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VILA DESAPARECERÁ A LOS ESCRIBANOS PÚBLICOS DE YUCATÁN

  • El Gobernador mandó al Congreso una iniciativa de reforma a Ley del Notariado del Estado que incluye la extinción de los escribanos yucatecos, que se da por hecho que será aprobado por diputados panistas, pues sólo se requiere mayoría simple.
  • En lo que va de la administración de Vila Dosal, es la tercera ocasión en que los escribanos públicos son sometidos, y ahora, bajo el pretexto de “combatir” la mafia agrario-inmobiliaria que preside el titular del Ejecutivo.

Redacción/Sol Yucatán

Los escribanos públicos de Yucatán están en vías de extinción, debido a la nueva iniciativa de reforma a la Ley del Notariado del Estado y diversas leyes estatales en materia de fe pública, que el gobierno de Mauricio Vila Dosal presentó el pasado lunes 9

Se da por hecho su aprobación, al menos por parte de los diputados del Partido Acción Nacional, ya que sólo se requiere de mayoría simple para su aprobación.

En lo que va de la administración de Vila Dosal, es la tercera ocasión en que los notarios y escribanos públicos son sometidos, y ahora, bajo el pretexto de “combatir” la mafia agrario inmobiliaria que preside el titular del Ejecutivo.

El 17 de enero de 2019, el gobierno del Estado removió definitivamente de su cargo a 21 escribanos públicos y suspendió por un plazo de 180 días a dos notarios públicos, por considerar que faltaron a la probidad y honradez que deben tener en el ejercicio de sus funciones.

El consejero jurídico del Estado, Mauricio Tappan Silveira, anunció que las acciones fueron resultado de un trabajo conjunto entre el Consejo de Notarios de Yucatán con el fin de garantizar la legalidad y seguridad jurídica de los ciudadanos que se han visto perjudicados con las fallas y omisiones algunos fedatarios.

Por primera vez desde que se promulgó la Ley del Notariado del Estado de Yucatán (2011), se hicieron valer los artículos 126 y 148, fracción III, inciso H, que hablan acerca de las sanciones a las que pueden ser acreedores quienes no desempeñan correctamente sus funciones.

Los escribanos destituidos que fueron notificados son José Rafael Hoil Martín (Dzitás), Israel Puc Quintal (Hunucmá), Wilberth Candelario Hau Chan (Maní), Didier Quezada Puch (Progreso), Julio César Rodríguez Santamaría (Sacalum), Andrés Ismael Santana Fraga (Sotuta), José Ismael Dzul Collí (Teabo), Carlos Chulim Interián (Ticul), Shanue Alejandro Patrón Correa y Guillermo Raúl Tamayo Ramírez (Mérida), y Carlos Jiménez Amaro (Kanasín). El resto todavía no recibía oficialmente el oficio para separarse del cargo.

Posteriormente, a partir del 20 de diciembre de 2021, más de 30 escribanos públicos iniciaron una serie de amparos en contra del Gobernador por denegación de justicia y cancelación de sus funciones, al no prorrogar el plazo para que continúen con sus funciones de fedatarios en Mérida y otras ciudades del interior del Estado.

Desde la anterior Legislatura se gestiona la ampliación del plazo laboral, pero no hubo respuesta alguna, a excepción de la actual, la cual les dio hasta el 31 de diciembre de dicho año.

En la Legislatura anterior se efectuó el dictamen de las reformas a la Ley del Notariado Público del Estado, en las que contenía una ampliación del plazo para que continúen en funciones, pero lo “congeló” el entonces presidente de la mesa directiva, diputado priista Luis Borjas Romero.

Entre los notarios que prepararon sus amparos está su dirigente, Ramón Indalecio Leyva Chávez, así como Jorge Carlos Moguel Rodríguez, Ariel Fidencio Estrada Estrada, Brígido Sánchez Aguilar, Eduardo José Flores López, Enrique Chuc Chablé, Francisco Novelo Cervantes, José Manuel Cabañas González (estos dos últimos de Tekax), Melba Margarita Rassam Peniche, de Progreso, y Judith Zumárraga Meléndez.

La tercera estocada se dio el pasado lunes 9, que de acuerdo con el comunicado oficial, “para continuar con la modernización y el fortalecimiento de la función notarial, evitar malas prácticas, combatir la mafia inmobiliaria y los despojos ilegales, sobre todo a los que menos tienen, así como fortalecer la labor de los fedatarios, Vila Dosal envió al Congreso local una nueva iniciativa de reforma a la Ley del Notariado del Estado y diversas leyes estatales en materia de fe pública, que permitirá actualizar el marco jurídico de dicha normativa, a fin de garantizar a los ciudadanos una mayor certeza jurídica”.

La iniciativa fue entregada por el consejero Jurídico, Yussif Heredia Fritz, al secretario General del Congreso yucateco, Adrián Anguiano Aguilar.

Con la propuesta, se busca lograr una supervisión más efectiva en las Notarías Públicas, quitando espacio a la corrupción y previniendo casos de despojo u otras anomalías, lo que resultará en un sistema con mayor seguridad, para que se puedan revisar los trámites.

“Las prácticas de fraude, por parte de loteros en todo el territorio, es uno de los más graves problemas que se resolverá con la reforma, ya que estos grupos se aprovechaban de los vacíos legales para concretar compras, por precios distintos o contratos fantasmas, abusando de la buena fe de las personas que buscaban vender su patrimonio”, se menciona en el boletín de prensa.

La reforma a la mencionada ley propone fortalecer a la Consejería Jurídica en cuanto a las facultades de vigilancia, inspección y sanción a Notarios y aspirantes.

Entre las novedades que trae consigo la propuesta, también destacan pruebas psicométricas, aplicadas por los Servicios de Salud del Estado, entre los requisitos para solicitar examen de aspirante y el de Notario Público, el establecimiento de las figuras de asociación entre Notarios Públicos y Permuta de Notarías Públicas.

También se prevé la creación de nuevos sistemas informáticos, donde se registren instrumentos notariales y protocolos electrónicos, así como la digitalización de los instrumentos notariales, para que los trámites puedan ser revisados y así evitar malas prácticas.

Otras de las novedades contempladas en dicha reforma, es que se promueve la reparación del daño vía la conciliación, protegiendo a las y los yucatecos que realicen algún trámite notarial y evitando las malas prácticas.

Estas modificaciones se suman a la reciente reforma de la Ley Notarial, con la que se modernizó este sistema en Yucatán, que se regía por una ley que no se actualizaba desde 1994, con mecanismos antiguos que eran un freno al desarrollo y eran insuficientes para atender a la población.

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