Reportajes internacionales / Honduras
- En la última de sus masacres, 27 ejecutados, entre ellos cinco policías
- Actividades criminales, conectan con élites políticas y policíacas
- Narcolaboratorios en zonas de ricos, difíciles de allanar por influyentes
José Sánchez López/Corresponsalías Internacionales/Grupo Sol Corporativo
Tegucigalpa.- Hasta el 2016, la República de Honduras, cuyo principal atractivo son las Ruinas de Copán, cuna de la antigua civilización maya, y sus paradisíacas Islas de la Bahía llamadas “Paraíso del Buceo”, era sólo un país de tránsito de cocaína, pero en la última década pasó a ser a un fuerte productor de la droga, tras la alianza de organizaciones criminales locales con el Cártel Jalisco Nueva Generación .
El cártel mexicano no solamente ha asesorado al país de la costa caribeña en la producción de la cocaína y la creación de narcolaboratorios, sino que ha “exportado” sus más sanguinarios métodos para sembrar el terror y mantener el control del territorio en al menos la mitad de los 18 Departamentos y decenas de municipios hondureños.
El cultivo de hoja de coca se ha expandido a zonas montañosas y de difícil acceso, principalmente en Iriona y Limón, Departamentos de Colón: La Moskitia, Puerto Lempira y Brus Laguna, Patuca, Olanchito, Trojes, La Masica y Copán, entre muchos otros más, que son dominados por el CJNG.
Honduras se divide en 18 Departamentos: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Isla de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, y Yoro, lo que en México equivale a estados. y en el 85 por ciento de esas regiones se cultiva la hoja de coca, de acuerdo a la organización InSigth Cirme
Los cárteles que mayor movimiento despliegan en Honduras, son las organizaciones mexicanas de Jalisco y Sinaloa, además del Clan del Golfo de Colombia, debido a que los grupos criminales locales fueron desmantelados en su mayoría en los últimos 10 años, bien porque sus líderes fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos o porque fueron abatidos.
De acuerdo a testimonios dados por los mismos capos durante el desarrollo de los procesos a que están sujetos, queda más que clara su capacidad para seguir operando, ahora con el apoyo de los cárteles mexicanos y su poder de penetración que han tejido en las más altas esferas del poder político hondureño.
Entre las organizaciones locales con mayor preponderancia en Honduras. figuran Los Cachiros, cuyo ex líder, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testificó que su grupo había contado con la protección y complicidad de diversas élites políticas y económicas, entre ellas la de Tony Hernández, abogado, narcotraficante y diputado al Congreso Nacional de Honduras por el Departamento de Lempira.
El Cártel del Atlántico. fue otro grupo importante a principios de siglo. Operó con la protección de agentes militares, de la policía y jueces. Su líder, Wilter Neptalí Blanco, fue arrestado en Costa Rica en noviembre de 2016 y extraditado a Estados Unidos. Se declaró culpable de narcotráfico en 2017 y fue sentenciado a 20 años de cárcel.
La protección política ha sido clave para las operaciones de estos grupos de tráfico de drogas y lo sigue siendo hoy en día. En El Paraíso, Copán, por ejemplo, el exalcalde Alexander Ardón controlaba el paso de droga desde su municipio hacia Guatemala.
En la alejada región de La Moskitia, un clan político formado por los hermanos Paisano Wood, operaba una red de narcotráfico para recibir cargamentos de cocaína y enviarlos hacia la frontera con Guatemala. Este tipo de colusión entre políticos y actores criminales se repite en varias zonas del país.
Esta remota región selvática, enclavada al noreste, con pequeñas islas frente a la costa Caribe, es un importante punto de aterrizaje para narcovuelos y cargamentos de barcos. Vastas porciones de las selvas del país han sido taladas por los narcotraficantes para construir pistas de aterrizaje.
Sin embargo cabe hacer notar que las principales pandillas de Honduras son la MS13 y el Barrio 18, que operan principalmente en zonas urbanas como Tegucigalpa, San Pedro Sula o en zonas rurales cerca de la frontera con El Salvador.
Ambas se dedican principalmente a la extorsión y al microtráfico y tienen un control importante dentro de los centros penitenciarios. La MS13 ha expandido su rol dentro del tráfico de drogas a nivel regional, pero sus operaciones todavía no compiten con las de grandes grupos de narcotráfico.
Conforme a investigaciones de la DEA, Honduras es uno de los puntos de transbordo del narcotráfico más importantes entre Sudamérica y México, por la corrupción existente en las ramas del gobierno y sus fuerzas armadas que brindan protección a los grupos criminales.
Asimismo, es uno de los países más violentos y con más criminalidad de América Latina. La violencia es perpetrada por grupos de narcotráfico locales y pandillas que han copiado los métodos de los grupos mexicanos, así como elementos de fuerzas de seguridad corruptas que trabajan principalmente con organizaciones criminales transnacionales de Colombia y México.
En las últimas décadas, la protección política permitió que los grupos tradicionales de narcotráfico florecieran. Los testimonios de los narcotraficantes y políticos hondureños en juicios en Estados Unidos han revelado la profunda conexión entre el crimen organizado y los grandes partidos políticos.
De acuerdo a esos testimonios, el control de las actividades ilegales en Honduras se encuentra en manos de grupos criminales locales, conectados con las élites políticas y económicas. El sistema judicial adolece de interferencia política y corrupción, así como de falta de capacidad y transparencia.
Además, la policía de Honduras ha sido una de las instituciones de orden público más corruptas en Latinoamérica. El ejército del país también ha sido acusado de participar en actividades criminales.
Desde hace décadas, Honduras ha sido una tierra en disputa por ser el punto de llegada de lanchas o avionetas cargadas de cocaína desde Colombia. Incluso en esa zona varias comunidades pertenecientes a pueblos originarios con títulos comunitarios, han tenido que pelear para recuperar hectáreas de tierra y arrancarlas de las manos de terratenientes y narcos que por mucho tiempo han usado esas tierras para narcopistas, bodegas y otras necesidades logísticas del trasiego de drogas.
Desde el 2010, los cárteles de droga colombianos comenzaron a experimentar con el cultivo de la planta de coca en Honduras con el apoyo de estructuras criminales hondureñas, según un ex agente de la Dirección Nacional Policial Antinarcóticos (DNPA).
Sus agentes encontraron las primeras plantaciones a inicios del 2020, mayoritariamente en los municipios de Iriona y Limón. Según este policía, la creación de esta institución fue tardía, ya que hacía más de diez años que el fenómeno había iniciado pues otras autoridades ya habían descubierto desde 2012 cultivos de coca.
Entre 2012 y 2023, el Ministerio Público de Honduras investigó 42 cultivos de coca y 15 narcolaboratorios, de los cuales un 47% se concentra en el departamento de Colón, Los datos confirman la intensidad del problema, pues entre 2020 y 2023, tan solo en ese departamento fueron erradicados 28 cultivos de coca y desmantelados 28 narcolaboratorios.
La hoja de coca no se vende y debe ser procesada dentro de las siguientes doce horas después del corte para que no se pierda su componente activo. Por eso, a la orilla de las plantaciones, hay siempre una edificación rústica, llamada “laboratorio”, que sirve para preparar la pasta de coca.
El proceso para obtener cocaína es el siguiente: primero, se pica la hoja de coca y se mezcla con gasolina, cal y agua para que se desprenda el componente activo. El resultado se conoce como pasta base o sulfato de cocaína. Bajo esta forma, se puede trasladar a cualquier punto del mundo donde haya un laboratorio de cristalización equipado con prensas y microondas para extraer la humedad, y con químicos para convertir la pasta en una sal llamada clorhidrato de cocaína.
Según diversas fuentes policiales, el único problema de la cocaína hondureña es que es de mala calidad y, por lo tanto, sirve para abastecer solamente el mercado nacional.
De manera paradójica, la erradicación de ese tipo de narcolaboratorios resulta complicada para las autoridades, porque se ubican “en barrios de ricos”, como uno que se descubrió en la residencial Altos del Trapiche, una de las zonas más exclusivas y lujosas de Tegucigalpa.
Al tratar de obtener las órdenes de cateo, hay retrasos, impedimentos y las autoridades tienen que cumplir con trámites engorrosos y cuando al fin cuentan con el documento para allanar el inmueble en cuestión, ya no encuentran nada.
Fueron alertados a tiempo y tuvieron todas las facilidades para moverse. “hay muchos laboratorios de cristalización, pero hasta el momento no hemos incautado ninguno”, comentó un elemento de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).
A manera de justificación, dijo que los datos los obtienen por trabajos de inteligencia, “pero nunca hay operativos. Esos laboratorios son más difíciles de revisar porque están en barrios de gente rica e influyente que puede tomar represalias.
Aunado a esa situación en la que se ha visto el alarmante crecimiento del narcotráfico, está la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, aliado ahora con el capo hondureño Heber Argueta, dedicados a atemorizar a la población mediante actos de barbarie.
El último hecho que mostró la extrema violencia de las organizaciones criminales, fue el acontecido en una aldea del municipio de Trujillo departamento de Colón, donde fueron asesinadas 26 personas, entre ellas cinco agentes antipandillas de las Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
La corporación dio a conocer que se implementó un operativo en el municipio de Omoa Cortés, enfocado a la detención de Heber Argueta, uno de los principales socios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Durante las acciones resultaron muertos 19 individuos del CJNG y del grupo de Argueta, además de dos civiles ajenos a los hechos y los cinco elementos de la DLCN.
De acuerdo a versiones de los mismos elementos de la corporación, Heber estuvo a punto de ser atrapado, incluso se habla de que resultó herido. Sin embargo lo protegieron sus hombres y logró escapar, al tiempo que tomaron en rehenes a los policías antidrogas..
Los sicarios de Argueta sometieron a los policías, los secuestraron y posteriormente los asesinaron en un poblado cercano a la frontera con Guatemala. Otros dos hondureños heridos en el ataque, fueron localizados en un hospital de Guatemala donde permanecen custodiados.
Tras lo sucedido, el gobierno suspendió al director y a otros dos altos mandos de la división antipandillas, al señalar que el operativo no siguió los protocolos de legalidad y presumiblemente hubo filtración de información.
La escalada de violencia, se produjo luego de que el Congreso de Honduras aprobó una reforma que autoriza a los militares a participar en tareas de seguridad pública. endurecer penas por extorsión y catalogar a cárteles y pandillas como organizaciones terroristas, principalmente por su alianza con el CJNG.
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