*En tan sólo cinco meses ya superó el monto que en su momento solicitó Ivonne Ortega Pacheco y Zapata Bello. En esta administración se duplicaría la deuda bancaria, heredará un Estado más pobre y dejará sin liquidez a sus sucesores
*Bajo el argumento de establecer estrategias para minimizar el impacto del Covid-19, fue descarado el desvío de recursos, en beneficio de sus amigos de partido
*Vila Dosal y Luis XIV tienen mucho en común, al cumplir a pies juntillas de que «el Estado soy yo», pues de manera frecuente hace a un lado al Poder Legislativo en la toma de decisiones, tal el caso de los empréstitos
Redacción /Sol Yucatán
Mérida. – En la historia reciente de Yucatán, Mauricio Vila Dosal se convierte en el Gobernador que más ha endeudado a su Estado y, bajo el argumento de establecer estrategias para minimizar el impacto del Covid-19, fue descarado el desvío de recursos, en beneficio de sus amigos de partido.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que la presencia e impacto del Covid-19 provocó en México que 12 gobiernos estatales optaran por contratar financiamientos, tal es el caso de Yucatán, cuyo monto fue superior al resto de las otras entidades federativas.
Asimismo, durante la interrupción temporal de la actividad escolar, laboral y recreativa, así como la movilidad en el espacio público ocasionada por la pandemia, la deuda pública de los gobiernos estatales disminuyó en 1.3 por ciento a tasa anual real.
Vila Dosal y Luis XIV tienen mucho en común, al cumplir a pies juntillas de que «el Estado soy yo», pues de manera frecuente hace a un lado al Poder Legislativo en la toma de decisiones, tal el caso de los empréstitos.
Sin autorización alguna del Poder Legislativo, el Gobernador Mauricio Vila Dosal solicitó dos préstamos bancarios por un monto total por 300 millones de pesos, ante la falta de liquidez que prevalece en el Estado para el pago inmediato de productos y servicios.
Incluso, de obtener un nuevo empréstito, Mauricio Vila Dosal sería el Gobernador que más deuda pública bancaria ha dejado en la última década, pues en cinco meses igualaría el monto de los créditos solicitados por sus dos antecesores, Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello.
Es decir, en esta administración se duplicaría la deuda bancaria y, por ende, heredaría un Estado más pobre y dejaría sin liquidez a sus sucesores.
Por lo pronto, el Gobernador, emanado por el Partido Acción Nacional (PAN), ya solicitó cuatro créditos, dos de ellos por un monto de 300 millones de pesos y que no fueron autorizados por el Congreso del Estado.
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado reveló que, en tan sólo una década, Vila Dosal es el Gobernador que más ha endeudado a Yucatán, incluso, en tan sólo cinco meses ya superó el monto que en su momento solicitó Ortega Pacheco, así como Zapata Bello.
De 2011 a la fecha, el Gobierno del Estado ya obtuvo 11 empréstitos y obligaciones, por lo que la deuda pública bancaria de Yucatán es de 11.3 mil millones de pesos, sin incluir los intereses correspondientes al dinero prestado por el Ejecutivo local.
El dinero adquirido fue utilizado para distintos fines, tal es el caso del Museo del Mundo Maya, el Hospital de Tekax, así como para las dos estrategias de seguridad e, incluso, para hacer frente al Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-CoV-2), causante de la enfermedad Covid-19, entre otros proyectos.
Por lo pronto, Vila Dosal es el Gobernador que más dinero ha prestado en una década, el 40 por ciento de la deuda pública bancaria, seguido de Zapata Bello y, en menor medida, Ortega Pacheco, según el documento oficial.
Asimismo, reveló que los dos préstamos recientemente adquiridos son los primeros en vencer, en mayo de 2021, pues tuvieron un plazo de un año, y el de más largo plazo concluye en 2039, es decir, los siguientes tres gobernadores están ya comprometidos a pagar el dinero solicitado.
De acuerdo con el Registro Empréstitos y Obligaciones del Estado de Yucatán, el Ejecutivo local ya efectuó 11 acciones, la mayoría de ellas con la autorización del Congreso del Estado, con un monto total por 11 mil 335 millones 24 mil 318 pesos.
El monto aumentaría en 15.2 por ciento, si los diputados autorizan a Vila Dosal la adquisición de mil 728 millones de pesos, es decir, la deuda ascendería a 13 mil 63 millones 24 mil 318 pesos.
Durante la administración de Ortega Pacheco fueron tres las transacciones efectuadas, entre 2011 y 2012, por un monto total de tres mil 19 millones 175 mil 594 pesos, lo que representa el 26.6 por ciento del total de la deuda que prevalece en la Entidad.
Mientras que, durante el sexenio de Zapata Bello, fueron cuatro las operaciones, por un monto por tres mil 895 millones 848 mil 724 pesos, el 34.4 por ciento, de las cuales, dos se llevaron al cabo en 2013, 2016 y 2017.
En el caso de Vila Dosal son cuatro los préstamos, por un monto por dos mil 920 millones de pesos, el 39 por ciento, uno efectuado en 2019 y tres en este año.
Del total de préstamos, seis son por crédito simple, dos son obligación a corto plazo, cifra similar de obligación relacionada con asociaciones público-privadas y la restante aún no se especifica en la página de transparencia de la SAF.
Asimismo, del total de empréstitos, cuatro fueron otorgados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), sociedad Nacional de Créditos; cuatro a igual número de instituciones bancarias; uno a la Promotora de Cultura Yaxché, uno a Infraestructura Hospitalaria de la Península y el restante aún sin especificar.
En cuanto al destino del monto solicitado, ocho proyectos son para «Inversión pública productiva», dos son para «cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporales» y una aún sin especificar.
En torno al plazo a pagar, tres empréstitos son 240 meses; dos por 300 meses; cifra similar por 180 meses; un par por 12 meses; uno por 252 meses y el restante, aún sin especificar.
Asimismo, en cuanto al recurso afectado como fuente de pago o de garantía para las obligaciones contraídas, siete corresponden al Fondo General de Participaciones; uno al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; dos fueron asignadas como «No aplica» y la restante, aún sin especificar.
El dueto del PRI
De acuerdo con la SAF, el 14 de junio de 2011 se firmó un contrato con la Promotora de Cultura Yaxché, por obligación relacionada con asociaciones público-privadas, por un monto de 770 millones 425 mil 584 pesos, con fecha de vencimiento para el 13 de junio de 2032.
Asimismo, el 22 de julio de 2011, Banobras otorgó un crédito simple por mil 300 millones de pesos, el cual vencerá el 28 de febrero de 2036.
El 14 de septiembre de 2012, Infraestructura Hospitalaria de la Península dio un monto por 948 millones 750 mil pesos, el cual vence en la misma fecha de 2037.
En 2013, Banobras otorgó dos créditos a Zapata Bello, el primero fue el 8 de abril, por 948 millones 750 mil pesos; el segundo por mil 591 millones 380 mil 113 pesos, con fecha de vencimiento para el 5 de junio de 2033 y el 28 de noviembre de 2028, respectivamente.
Posteriormente, el Grupo Financiero Banorte entregó mil 500 millones de pesos, el 20 de octubre de 2016, con fecha de vencimiento para el 8 de diciembre de 2031, monto destinado para el desarrollo del «Programa Escudo Yucatán».
Banobras, nuevamente otorgó un crédito, el 9 de noviembre de 2017, por 487 millones 200 mil pesos, el cual vence el 25 de octubre de 2037.
Los más recientes
El primer empréstito que efectuó Vila Dosal fue por dos mil 620 millones de pesos, otorgado por el Banco Nacional de México (Banamex), el 6 de noviembre de 2019, para el desarrollo de la iniciativa «Yucatán Seguro», la cual contempla la adquisición de equipo y herramientas tecnológicas que contribuyan a mantener y mejorar los estándares de seguridad que caracterizan al Estado, y con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2039.
La SAF anexa dos créditos por 300 millones de pesos, de tipo «Obligación a corto plazo», otorgados el 7 de abril de 2020, con duración de un año, dinero destinado para «cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporales».
El Grupo BBVA Bancomer otorgó 200 millones de pesos, mientras HSBC México entregó 100 millones de pesos, cuyos plazos vencen el 6 de abril de 2021.
El pasado 31 de marzo de 2020, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la ampliación presupuestal de $1,500 millones al Ejecutivo Estatal, en materia de prestación de servicios de salud, desarrollo económico, protección del empleo y protección social, para la implementación del Plan de Contingencia, Protección al Empleo y Reactivación Económica en Yucatán, derivado de la contingencia sanitaria del Covid-19.
Sin embargo, la SAF no presentó los detalles del empréstito con el cual se financió el Plan de Apoyo e Incentivos Económicos para las Familias y Empresas de Yucatán.
Recientemente, el Ejecutivo local presentó al Legislativo la contratación de un crédito por mil 728 millones de pesos, para el desarrollo de un plan de reactivación económica ante el impacto ocasionado por el Covid-19, cuyo dinero se destinará a obra pública que genere empleo.
Deudas municipales
En tres lustros, un total de 21 municipios han solicitado 25 empréstitos por un monto por 185 millones de pesos, para el desarrollo de diversos proyectos, y hasta el momento ya se finiquitó el 30 por ciento de lo solicitado a diversas instituciones bancarias, informó la Secretaría de Administración y Finanzas del Hobierno del Estado.
Actualmente, son nueve los préstamos que siguen vigentes, correspondientes a siete ayuntamientos, por un monto por 131 millones 506 mil 414 pesos, cuyos plazos vencerán entre 2021 y 2027, es decir, las futuras administraciones están comprometidas a pagar.
De 2004 a la fecha ya se autorizaron 25 empréstitos a diversas administraciones municipales, con un monto total por 184 millones 707 mil 24 pesos, sin incluir los intereses correspondientes al dinero prestado.
En este período, son 21 municipios que solicitaron préstamos, de los cuales cuatro fueron autorizados a Progreso, dos a Dzidzantún y el resto a Cacalchén, Calotmul, Celestún, Espita, Hoctún, Homún, Huhí, Maní, Motul, Oxkutzcab, Quintana Roo, Seyé, Tekax, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tixkokob, Valladolid y Yaxcabá.
Actualmente, son nueve los préstamos que están vigentes, efectuados por siete municipios, cuya deuda pública bancaria es de 131 millones 506 mil 414 pesos, es decir, el 71.2 por ciento del monto total.
Tan sólo Progreso tiene empréstito por un monto por 56 millones 628 mil 489 pesos, el 41.5 por ciento del total.
El primer crédito se contrató el 29 de marzo de 2006, por un monto por 13 millones 800 mil pesos, el segundo fue el 27 de mayo de 2008, por 30 millones, y el tercero data del 18 de julio de 2012, por 10 millones 828 mil 489 pesos, cuyos plazos vencen en 2021, 2022 y en 2027, respectivamente.
Asimismo, el 18 de agosto de 2009 se aprobó al Ayuntamiento de Valladolid un empréstito por 49 millones 227 mil 925 pesos, el cual se debe de saldar en 2024.
El tercer monto más alto fue el de Yaxcabá, con 10 millones de pesos, adeudo contratado el 30 de diciembre de 2009, cuyo plazo es hasta 2024.
Asimismo, Homún adeuda ocho millones de pesos, otorgado el 4 de octubre de 2011 y vence en 2021.
De igual forma, el empréstito de Temax es de cinco millones de pesos, el 30 de septiembre de 2009, cuyo monto se debe saldar en 2024.
A Celestún se le otorgó dos millones 650 mil pesos, cuyo contrato fue el 7 de noviembre de 2006 y vence en 2021.
Mientras, Espita solicitó dos millones de pesos, el 30 de noviembre de 2012, y se debe saldar en 2027.
La SHCP informó que al cierre de junio de 2020 el saldo de la deuda pública de los estados, incluyendo organismos, ascendió a 552 mil 518 millones de pesos.
El monto significó una caída anual de 1.3 por ciento en términos reales, el tercer descenso al hilo para igual lapso de comparación, de acuerdo con los datos de la dependencia federal.
Esta baja de la deuda pública de las entidades se da un contexto de menos recursos federales para las administraciones locales, pues el gasto federalizado sumó 1.1 billones de pesos en los primeros siete meses del 2020, es decir, 55 mil 54 millones menos respecto al mismo periodo del 2019.
De acuerdo con el análisis financiero, se demostró una disciplina en sus finanzas. A consecuencia de ello, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista solicitan la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal, mejor conocido como pacto fiscal, a una distribución de 70 por ciento de los ingresos a la Federación y 30 porcentual a estados y municipios.
Actualmente, es de 80-20, lo que representaría 600 mil millones de pesos más a las arcas locales, según las cifras proporcionadas.
La estrategia de la mayoría de las administraciones locales se enfocó en no contratar obligaciones financieras para combatir los estragos producidos por la pandemia, sino en modificar sus presupuestos del actual ejercicio fiscal, principalmente en gasto corriente.
El plan de resguardo domiciliario para evitar la propagación del coronavirus Covid-19 provocó un notable desajuste en las finanzas de los gobiernos estatales y municipales.
Sin embargo, 12 gobiernos estatales decidieron contratar financiamientos, empréstito avalado por los congresos estatales, entre ellos, el de Yucatán.
El pasado 31 de marzo de 2020, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la ampliación presupuestal de mil 500 millones de pesos al Ejecutivo Estatal, en materia de prestación de servicios de salud, desarrollo económico, protección del empleo y protección social, para la implementación del Plan de Contingencia, Protección al Empleo y Reactivación Económica en Yucatán, derivado de la contingencia sanitaria del Covid-19.
Al cierre de junio pasado, en Yucatán, la deuda tuvo un crecimiento del 28.6 por ciento anual real.
En segundo lugar está San Luis Potosí, con el 16 por ciento, seguido de Aguascalientes, el 13.6 por ciento; Jalisco, el 13.1 por ciento; Tabasco, el 9.7 por ciento, y Nayarit, el 9.5 porcentual.
Asimismo, Nuevo León y Baja California, con 3.2 por ciento, respectivamente; Baja California Sur, el 2.5 por ciento; Quintana Roo, el dos por ciento; Tamaulipas, el 0.9 por ciento, y el Estado de México, con el 0.6 porcentual.
De este grupo, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo se ubican en semáforo amarillo (endeudamiento en observación) del Sistema de Alertas, por lo que su techo de financiamiento neto es de cinco por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición.
En Yucatán, que fue el Gobierno con el mayor aumento, se observa que inscribieron obligaciones financieras en el Registro Público Único para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
Mientras que, en el otro extremo, los estados con mejor disciplina financiera al presentar las disminuciones más pronunciadas de la deuda pública en medio de la pandemia fueron Querétaro, el 50.9 por ciento anual real; Guerrero, el 26 por ciento; Oaxaca, el 17.9 por ciento; Guanajuato, el 13.5 por ciento; Michoacán, el 9.1 por ciento; Hidalgo, el 8.7 por ciento, y Veracruz, el 7.2 porcentual.
En tanto que el Gobierno Estatal de Tlaxcala carece de financiamientos, según la SHCP.
Ciudad de México es la Entidad con la mayor deuda del país (saldo de 81,009 millones de pesos); le siguieron Nuevo León (75,087 millones) y Chihuahua (49,950 millones). Mientras, el nivel más bajo lo ostenta Querétaro, con apenas 208 millones de pesos.
La tendencia a la baja de la deuda pública estatal derivó de los efectos que trajo consigo la Ley de Disciplina Financiera.
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