- El Cereso Femenil opera sin medicamentos suficientes y con atención médica limitada: el doctor acudiría apenas una vez por semana
- Personal denuncia presuntas negligencias en la atención de internas y trabajadoras, además de una presunta red de privilegios y cuotas tolerada por mandos del penal.
Redacción/Sol Yucatán
El Centro de Reinserción Social Femenil de Yucatán enfrenta una situación que pone en entredicho las condiciones en las que reciben atención médica las personas privadas de la libertad (PPL), pues de acuerdo con denuncias internas, no hay medicamentos suficientes ni atención médica permanente, mientras que el único médico asignado acudiría apenas una vez por semana y no alcanzaría a atender a todas las internas.
Se trata del doctor Alejandro Arturo Palacios Marín, quien, según los señalamientos, únicamente se presenta una vez a la semana en el centro penitenciario, situación que deja a numerosas PPL sin atención médica cuando presentan algún padecimiento o requieren seguimiento.
A esta situación se suma el desempeño de la enfermera María José Jiménez Sabido, quien es señalada por personal interno de haber proporcionado atención y medicamentos sin contar, presuntamente, con las facultades necesarias para realizar diagnósticos médicos.
Uno de los casos denunciados involucra a una elemento de seguridad y custodia, quien durante su turno se sintió mal y recurrió a la enfermera para recibir atención. De acuerdo con el señalamiento, la trabajadora recibió un tratamiento que habría sido equivocado y posteriormente su estado de salud se habría agravado, generando una situación de mayor preocupación dentro del propio centro.
Pero las denuncias no se limitan a la atención médica.
También se señala que María José Jiménez Sabido habría entregado medicamentos controlados sin autorización a Monserrat de Jesús Hernández Alegría, trabajadora del área de Recursos Humanos del centro penitenciario.
Según las versiones internas, esta situación estaría relacionada con una presunta relación de cercanía entre Hernández Alegría y el hijo de la directora del Cereso Femenil, la bachiller Edith García López, lo que habría permitido que determinadas personas recibieran un trato distinto dentro de la institución.
PRESUNTOS PRIVILEGIOS Y FAVORITISMOS
Las denuncias apuntan también hacia el área administrativa. La jefa de esta área sería Diana Sofía Dzul Castro, quien, de acuerdo con los señalamientos, es sobrina de Anel Castro, secretaria de Dirección.
Personal inconforme sostiene que ambas tendrían una participación cercana en el manejo interno del centro y que Anel Castro sería una de las personas encargadas de ejecutar las órdenes y decisiones de la directora, situación que, según los trabajadores, favorecería una estructura cerrada dentro del penal.
En paralelo, los señalamientos apuntan directamente a la directora Edith García López, a quien trabajadores acusan de mantener una posición de fuerza y de ejercer presuntas prácticas de hostigamiento contra quienes se niegan a seguir sus instrucciones.
De acuerdo con estas versiones, el personal que no accede a determinadas decisiones o que cuestiona los manejos internos estaría expuesto a acoso y presiones laborales, situación que también involucraría a las jefas de seguridad Yazmín Tamayo y Dafne Barrera.
Los trabajadores las señalan de obstaculizar sus actividades y de mantener una vigilancia constante sobre el personal, mientras que, según las denuncias, las responsables de seguridad deberían concentrarse en las personas privadas de la libertad.
DOS MÓDULOS, DOS TRATOS
La situación dentro del Cereso Femenil también estaría marcada por una división entre las propias internas.
De acuerdo con las denuncias, el Módulo 1 sería considerado el espacio de las internas privilegiadas, mientras que el Módulo 2 concentraría a quienes no cuentan con recursos económicos o influencias para obtener beneficios adicionales.
El señalamiento más delicado sostiene que una PPL del Módulo 1 tendría un control de facto sobre ese espacio mediante presuntos pagos a la directora y a las jefas de seguridad.
Según las versiones, esto permitiría que determinados productos que no están autorizados ingresen al módulo sin mayores dificultades. Entre los ejemplos mencionados se encuentran productos de higiene íntima como los tampones, pese a que estarían prohibidos dentro del centro.
También se acusa que algunas internas del Módulo 1 reciben pasteles, comida, botanas y otros productos que sus familiares llevan o que son adquiridos para ellas, además de que se permitirían celebraciones particulares dentro del módulo, siempre bajo la condición de que la situación no sea conocida por las internas del Módulo 2.
En contraste, las mujeres recluidas en el Módulo 2 tendrían que sujetarse estrictamente a las disposiciones del centro. Sus familiares únicamente podrían entregarles productos incluidos en las listas de artículos previamente autorizados, sin posibilidad de introducir mercancía adicional.
La denuncia describe así un penal dividido entre quienes supuestamente pueden pagar por determinados privilegios y quienes deben ajustarse a las restricciones institucionales.
Los señalamientos actuales ocurren en un centro penitenciario que ya ha sido cuestionado por las condiciones en las que viven las mujeres privadas de la libertad y sus hijos.
En una investigción publicada por Sol Yucatán el 26 de julio de 2026 se expone que el Cereso Femenil mantiene una deuda estructural con las internas y sus hijos, particularmente por la falta de espacios adecuados para garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños que permanecen vinculados con sus madres.
El reportaje recoge el testimonio de una interna identificada como María, quien relató que al preguntar por la posibilidad de tener a su hija dentro del centro le informaron que no había atención médica, escuela ni área infantil.
La ausencia de condiciones adecuadas no es un asunto menor. La investigación señala que estas carencias terminan obligando a las madres a tomar decisiones dolorosas respecto al cuidado de sus hijos, pues los menores podrían quedar sometidos al mismo encierro y restricciones que sus madres.
El contraste resulta evidente: mientras existen obligaciones legales para garantizar atención médica y condiciones dignas dentro de los centros penitenciarios, las denuncias internas describen un Cereso Femenil con atención médica insuficiente, falta de medicamentos y presuntos privilegios para determinados grupos.
La situación pone nuevamente en entredicho la actuación de la directora Edith García López, así como el funcionamiento de las áreas médica, administrativa y de seguridad del penal.
Por ahora, los señalamientos provienen de personal que solicita mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias. Las acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes, particularmente aquellas relacionadas con la presunta entrega irregular de medicamentos controlados, la atención médica a personal de custodia, los posibles pagos para obtener privilegios y el supuesto trato diferenciado entre las PPL.
Mientras tanto y de acuerdo a las denuncias, dentro del Cereso Femenil realmente no se sabe quién vigila a quienes tienen bajo su responsabilidad la vigilancia, salud y reinserción de las mujeres privadas de la libertad.
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