YUCATÁN, BRAZO FINANCIERO DEL NARCO
*Diversifican sus operaciones como el lavado de dinero mediante empresas fachada, inversiones inmobiliarias, construcción y compra de desarrollos turísticos, adquisición de ranchos y tierras, importación y exportación de mercancías y tráfico de personas.
*La DEA ha puesto su mirada en la entidad, donde mantiene trabajos de inteligencia e intercambio de información con las fuerzas de seguridad federales, cuyos datos han llevado a la captura de importantes criminales en suelo yucateco.
*En ocho años, la presencia de células ligadas a grupos de la delincuencia organizada ha crecido un 133%, el mayor crecimiento en el país.
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
Durante décadas, Yucatán construyó una imagen de oasis de seguridad en medio de un país golpeado por la violencia del narcotráfico.
Mientras estados vecinos como Quintana Roo, Campeche y Tabasco enfrentan ejecuciones, disputas territoriales y expansión de los grandes cárteles, la entidad mantenía bajos índices de homicidios y una percepción de tranquilidad, donde no pasaba nada.
Incluso un periodista de la BBC de Londres escribió una célebre frase, de que, si se acababa el mundo, se iría a Yucatán, por su calma, tranquilidad y clima de paz, en medio de un país asolado por la delincuencia y violencia.
Sin embargo, detrás de esa aparente calma, los grupos de inteligencia han detectado una transformación silenciosa en el estado más seguro del país.
Lo que hasta hace algunos años era considerado un punto de paso para cargamentos de droga procedentes de Sudamérica, se ha convertido en un territorio con creciente interés para organizaciones criminales nacionales, que no solo buscan controlar rutas logísticas para sus operaciones, sino también establecer estructuras financieras, empresas fachada y refugios para operadores de alto nivel.
Información de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Gabinete de Seguridad de Yucatán señala que hasta 2018 la presencia criminal identificada en Yucatán se concentraba principalmente en tres organizaciones: el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y Los Epitacio.
Fuentes consultadas dentro del ámbito de seguridad sostienen que actualmente existen al menos siete células criminales con distintos niveles de operación dentro del estado, incluyendo una organización creada en Yucatán denominada “Cártel de la Costa”, así como el ingreso y el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Caborca, el Cártel Milenio o el de los Valencia.
Es decir, en ocho años la presencia de células ligadas a grupos de la delincuencia organizada ha crecido un 133%, el mayor crecimiento en el país.
La fragmentación de los grandes cárteles y la creación de células regionales han permitido una mayor penetración territorial sin necesidad de generar niveles elevados de violencia, una estrategia que especialistas consideran característica de organizaciones que privilegian los negocios sobre la confrontación armada, aunado al grado de corruptibilidad de las autoridades y a la pasividad de las autoridades para la persecución de los grupos criminales, salvo cuando se ven involucrados en episodios de violencia.
Los informes de inteligencia coinciden en que Yucatán continúa siendo una ruta estratégica para el traslado de cocaína y drogas sintéticas hacia Quintana Roo y hacia mercados internacionales mediante la infraestructura marítima de Progreso, desde donde se envía mercancía principalmente hacia los Estados Unidos, aunque también se han asegurado cargamentos en Hong Kong y Canadá.
Las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingresos hacia actividades de menor exposición pública y mayor rentabilidad.
Entre ellas destacan el lavado de dinero mediante empresas fachada, inversiones inmobiliarias, construcción y compra de desarrollos turísticos, adquisición de ranchos y tierras, importación y exportación de mercancías y tráfico de personas con fines de explotación sexual.
Carlos Ayala Trejo, especialista en seguridad financiera, considera que las condiciones económicas de Yucatán, como el crecimiento inmobiliario, fuerte llegada de inversión privada y baja incidencia de delitos de alto impacto, generan un entorno atractivo para el blanqueo de recursos.
Uno de los fenómenos que más preocupa a las autoridades federales es la utilización de Mérida y municipios del interior del estado como lugares de residencia para integrantes de organizaciones criminales.
A diferencia de otras entidades donde los líderes viven rodeados por estructuras armadas, en Yucatán varios operadores han optado por mezclarse con empresarios, inversionistas y residentes de zonas de alta plusvalía.
En los últimos años, diversos objetivos prioritarios del Gobierno Federal han sido detenidos cuando aparentemente llevaban una vida normal en fraccionamientos residenciales de la entidad o en ranchos ubicados en la zona oriente del estado.
Las investigaciones revelan un patrón repetitivo: adquirir propiedades, utilizar identidades distintas, invertir en negocios y permanecer alejados de las zonas donde mantienen disputas con grupos rivales.
El creciente interés criminal por la Península también ha provocado mayor vigilancia internacional.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reconoce la presencia de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG en la región y considera a la Península de Yucatán un corredor estratégico para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Fuentes de seguridad consultadas por Sol Yucatán aseguraron que agencias estadounidenses mantienen intercambio permanente de inteligencia con autoridades mexicanas para monitorear movimientos financieros, rutas marítimas y operaciones de organizaciones criminales en el sureste.
Incluso han proporcionado información privilegiada que ha derivado en la captura de importantes criminales en territorio yucateco, como el caso de Aldrín “N”, alias el “Chaparrito”, Arturo Misael, alias “Guamuchil”, Enrique “N”, alias «El Fresa», entre otros, considerados como blancos prioritarios.
Paradójicamente, el crecimiento de las estructuras criminales no se ha traducido, hasta ahora, en niveles de violencia similares a los registrados en otras entidades.
Las organizaciones han privilegiado actividades de bajo perfil como el lavado de dinero, la inversión inmobiliaria, la logística y el ocultamiento de operadores, es decir, han utilizado a la entidad para el brazo financiero.
No obstante, advierten que este equilibrio puede romperse si aumenta la disputa por el control de las rutas, del narcomenudeo o de las estructuras financieras.
Ayala Trejo indicó que la experiencia de otras entidades demuestra que la expansión del crimen organizado rara vez inicia con enfrentamientos armados.
Comienza con inversiones aparentemente legales, empresas que nadie cuestiona, propiedades adquiridas mediante prestanombres y operadores que prefieren el anonimato antes que la confrontación.
Yucatán sigue siendo uno de los estados con menores índices de violencia del país.
Pero los reportes de inteligencia muestran que, detrás de esa tranquilidad, se desarrolla una disputa silenciosa cuyo principal objetivo ya no es controlar las calles, sino controlar el dinero.
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