a Martínez Itzá sobre la veracidad de su propuesta, por lo cual él ha asegurado de que es un íntimo amigo de Fernández Arceo y que con una sola llamada puede solucionar su problema.

Además, aseguran que acuden a visitarlo en nombre del edil, quien previamente les proporcionó los datos de Martínez Itzá para negociar.

Fernández Arceo, no sólo estaría incurriendo en actos deshonestos, sino que también estaría violando la Ley de datos personales, que, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, a quien incurra en este delito podría recibir una pena que va de seis meses hasta cinco años de prisión.

Asimismo, los afectados podrían denunciar ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) por violar la protección de datos personales donde pudiera ser multado hasta con un millón de pesos.

Las personas que se niegan a pagar, simplemente su trámite se queda en la congeladora y se les bloquea en tramites o solicitudes posteriores en toda la administración municipal.

“Sabemos que hay proyectos que tienen dos años, el tiempo que ha estado al frente el edil panista”.

El cobro de millonarios moches ha generado que muchas grandes empresas decidan emigrar a otros municipios de Yucatán ocasionando fuga de capital y la falta de generación de empleos.

Fuentes de Sol Yucatán, aseguran que esta situación ya se ha planteado a las cámaras y al propio gobernador, Mauricio Vila Dosal, sin embargo, el mandatario protege al edil panista, quien en la próxima contienda electoral buscara la reelección con la protección panista.

De acuerdo a la Secretaría del Trabajo de Yucatán, de los municipios con más de 40 mil habitantes, Valladolid es el tercer municipio con la menor cifra de generación de empleos, en gran parte se puede deber a que el Ayuntamiento con tal de cobrar millonarios moches o extorsiones ahuyenta a las empresas que quieren instalarse en la sultana del Oriente.

Asimismo, la Comuna de Valladolid ha sido señalada por el cobro de moches a empresas constructoras a cambio de la asignación de contratos de adjudicación directa o por licitación a modo.

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