Redacción / Sol Yucatán
Ticul, Yucatán.- Alumnos y padres de familia se manifestaron por presunta opacidad en el manejo de recursos, falta de mantenimiento, malas prácticas docentes y supuestas amenazas académicas.
Los estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Número 19 (CETIS 19) de esta ciudad encabezaron una jornada de protesta a las puertas del plantel para exigir la intervención inmediata de las autoridades educativas federales, solicitando la revisión exhaustiva y el eventual relevo de la dirección escolar por presuntas irregularidades administrativas, deficiencias operativas y amenazas contra el alumnado.
Mediante la entrega de un pliego petitorio dirigido a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), la comunidad estudiantil y padres de familia expusieron diversas anomalías que, aseguran, afectan la seguridad, transparencia e integridad de los jóvenes dentro de la institución.
Entre los principales señalamientos destaca la falta de rendición de cuentas sobre las aportaciones de las familias. De acuerdo con testimonios de los inconformes, se habrían recaudado montos cercanos a los 380 pesos por alumno para la instalación de equipos de aire acondicionado en las aulas; sin embargo, tiempo después los estudiantes fueron cambiados de salón sin explicación sobre el destino de los equipos.
Asimismo, señalaron la desaparición de cortinas instaladas en los salones tras un periodo vacacional y denunciaron las condiciones de insalubridad y deterioro en las instalaciones, con especial énfasis en los servicios sanitarios.
La manifestación también dejó al descubierto incidentes de seguridad e integridad física, pues estudiantes informaron que una alumna resultó lesionada tras colapsar un ventilador de techo.
Según afirmaron, el área médica del plantel solo le administró analgésicos básicos (paracetamol) e insinuó la indicación de no acudir a atención médica externa, a pesar de persistir los malestares.
Padres de familia externaron su preocupación por supuestas metodologías docentes denominadas «un punto por kilo», donde se condicionaban calificaciones a la pérdida de peso. Trascendió el caso de una alumna que habría desarrollado cuadros de anemia tras privarse de alimentos para alcanzar dicho incentivo.
Los jóvenes acusaron a integrantes del cuerpo docente de emplear un lenguaje pasivo-agresivo e insensible durante las clases.
Un punto crítico expuesto durante la protesta fue el supuesto amedrentamiento ejercido por docentes y administrativos para evitar la libre expresión.
Los inconformes aseguraron que previo a la manifestación se realizaron cambios imprevistos de horario para limitar su salida al receso, además de advertírseles sobre probables sanciones académicas, retención en la liberación de servicio social o prácticas profesionales y afectaciones al historial escolar a quienes participaran o fueran fotografiados en la movilización.
Ante esta situación, padres de familia responsabilizaron a las autoridades del plantel de cualquier represalia y señalaron que parte del personal directivo contaría con antecedentes de quejas en instituciones de otros estados del país.
La comunidad escolar reiteró su llamado urgente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la DGETI para auditorar la administración del CETIS 19 de Ticul, deslindar responsabilidades y garantizar un entorno de respeto y seguridad para el alumnado.
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